¡Se enreda la justicia del “cambio”!

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Con la caída de Erce Roosevelt Barrón Barrera, uno de los verdaderos “peces “gordos” de las opacas administraciones de los priístas Félix González y Roberto Borge, la pinza se va cerrando en torno a los amigos y enemigos del gobernador Carlos Joaquín, quien, como temíamos desde un principio,aplica la máxima de Juárez sobre la justicia: “A mis amigos: justicia y gracia; a mis enemigos, justicia a secas”.
Vayamos por partes. En lo que constituyó una verdadera noticia de fin de semana, autoridades migratorias del puente binacional del aeropuerto de Tijuana-San Diego, retuvieron a Barrón Barrera, quien fuera tesorero de los ex cuestionados ex gobernadores de Quintana Roo.

La retención se dio por orden de aprehensión 151/2017 del juez de control de Primera Instancia de Chetumal, ante su probable responsabilidad en el delito de desempeño irregular de la función pública.

Según la Fiscal Especializada, Rosaura Villanueva Arzápalo, la Policía Federal Migratoria pidió a la PGR de Tijuana realizar los trámites para su entrega a la dependencia, responsable de consignarlo ante el juez de control.

Erce Barrón fue dos años Tesorero General de Félix González (2005- 2011), y lo ratificó Roberto Borge por tres años más, tras lo cual, a partir de febrero de 2014, le nombró director general de la Administración Portuaria Integral (Apiqroo) en sustitución de Román Quian Alcocer, pero habría manejado ésta como empresa particular, al igual que el erario público.

En el primer caso, habría concesionado muelles al mejor postor, y una vez concluido el sexenio, se refugió́ nueve meses en Sinaloa, donde el  director general de Puertos y Marina Mercante de la SCT, Guillermo Ruiz de Teresa, le nombró responsable de la Administración Portuaria de Mazatlán.

Además, está implicado en actos de corrupción en complicidad con Borge por medio de contratos y pagos millonarios de servicios aéreos falsos, ya que, además de estar al frente de la Apiqroo, formaba parte del Consejo de Administración de VIP-Saesa, por lo que se le acusa de ejercicio irregular de la función pública.

Hasta ahí las cosas, el nombre de un político influyente viene a la mente de los quintanarroenses, ya que, tal y como señaláramos en nuestra columna del 31 de julio último, como el título ¿Involucrados, protegidos por “alguien”?, seequipara con el tema con los términos “enemigos” y “los demás”: Nos referimos a Víctor Manuel Alcérreca Sánchez.

Lo anterior quedó perfectamente claro en el caso de VIP-Saesa (Servicios Aéreos Ejecutivos, S.A.), cuyo director, Carlos Alberto Acosta Gutiérrez, había sido detenido el 4 de julio por una serie de malos manejos que implicaron una multimillonaria pérdida para el patrimonio del Estado.

Su captura se veía venir, pese a que el año anterior habría sido objeto de una auditoría y comparecido ante el Congreso del Estado para “aclarar” los escándalos en torno a los malos manejos de esa empresa, que implicaban, en teoría, a 11 ex funcionarios responsables de la firma de contratos por la renta y compra de aeronaves.

De acuerdo “con la ley”, los involucrados serían los ex titulares de la Secretaría de Gobierno durante el periodos del Borge: Luis Alberto González Flores, Gabriel Mendicuti Loría y Román Quian Alcocer; de Finanzas y Planeación, Mauricio Góngora Escalante y Juan Pablo Guillermo Molina; de la Función Pública, Gonzalo Abelardo Herrera Castilla; y de SINTRA, Mario Castro Basto y Fernando Escamilla Carrillo.
Asimismo, incluía al ex procurador fiscal, Víctor Hugo Loyola, así como a Acosta Gutiérrez y al propio Barrón Barrera.

Por lo menos, esa fue la lista original que manos “misteriosas” filtraron, pero que sospechosamente omitía el nombre de otro “pez gordo” que, según actas del Consejo de Administración de VIP-Saesa, SÍ figura con firma de puño y letra en los contratos.
En efecto, nos referíamos al cozumeleño Alcérreca Sánchez, un eterno aspirante a gobernar Quintana Roo, que apenas conoció de pequeño y donde desdeña a su clase política, a la que consideraba poco preparada frente a su currículum, lo que le habría llevado a falsificar documentos y adulterar su registro ante el entonces IFE en 2003.
Tal y como publicamos en su momento, Alcérreca Sánchez, uno de los 14 jubilados de Pemex que gana más que el mismo presidente Enrique Peña Nieto -entre 238 mil y 362 mil pesos mensuales-, también figuró en Actas como accionista de VIP-Saesa cuando se desempeñaba como titular de la SINTRA ese mismo año.

