México es un país más pacífico en 2023 con respecto a 2022, de acuerdo con el Índice de Paz de México (IPM), elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz (IEP). Se trata del cuarto año consecutivo en que la nación mejora en esta medición, aunque aún le queda recortar el deterioro violento que sufrió en la última década y media, y su gran pendiente es lidiar con el crimen organizado, que provoca la mayoría de los homicidios en el país, y que ahora se ha diversificado, dejando atrás el trasiego de drogas para enfocarse en extorsión y la producción de fentanilo.
“La paz en México mejoró un 1.4 por ciento en 2023. Este fue el cuarto año consecutivo de mejora después de cuatro años consecutivos de deterioro. Sin embargo, empeoraron más estados de los que mejoraron: 15 estados mostraron mejora y 17 deterioro”, revela el documento, publicado esta semana, en lo que significa la undécima edición del IPM.
A pesar de esas mejoras en los últimos cuatro años –desde el inicio del Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador–, el reporte revela que la brecha sigue siendo amplia, ya que “México fue sustancialmente menos pacífico en 2023 que en 2015”. En ese periodo, la paz en México se ha deteriorado un 14.4 por ciento, con muchos indicadores de delincuencia significativamente más altos que hace nueve años.
Este domingo, en el marco del tercer y último debate presidencial, la candidata de la izquierda Claudia Sheinbaum Pardo; de la derecha, Xóchitl Gálvez Ruiz, y el emecista Jorge Álvarez Máynez expondrán sus propuestas en la materia. Sheinbaum ha sostenido que replicará el modelo que la llevó a reducir la violencia en la capital cuando fue Jefa de Gobierno; Xóchitl Gálvez ha criticado al Gobierno actual y ha hecho propuestas como la de una cárcel de máxima seguridad y reforzar a las policías; Máynez a su vez ha planteado la desmilitarización y la regulazación de las drogas.
De acuerdo con el índice de Paz, la mejora en 2023 se debió principalmente a una reducción de los homicidios, con una tasa que cayó un 5.3 por ciento, la segunda mayor mejora desde 2015. Pero, por ejemplo, la tasa de homicidios fue 54.1 por ciento más alta en 2023 que en 2015, mientras que la tasa de delitos cometidos con armas de fuego fue 63.8 por ciento más alta en ese mismo periodo.
Esto tiene que ver sobre todo con la reconfiguración de la delincuencia organizada, “por la continua disminución del mercado de marihuana y heroína ilícitas en los Estados Unidos, y la creciente dependencia de los grupos delictivos en actividades como la extorsión y el narcomenudeo a nivel nacional, así como la fabricación y el tráfico del opioide sintético fentanilo”.
“En este contexto, ha habido una mayor competencia por las rutas de tráfico y el control de las mafias locales entre grupos, especialmente los dos cárteles más poderosos del país, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa. Se estima que entre 2017 y 2022 unas 19 mil personas resultaron víctimas del conflicto entre estos dos grupos”, indica el IPM.
EL COSTO DE LA VIOLENCIA
En 2023, el IPM estima que el impacto económico de la violencia en México fue de 4.9 billones de pesos (unos 245 mil millones de dólares), lo que equivale al 19.8 por ciento del PIB de México. En términos per cápita, el impacto económico fue de 37 mil 430 pesos, más del doble del salario promedio mensual de un trabajador mexicano. El año pasado, el impacto disminuyó un uno por ciento, o 49 mil millones de pesos.
El impacto económico per cápita varió significativamente de estado a estado; desde 12 mil 407 pesos en Yucatán hasta 112 mil 660 pesos en Colima, dice el IPM. El año pasado, el impacto económico de los delitos con violencia registró el mayor incremento de todos los indicadores del modelo. El gasto gubernamental en el área militar registró el mayor descenso, agrega.
