Se entre tejen las corruptelas entre instituciones autónomas

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Las mañas, telarañas y marañas tejidas por la corrupción son finas, se fueron poco a poco entrelazando durante varios años, por lo que no es tan fácil de romperlas, ni mucho menos imaginar que si se jala el hilo a donde, por qué, o con quien o quienes nos llevarán.

Quintana Roo un estado aun joven pero muy prematuro para la grave enfermedad de la corrupción que lo desgasta día a día y que nos lleva a vivir endéudanos, tanto como estado como ciudadanos. Aquí solo los políticos enriquecen. Corrupción que ha propiciado sin duda alguna hoy por hoy la inseguridad que vivimos actualmente en todos los municipios de Quintana Roo.

Es asombroso el nivel del sinvergüenza Eduardo Martínez Arcila ¡Qué manera de traicionar, defraudar y engañar a los ciudadanos que votaron por él y por ende por el fracasado cambio! increíblemente diputado aun por la vía plurinominal, que le costó que le hayan pateado el trasero por su líder estatal de su partido.

Una gran tarea  le espera a la diputada, sobre todo a ella Euterpe Alicia “Tepy “Gutiérrez Valasis que preside la Comisión de Anti corrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos para investigar todo lo que aquí plantearé.

Una investigación Periodística que por  meses realicé y solo les compartir una parte de ella. La demás creo debe investigarla y darla a conocer la diputada “Tepy, aunque hay que recordar que tras el fallido intento del corrupto de Martínez Arcila de no quedar en la presidencia de esta COMISION se torna una  tarea difícil porque el mismísimo Eduardo Martínez Arcila y Judith Rodríguez Villanueva forman parte de esta comisión o sea para que la cuña apriete tiene que ser de mismo palo, francamente a “Tepy” se la podrían comer esos viejos zorros carroñeros en cuestiones de corruptelas.

El que este nefasto diputado panista sea parte de la misma comisión , denota que corrupto, sagaz, tramposo y mañoso es.

En su enfermo afán de seguir gozando de poder pero sobre todo de seguir esquilmando y derrochando el dinero de los quintanarroenses, es cuando

parece Eduardo Espinosa Rodríguez, quien este, mañosamente a cambio de canonjías, moches y presupuesto a manos llenas hicieron la alianza trapera y ruin para sus intereses personales.

Dicho personaje titular del Idaipqroo, José Orlando Espinoza Rodríguez da sus primeros pasos llegando a la política estatal desde la isla de Cozumel quien tenía un trabajo de Dj, habiendo pasado de igual forma como achichincle del nefasto ex gobernador

Félix González canto, es él quien lo trae a la capital dándole varios cargos hasta llegar a ocupar la titularidad del despacho de la secretaria particular del ejecutivo, y es cuando empieza la verdadera Carrera política de este personaje ya que gracias a su padrino Félix González lo impulsa y eleva al cargo de titular del Idaipqroo.

Claro que con el firme propósito de cuidarle las espaldas y ocultar toda la información que pudiera comprometer las corruptelas habidas y por haber, tal vez por eso a Félix González no se le pueda comprobar varias cosas que hizo en su mandato, ni duda cabe que el abogado Orlando Espinoza a servido de mucho a los exmandatarios Félix González canto y Roberto Borge Angulo “para que a estos no se les pueda comprobar todas sus corruptelas.

Veamos como inicia esta maraña de impunidad y corrupción desde el mismo organismo quien es el garante de velar y cuidar toda la información correspondiente a los sujetos obligados, capitulo II Artículo 52 de la ley de transparencia y acceso a la información pública para el estado de Quintana Roo en vigor que a la letra dice: Son sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a su información y proteger los datos personales que obren en su poder: cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, municipios. Órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el estado.

El 29 de julio de 2009 mediante declaratoria 09 de la XII Legislatura se nombra a la consejera ciudadana Lic. Cintia Yrazu de la Torre Villanueva por un periodo de seis años terminando su nombramiento el 29 de julio del año 2015.

