El discurso sube de tono. La contienda por el poder, su recuperación o mantenimiento, está abiertamente en marcha y en ella se ponen en juego todas las herramientas de que disponen los adversarios, aún en una ecuación asimétrica.
Expedientes, exhibiciones, trueques, filtraciones, investigaciones fiscales y financieras, alianzas o descalificaciones, son recursos que con mayor claridad se ponen en juego en el campo de la batalla política para descarrilar al oponente o hacerlo cambiar de bando.
Las cosas se complican a cada paso, los desencuentros internos se hacen patentes y exponen las vulnerabilidades en ambas partes, recurriendo a argumentos y justificaciones que, las más de las veces, solo alimentan la confusión y la incertidumbre.
Un factor relevante en la vorágine política mexicana es la incómoda posición en que el debate ha colocado a la institución más respetada y reconocida socialmente en nuestro país, cuya formación, tradición y disciplina nacionalista le mantuvo en una condición tangente a la discusión partidista de manera institucional.
Las Fuerzas Armadas son instituciones organizadas y adiestradas para fines específicos, sujetas a una estricta disciplina bajo el poder civil de la República y es por ello que las decisiones sobre su empleo, desde la más alta tribuna, provocan recelo y sospecha sobre la intencionalidad futura, en un ambiente nebuloso como el que se vive y que anuncia una encarnizada lucha en el último tramo de la administración.
Si ya la discusión política sobre la Guardia Nacional había empujado al centro del ring a las instituciones castrenses, la vulneración de la seguridad de la información contenida en los servidores de la Sedena incorporó un ingrediente detonante de las exigencias de la oposición sobre la comparecencia de su titular ante las cámaras y la evidente molestia del Ejecutivo.
Bien entendida, la postura institucional, no ha hecho, como antaño, otra cosa que no sea cumplir las órdenes del comandante supremo, como lo marca la constitución y las leyes respectivas. No han sido los militares quienes por voluntad propia han asumido la diversidad de tareas que hoy realizan, sino por el mandato al que no pueden rehusarse.
Los argumentos empleados en defensa de las labores que les han sido asignadas durante la actual administración recurren a la institucionalidad, la confianza y el blindaje que les protege de la corrupción tan señalada por el movimiento transformador, pero son estos mismos argumentos, paradójicamente, los que alientan el descontento y la sospecha en la oposición.
Por si no fuera suficiente el señalamiento, las recientes declaraciones del secretario de gobernación sobre la posibilidad de que los militares puedan participar en política e incluso llegar a ocupar la presidencia de la República, le han puesto pimienta a la discusión, no porque ello no sea posible pues, en efecto, los soldados y marinos conservan, de acuerdo con las normas vigentes, a salvo sus derechos ciudadanos y políticos, sino por el momento y las circunstancias en que se ha vertido el comentario.
La lucha política se vale de todo, cierto, pero debe meditarse la magnitud del daño colateral que puede producirse y las consecuencias de sus actos.
Fuente: elfinanciero