Esto quiere decir que el impacto económico de la violencia fue casi seis veces mayor que las inversiones públicas realizadas en salud y más de cinco veces superior a las realizadas en educación en 2023. “El gasto de México en seguridad pública y el sistema judicial en 2023 fue igual al 0.65 por ciento del PIB, menos de la mitad del promedio tanto para América Latina como para otros miembros de la OCDE”, expone el IPM.
Asimismo, el gasto en seguridad pública disminuyó en un 41.9 por ciento entre 2015 y 2023, mientras que el gasto en el sistema judicial se redujo en un 9.1 por ciento.
En 2023, los homicidios constituyeron el 42.5 por ciento del impacto económico de la violencia. Esto fue equivalente a 2.1 billones de pesos (unos 104 mil millones de dólares), con una reducción del 5 por ciento en el impacto económico de la violencia que equivale al gasto del Gobierno federal en transporte en 2023.
Sin embargo, el gasto de México en seguridad pública y su sistema de justicia penal es el más bajo de todos los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y equivaldría al 0.65 por ciento del PIB. “Esto también es menos de la mitad del promedio de América Latina. En 2023, el gasto en seguridad pública fue menor que en 2008”, apunta el documento.
Y es que el país tiene un promedio de 4.4 jueces y magistrados por cada 100 mil habitantes, una cuarta parte del promedio mundial. “Esto ha dado lugar a que un gran número de personas sean encarceladas mientras esperan juicio o sentencia. El fortalecimiento del Poder Judicial es de particular importancia para combatir los altos niveles de impunidad en México”, concluye.
LA VIOLENCIA EN LOS ESTADOS
El IPM resalta que existe una gran divergencia en la violencia en todo el país: los estados más pacíficos registran una tasa promedio de homicidios de 4.2 muertes por cada 100 mil personas, en comparación con una tasa promedio de 72 en los estados menos pacíficos.
Colima tuvo la tasa de homicidios más alta del país con 111 muertes por cada 100 mil habitantes el año pasad. Se trata de la peor tasa de homicidios registrada en el país, superando el récord anterior que estableció también Colima en 2022, según las cifras del IPM.
Además, en 2023, Zacatecas registró la mayor mejora en materia de paz, mientras que Morelos registró el mayor deterioro. Amas entidades se ubicaron entre los estados menos pacíficos de México en 2023. Los cinco estados menos pacíficos fueron Colima, Baja California, Morelos, Guanajuato y Zacatecas. Por el contrario, Yucatán fue el estado más pacífico del país por séptimo año consecutivo. Le siguieron Tlaxcala, Chiapas, Durango y Coahuila.
En México además persiste la amenaza contra los políticos, ya que se trata de “uno de los lugares más peligrosos” para serlo. “La violencia política ha ido en aumento durante los últimos tres años, con el asesinato de al menos 170 figuras políticas y funcionarios gubernamentales en 2023, frente a 50 en 2020”, indica el documento.
Y es que la violencia política, concluye, “afecta desproporcionadamente a los miembros de los poderes ejecutivos del Gobierno: los alcaldes, gobernadores y miembros de gabinete actuales y anteriores son víctimas de más de la mitad de todos los ataques políticos registrados”.
En los últimos seis años, el mayor número de eventos de violencia política se ha registrado en Guerrero, con 128, seguido de Veracruz y Oaxaca. El IPM señala que el ambiente político de México “se está polarizando cada vez más y las encuestas de opinión muestran que el sentimiento partidista está aumentando”.
EL DETERIORO DE LOS INDICADORES
A pesar de que los cinco principales indicadores del Índice de Paz mejoraron en 2023, “varios subindicadores se deterioraron”. “Los homicidios y delitos cometidos con armas de fuego registraron las mayores mejoras, pues sus tasas mejoraron en un 5.3 por ciento y un 2.7 por ciento, respectivamente. La tasa de homicidios cayó a 23.3 muertes por cada 100 mil habitantes, su nivel más bajo desde 2016”, destaca.
