Esta Ley Antilavado, esta reforma, no son nuevas, de hecho, ya había mecanismos suficientes en la Ley para combatir el crimen organizado.
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de Norteamérica, a través de la Red de Control de Crímenes Financieros (Fincen por su acrónimo en inglés), acusó el pasado 25 de junio a tres instituciones financieras mexicanas de lavar dinero para cárteles narcotráfico, en especial de los recursos obtenidos por el tráfico de fentanilo.
Destaca Vector Casa de Bolsa SA de CV, propiedad del empresario Alfonso Romo, amigo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, a quien el sexenio pasado nombró como jefe de la Oficina de la Presidencia de la República.
En medio de este escándalo, la mayoría oficialista aprobó en la Cámara de Diputados la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, conocida como Ley Antilavado; por lo que, la prueba de fuego para esta nueva norma, será ponerla en práctica investigando a fondo a Vector y por supuesto a Alfonso Romo.
Esta Ley Antilavado, esta reforma, no son nuevas, de hecho, ya había mecanismos suficientes en la Ley para combatir el crimen organizado; pero ahora lo que vemos con mucha tristeza es que el narco no solamente operó en todo el país, sino que todo indica que se metió hasta la oficina del expresidente.
De comprobarse las acusaciones del Departamento del Tesoro estadounidense contra Casa de Bolsa Vector, se podría confirmar que el narco se metió hasta la cocina de la Presidencia, que operó desde la propia oficina presidencial.
Ante este hecho el PAN presentó la denuncia penal en contra de la empresa Vector y de quien resulte responsable, principalmente el dueño y propietario Alfonso Romo; en consecuencia, se espera que la Fiscalía General de la República realice una investigación completamente imparcial para llegar hasta las últimas consecuencias de este escándalo bochornoso.
A ello deberá sumarse la necesidad de una comparecencia inmediata de los titulares de la UIF, de la CNBV y por otra parte la integración de una Comisión Especial Investigadora en la Cámara de Diputados acerca de la presunta intromisión del narco en la oficina del expresidente Andrés Manuel López Obrador. El escándalo ha manchado al sector financiero y a un sexenio. Se requiere llegar a las últimas consecuencias.
POR HÉCTOR SAÚL TÉLLEZ HERNÁNDEZ
VICECOORDINADOR ECONÓMICO DEL GPPAN