En efecto, el 5 de abril de 2003, en asamblea general ordinaria, el consejo directivo de la empresa aérea, que firmó las actas que constituyen los ilícitos que integró la Fiscalía General del Estado para denunciarlos, lo formaban, entre otros, Barrón Barrera, entonces representante suplente de Borge como presidente del Consejo de Administración.

Como se sabe, otro de los involucrados, cuyo nombre se omitió en el tema VIP-Saesa pese a figurar en las Actas, es Javier “Javicho” Zetina González, entonces director general de la Apiqroo, cuya participación más cuestionada en el “Caso Borge” fue su nombramiento como como titular de la Auditoria Superior del Estado, y cuya renuncia habría sido “negociada”.

También figura el tío de Félix Gonzáles, el ex diputado local Luis González Flores, entonces titular de la Secretaría de gobierno, quien fungía como secretario del Consejo de Administración de VIP-Saesa, donde el ex candidato del PRI a la gubernatura, Mauricio Góngora, entonces titular de Hacienda, era tesorero del Consejo de Administración.

Los últimos nombres son del entonces procurador Fiscal de Hacienda, el magistrado del Tribunal Superior de Justicia, Juan García Escamilla, entonces segundo vocal del Consejo de Administración, mientras Herrera Castilla era Comisario, y el entonces único detenido por el caso, Acosta Gutiérrez, fungía como director general.

Por su parte, el millonario Alcérreca Sánchez, ex director del Instituto Mexicano del Petróleo, tenía el cargo de primer vocal del Consejo, donde uno de los enemigos políticos de Carlos Joaquín, Gabriel Mendicuti Loría, fue vinculado al proceso, irónicamente, tan sólo por haber sido antecesor del mandatario en la presidencia municipal de Playa del Carmen.

Dos veces contrincante suyo a la candidatura del PRI a la gubernatura, el ex funcionario, quien sustituyó precisamente a González Flores, fue secretario de Gobierno de Borge hasta el 3 de marzo de 2016 -cuando anunció que buscaría la candidatura- y nunca firmó nada relacionado con recursos con VIP-Saesa, donde su función específica era convocar a sesiones y elaborar minutas y actas.

Como parte de la “investigación” de la Fiscalía, donde todo apunta a una aparente “negociación-, el expediente también omite el nombre de Zetina González, quien SÍ figura en los libros de actas del Consejo, aunque, para su buena fortuna, no sólo NO es enemigo de Carlos Joaquín, y SÍ primo-hermano de Félix González, sino también del propio mandatario.

Según crónicas, esposado y escoltado, pero con gran sonrisa, Barrón Barrera arribó desde el vuelo comercial de Internet 2544 al aeropuerto de Chetumal, donde se le “juzgará” por desempeño irregular de la función pública.

Guiado, por dos agentes ministeriales hacia afuera de la terminal, donde abordó un vehículo oficial, Barrón Barrera, como se esperaba, aseguró ser inocente: Gracias, hasta luego, ¡saludos!, comentó a los reporteros, mientras el fiscal Miguel Ángel Pech Cen, informó que solicitaría prisión preventiva en su contra por no contemplarlo de manera oficiosa el delito por el que se le acusa.

En efecto, el desempeño irregular de la función, delito por el que se acusó y sentenció al ex secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, Mauricio Rodríguez Marrufo, no es grave ni prevé prisión preventiva.

Para refrescarle al memoria -en el buen sentido de la palabra- el 13 de junio de 2016, con el título ¡A cortarle las “manos” a Borge!, publicamos que, como “premio” del ex gobernador para ineptos y corruptos, como el ex titular del Infovir, el también cozumeleño Ricardo Pech Gómez, Barrón Barrera ¡también recibió una Notaría!
Amigo personal del indeseable ex alcalde de Cozumel, Fredy Marrufo Martín, nombrado en marzo delegado de la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), el detenido fungió como secretario particular de este último hasta ser promovido Tesorero, pero siguió en la Secretaría, mientras que su Notaría la trabajaba el chetumaleño Gabriel Ávila Osorio.

Continuó como tesorero de Roberto Borge hasta renunciar en febrero de 2012, cuando, en calidad de presidente del consejo de administración de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo (Apiqroo), el gobernador lo nombró nuevo director, en sustitución de Román Quian.

Ante este panorama, titularíamos el caso ¡la “justicia” del “cambio”!

Fuente: puntodequiebre

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