Esta caída, añade, marca el cuarto año consecutivo en el que ha mejorado el índice de homicidios. A pesar de esto, los homicidios siguen siendo generalizados en México, con más de 30 mil víctimas cada año desde 2018, sustancialmente más que en 2015, cuando hubo menos de 18 mil 500 víctimas.
El indicador del miedo a la violencia también registró una mejora notable el año pasado. En 2023, el 74.6 por ciento del país percibió el estado en el que residían como inseguro, una mejora del 1.7 por ciento en comparación con 2022. En los últimos nueve años, las percepciones nacionales de inseguridad generalmente han ido a la par de los niveles generales de violencia en el país.
Asimismo, por primera vez desde 2020 mejoraron los indicadores de delitos con violencia y de crímenes de la delincuencia organizada. La tasa de delitos con violencia disminuyó un 0.8 por ciento, impulsada por una mejora en el robo, la forma más común de delito con violencia, con una tasa que cayó un 8.9 por ciento.
El problema viene de los tres subindicadores restantes: violencia sexual, violencia familiar y asalto, aunque los tres registraron “deterioros menores”, pues cada una de sus tasas aumentó menos del 5 por ciento. “En los últimos nueve años, los subindicadores de delitos con violencia han seguido patrones divergentes. Las tasas de asalto y robo no han variado más del 33 por ciento desde 2015. Sin embargo, la violencia familiar y la violencia sexual han aumentado cada año: ambas tasas se han más que duplicado desde 2015”, precisa.
Aunque el documento aclara que es difícil saber si la tasa subyacente ha aumentado o si la mayor conciencia sobre la violencia familiar y violencia sexual ha contribuido a que estos delitos se denuncien con mayor frecuencia. “Después de alcanzar su punto máximo en 2022, la tasa de crímenes de la delincuencia organizada mejoró un 1.7 por ciento. Este fue el resultado de una mejora en la extorsión, que mejoró un 6.5 por ciento. Todos los demás indicadores de los crímenes de la delincuencia organizada se deterioraron. Los delitos graves, que incluyen violaciones federales de narcotráfico, registraron el mayor deterioro, mientras que el secuestro, la trata de personas y el narcomenudeo registraron deterioros más modestos”, indica.
LA AMENAZA DEL NARCO
La actividad de la delincuencia organizada, destaca el documento, sigue siendo el principal impulsor de los homicidios y la violencia con armas de fuego en México. “Se estima que la proporción de homicidios asociados con los crímenes de la delincuencia organizada aumentó un 145 por ciento entre 2015 y 2022”, resalta. Esto significa que, en los últimos nueve años, el número anual de homicidios relacionados con la delincuencia organizada aumentó de unos 8 mil a aproximadamente 20 mil, mientras que el número no relacionado con la delincuencia organizada tuvo un cambio comparativamente menor.
Asimismo, en los últimos nueve años, las armas de fuego “se han convertido en la principal causa de homicidios tanto de hombres como de mujeres en México”. Entre 2015 y 2023, la proporción de homicidios de hombres cometidos con arma de fuego aumentó del 60.9 al 72.4 por ciento, según el IPM, mientras que la proporción de homicidios de mujeres con arma de fuego se incrementó del 37.8 al 61.2 por ciento.
A ello se le suma la crisis de desaparecidos. Desde el año 2010, se han reportado más de 95 mil casos de personas extraviadas y desaparecidas en México. El año pasado se produjo el mayor número de casos registrados, con más de 12 mil denuncias de personas desaparecidas, detalla el reporte. “Históricamente, se ha reportado la desaparición de más hombres que mujeres, pero en los últimos años una proporción cada vez mayor de personas desaparecidas han sido mujeres, con un récord del 29.1 por ciento del total en 2023”, alerta.
La resiliencia socioeconómica de México, por su parte, medida por la calificación del Índice de Paz Positiva (IPP), se ha deteriorado un 3.7 por ciento en la última década. Esto contrasta con una mejora promedio del 0.4 por ciento para la región de Centroamérica y el Caribe.