El 30 de julio de 2010 mediante declaratoria 017 de la XII Legislatura se nombra al consejero ciudadano Lic. José Orlando Espinoza Rodríguez por un periodo de seis años terminando su nombramiento el 30 de julio de 2016.

El 26 de julio de 2011 mediante declaratoria 01 de la XIII Legislatura se nombra a la consejera ciudadana Lic. Nayeli del Jesús Lizárraga Ballote por un periodo de seis años terminando su nombramiento el 29 de julio del año 2017.

Por si fuera poco, lo más aberrante en el ámbito político, moral y legal es que mediante decreto transitorio 275 los consejeros ciudadanos que conforman la junta de Gobierno del instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Quintana Roo, CONTINUARAN con el carácter de COMISIONADOS de este órgano garante los cuales se contarán a partir de la entrada en vigor del presente decreto. La pregunta es ¿será que Arcila les metió un Golazo a los diputados de la XIV Legislatura ¿o se habrán llevado su jugoso baro de los 100 millones de pesos que andan volando en el sueño de los justos?.

Así es que quedan los nombramientos de los comisionados:

La comisionada M.E. Cinthia Yrazu de la Torre Villanueva por un periodo de seis años terminado su nombramiento hasta el 29 de julio del año de 2021.

El comisionado el Lic. José Orlando Espinosa Rodríguez por un periodo de siete años terminando su nombramiento el 30 de julio del año 2022.

La comisionada Lic. Nayely del Jesús Lizárraga Ballote por un periodo de seis años terminado su nombramiento el 29 de julio del año 2020.

Visto los antecedentes es importante señalar lo siguiente; este fue el embrión del paquete de impunidad del entonces gobernador Roberto Borge Angulo al ser lo que constituyó el origen para crearse o constituirse en su fase inicial el Famoso paquete de impunidad, mismo, que no se tocó ni con el pétalo de una rosa y por acuerdos políticos con la anterior diputada ahora senadora, Mayuli Musa Simón a cambio de una plaza para su familiar Vanessa Jackeline Heredia Galera con estudios de educación inicial fuera  nombrada como Directora de archivos cargo que cuando entra en funciones la actual legislatura la cambian a Directora de Cultura para la transparencia acto de fácil comprobación.

Es importante señalar que actualmente el chofer y gato de toda la vida del presidente del Instituto Orlando Espinosa Rodríguez, el Randy Bastarrachea de León quien en el momento de ser nombrado no tenía manera de comprobar ningún grado de estudios (AHORA DICEN QUE YA SE RECIBIO).

Pero quien sabe en que, por si así fuera el caso, sería fácil de comprobar con la fecha de expedición de la cédula profesional o título alguno (de dudosa procedencia). 

Estos sujetos garantes de la “transparencia” deben ser llevados a un juicio político por dañar con su duración en el cargo las finanzas del estado ya que en su reglamento interior y condiciones generales de trabajo del Instituto de Transparencia y acceso a la información pública de Quintana Roo, en le parte de Consecuencias del término de los Efectos del Nombramiento del Trabajador en su Artículo 110 señala que:

Cuando un trabajador del instituto deje de prestar sus servicios de manera voluntaria o con motivo de la conclusión del cargo que le fue asignado, se le cubrirá el pago de los siguientes conceptos de liquidación:

I.- Tres meses de salario íntegro por concepto de indemnización.

II.- Un día por cada mes de trabajo, por concepto de reconocimiento por antigüedad;

III.- El sueldo correspondiente a quince días de trabajo por concepto de bono de gratificación.

IV.- El pago de las demás prestaciones o la parte proporcional de las mismas que procedan, en términos de lo dispuesto en la legislación aplicable a la materia.

