El genocidio

“Las muertes alcanzaron en mayor medida a la población pobre que no recibió estímulos económicos del gobierno específicos, lejos de los programas sociales ya implementados”

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Más allá de los números que describen el desastre que fue el manejo de la pandemia en nuestro país, el informe preliminar de la Comisión Independiente de Investigación sobre la Pandemia del Covid-19 (CIIP) que revisa de manera exhaustiva ese comportamiento configura el perfil de un genocida. O dos.

Lo que queda claro es que de esta desgracia que costó a México 833 mil muertes en exceso, de las que al menos 224 mil que pudieron haberse evitado, hay un responsable. O dos.

El mencionado informe deberá ser valorado mucho más de lo que ha sido hasta ahora y tener consecuencias incluso penales, pienso.  He aquí, en algunas de las conclusiones preliminares dadas a conocer la semana pasada, la letanía de horrores documentados por los 17 científicos y académicos integrantes de la CIIP, encabezados por el doctor Javier Sepúlveda, epidemiólogo, pionero en la lucha contra el VIH y director ejecutivo del Instituto de Ciencias de la Salud Global de la Universidad de California:

  1. Proceso fallido de toma de decisiones.
  2. Evidencia científica ignorada.
  3. Uso engañoso de datos.
  4. Abandono del personal de salud.
  5. Desprotección de sectores populares y grupos vulnerables.

Los datos duros aterran:

— Las muertes oficiales (334 mil decesos confirmados) corresponden a las personas que fallecieron y sí contaron con una prueba diagnóstica de Covid; sin embargo, existen otras 510 mil muertes confirmadas por medio de dictámenes médicos.

— Entre marzo de 2020 y diciembre de 2023, en México murieron 833 mil personas de manera directa e indirecta por la pandemia de covid-19. Es decir, son decesos en exceso.

— De esa cifra, 224 mil se atribuyen a fallas en la gestión de la emergencia sanitaria, por lo que se considera que “éstas pudieron evitarse”.

Hay que precisar que para hacer el cálculo de los decesos, la CIIP revisó los certificados de defunción avalados por una comisión interinstitucional oficial, en la que participan la Secretaría de Salud y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Así, las 833 mil muertes en exceso que identifica la Comisión Independiente coinciden con los datos del Inegi. De 2020 a 2022, el Instituto identificó un exceso de mortalidad de entre 673 mil y 807 mil decesos.

En el desglose de estos enunciados enlistados arriba queda en evidencia el manejo irresponsable e indolente –cuando menos– de la emergencia y la preferencia evidente a los intereses políticos sobre la evidencia científica.

Pone el informe preliminar:

— La gobernanza y gestión de la crisis estuvo caracterizada por un proceso fallido de toma de decisiones, que incluyó la personalización excesiva, la persistencia en el error, así como el rechazo a la deliberación y a la evidencia científica.

— La comunicación gubernamental se vio afectada por la minimización de la gravedad de la situación, el uso engañoso de datos, la justificación pseudo-científica de decisiones políticas y la decisión de gestionar la percepción de la sociedad, en vez de gestionar la crisis sanitaria para evitar al máximo los contagios y fallecimientos.

‍– Antes de la pandemia, el sistema de salud se encontraba segmentado y en un estado financiero precario. Esas debilidades del sistema se exacerbaron debido a reformas regresivas y a una política errática de subejercicio y recorte al gasto, lo que redujo su capacidad para responder a la crisis.

‍– Entre las conclusiones en temas socio-económicos, destaca la desprotección de sectores populares y grupos vulnerables por la falta de estímulos económicos, el aumento pronunciado del gasto familiar en salud, así como el impacto en mortalidad, orfandad y esperanza de vida, que terminó afectando más a las personas de menores ingresos.

‍– El elevado número de fallecimientos no se explica en su totalidad por la situación del sistema de salud, la demografía o las condiciones preexistentes de salud de la sociedad mexicana (diabetes, obesidad, etc.). Mediante un análisis matemático, se estima que por lo menos 224 mil 244 vidas se hubieran salvado, de haber existido un manejo diferente de la pandemia.

‍Las muertes alcanzaron en mayor medida a la población pobre que no recibió estímulos económicos del gobierno específicos, lejos de los programas sociales ya implementados. En otros países, la población más vulnerable sí recibió apoyos especiales por la pandemia.

“En un país tan desigual como México, se debió haber protegido a los sectores más vulnerables y no se hizo”, lamentó el doctor Sepúlveda en entrevistas.

Cabe mencionar que entre los integrantes de la Comisión, expertos en salud, economía, educación y otros campos. Se cuentan además del doctor Sepúlveda, eminencias científicas como el doctor Antonio Lazcano, Julia Carabias, José Ramón Cossío, Amanda Glassman, Carlos del Río, Carol Perelman y Sylvia Schmelkes

El responsable formal del manejo de la pandemia fue el doctor Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud. Recibía órdenes directamente del presidente Andrés Manuel López Obrador.  A ellos dos deben atribuirse las cinco acciones enlistadas por la CIIP. Por lo pronto. En ellos recae básicamente la responsabilidad de los resultados y las consecuencias. No hace falta decir más, ¿o sí?

Sí.

Un agravante, crucial: según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2020 (ENSANUT) elaborado por el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) del gobierno mexicano, en ese entonces un 25 por ciento de los mexicanos – lo que equivale a 31 millones de personas–,  presentó anticuerpos en pruebas, es decir, que se contagiaron de Covid-19 aun cuando fueran asintomáticos.

Esto indica que efectivamente se optó  –como se especuló en su momento–, por la “inmunidad del rebaño” que López-Gatell defendía y según la cual al llegar a cierto porcentaje de contagiados, costara lo que costara en vidas, la pandemia se controlaría por si sola. A eso apostó intencionalmente el “epidemiólogo”… que deliberadamente ocultó el dato sobre contagios. Válgame.

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