Para miembros de organismos financieros y representantes del Congreso mexicano es urgente adaptar los litigios mercantiles a juicios civiles especializados en materia hipotecaria, donde los jueces y hasta los defensores de oficio tengan una especialización en materia de vivienda.
Durante la mesa correspondiente a la vivienda, en el Foro “Hacia la Construcción del Código Nacional de Procedimientos Civiles”, celebrado en la Cámara de Diputados, se destacó el perjuicio en su patrimonio que han tenido cientos de familias al vivir juicios «irregulares» en distintas partes del país.
La senadora Olga Sánchez Cordero explicó que además de la falta de notificaciones, los juicios hipotecarios enfrentan la falta de personal con conocimiento sobre lo que se estaba litigando.
“El acceso al sistema de justicia para muchas personas no lo tienen, es todo un reto que lleguen a los tribunales y tengan abogados que los representen, esto también implica un fortalecimiento de todo el sistema que tenemos de defensoría pública en materia familiar y civil”, explicó Sánchez Cordero.
Sánchez Cordero resaltó que es necesario crear acuerdos y convenios con organismos como los colegios de notarios, tanto el nacional como los locales, ya que a través de la fuerza de trabajo con la que cuentan es posible desahogar procesos que no necesariamente tienen que resolverse con juicios, pues no hay controversias, sino que son trámites.
Daño del pasado
Para la diputada Lilia Aguilar, presidenta de la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados, fue durante administraciones pasadas en organismos nacionales de vivienda, especialmente entre el 2016 y el 2018, cuando los créditos con algún incumplimiento se trataron como un asunto mercantil parta aliarse con “personajes del poder judicial”, quienes se prestaron para gestar el “fraude” de los juicios hipotecarios.
“Había cerca de 211,000 juicios en juzgados en Nayarit, en Coahuila, entiendo en el Estado de México, donde se vieron afectados los 32 estados de la república (…) estos juicios ya están en unidades jurisdiccionales que no dependen del poder ejecutivo”, acusó.
Bajo este escenario, acotó la legisladora, de las más de 200,000 viviendas que enfrentan estos juicios, solo en Nayarit se litigaron más de 60,000 casos en un solo juzgado que trabajaba con un despacho de abogados que realizaba todo el proceso.
“El juez sin ningún conocimiento solo firmaba el despojo. Las familias no solo no tuvieron conocimiento de que estaban siendo sujetas a un proceso para quitarles sus casas, sino que se hicieron en distritos judiciales completamente alejados a donde pertenecen”, explicó.
De acuerdo con la información de la Comisión de Vivienda, los casos procedentes de estados como Chihuahua, Jalisco, Nayarit, Tamaulipas, Sonora y Zacatecas representan una afectación de 2,257 millones de pesos a las familias afectadas
Por su parte, Carlos Martínez, director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda (Infonavit), consideró que llevar al plano civil el tema de las controversias hipotecarias permitirá que más de 1 millón de créditos bajo esta condición, tengan criterios homologados y se puede ofrecer certeza jurídica a los derechohabientes que atiende.
El directivo propuso la creación de juzgados especializados en materia hipotecaria, que permitan a los juzgadores tener la sensibilidad del bien en conflicto, además de ser una figura equilibrada entre el deudor y la institución financiera.
Fuente: eleconomista