Las fracciones I y III del presente artículo no se aplicarán, cuando la separación del cargo sea consecuencia de una sanción que determine la Junta de Gobierno o, en el caso de que la terminación laboral sea por causa imputable al trabajador, distintas de las dos hipótesis que establece el primer párrafo de este artículo.

Los conceptos de liquidación que se establecen en las fracciones I y III anteriores de este artículo, solo se aplicarán por una sola ocasión al trabajador al momento de su liquidación, por lo que no le serán aplicables a los trabajadores (ojo) que hayan sido recontratados por el instituto. (actualmente existen trabajadores que ya lo recibieron y fueron vueltos a contratar) pero más allá del asunto la pregunta es: ¿cómo se les aplicará esta fracción a los actuales comisionados con referencia al primer nombramiento o será con el Segundo nombramiento? Lo más lógico es que querrán cobrar todo, todo desde el primer nombramiento hasta la presente fecha en que concluyan sus funciones ¿o no?.

Representará un gasto por demás oneroso, innecesario e ilegal para los que pagamos impuestos, pero además hay que recordar la interpretación de la ley general de igual forma fue errónea en cuanto a que no duraran en sus encargos más de siete años contando que al terminar su periodo fueran nombrados nuevos comisionados y no alargar su periodo de duración, ¡ah!  pero los que han probado las mieles no las quieren soltar.

En las investigaciones realizadas nos metimos a tema de los presupuestos desde su creación de los institutos de todo el país en el año 2003 hasta 2019 y miren lo que encontramos:

El estado de Quintana Roo tuvo un repunte hasta el 2005 en donde se le asignaron 20.63 millones de pesos, fue variando al paso de los años y no fue hasta el año de 2016 cuando recibió nada menos que 26.26 millones de pesos, pero eso no es nada para el año 2017 el nada despreciable presupuesto de 43. 54 millones de pesos y en el año de 2019 nada menos que 45.04 millones de peso si LEYO usted bien.

Eh aquí las marañas y telarañas de la corrupción del instituto ITAIPQROO quien el congreso del estado le aprueba su presupuesto y es ahí en donde nacen los compromisos e intereses más perversos a las espaldas del pueblo Quintanarroense, ahora me explico el por qué no ha salido a la luz la información de en donde quedaron los 100 millones de pesos que EDUARDO Lorenzo

Martínez Arcila (que de Lorenzo no tiene nada), desapareció.

Quintanarooenses déjeme decirles que en un acto de desesperación para justificar el abultado e injustificado presupuesto, el Instituto “argumenta” que esto obedece a que se han incrementado los recursos de revisión que reciben de los ciudadanos o personas morales inconformes con la información que les proporcionan o niegan los sujetos obligados, luego entonces nos avocamos a investigar este argumento y nos encontramos que en Quintana Roo en el año de 2008 solo hubieron 30 recursos de revisión, no es sino hasta el año de 2017 que recibieron 203 recursos de revisión y para el 2018 recibieron 567 recursos de revisión, cuando otros estados como el Estado de México 4, 488 con un presupuesto de 159.65 millones de pesos, ciudad de México 3, 193 con un presupuesto de 143.44 millones de pesos, Veracruz 4, 346 con un presupuesto de 46.18 millones de pesos, Nuevo León 2,955 con un presupuesto de 76.65, Jalisco 2,612 con un presupuesto 56 millones de pesos, Sinaloa 1,673 con un presupuesto de 25.23 millones de pesos, Tabasco 1,541 con un presupuesto 20 millones de pesos, Guanajuato 1,245 con un presupuesto de 47.77.

Aquí se puede observar a todas luces la incongruencia del presupuesto injustificado del Estado de Quintana Roo para el instituto y sería muy interesante que opinión nos daría la Sria. De la Función Pública de todo lo ya expuesto, ya que navegan con la bandera de la “Transparencia” como derecho humano en el Artículo 6° de nuestra Carta Magna en donde toda la ciudadanía tiene el derecho de accesar a toda la información que generen o conserven los sujetos obligados. Continuará…

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