Angie Rodríguez, exdirectora del DAPRE y antigua pieza clave de la Casa de Nariño, acusa a Gustavo Petro de amenazas, de usar su salud mental para desacreditarla y de proteger el poder de Juliana Guerrero; ahora será defendida por Wilson Ruiz Orejuela, exministro de Justicia de Colombia, que llevará el caso ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes
El Gobierno de Gustavo Petro entra en su recta final con una denuncia que mezcla poder presidencial, salud mental, presuntas amenazas, una funcionaria que dice temer por su vida y el nombre de Juliana Guerrero, una de las figuras más controvertidas del entorno político del mandatario colombiano. El 28 de julio, Angie Rodríguez rompió su silencio en una entrevista con Blu Radio y lanzó la acusación más grave formulada hasta ahora por una antigua alta funcionaria de la Casa de Nariño contra el presidente saliente.
Rodríguez no era una empleada menor. Fue directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, el DAPRE, una posición estratégica dentro del núcleo del poder colombiano, y después pasó a dirigir el Fondo de Adaptación, entidad con recursos clave para proyectos de emergencia y reconstrucción. Desde ahí afirma que se negó a mover cerca de un billón de pesos destinados a La Mojana, una de las zonas más golpeadas por las inundaciones, y que a partir de ese pulso se aceleró su ruptura con Petro.
El punto más delicado, sin embargo, no depende solo de su palabra. El propio presidente publicó en X un documento relacionado con su incapacidad médica por razones psiquiátricas y usó esa condición para cuestionarla públicamente. Rodríguez lo interpreta como un intento de destrucción personal y profesional. Petro, por su parte, niega las acusaciones, anuncia acciones penales por calumnia y sostiene que la exfuncionaria miente para defender su puesto.
La exjefa de Presidencia que acusa al presidente de ser su “mayor victimario”
Angie Rodríguez eligió una frase devastadora para describir su relación con Petro: “Es mi mayor victimario”. Lo dijo en una entrevista de casi una hora con Néstor Morales, en Blu Radio, donde relató que su cuadro de depresión y ansiedad estaría relacionado con la presión vivida durante su paso por el Gobierno. “Lo que yo tengo es depresión”, explicó, antes de añadir que también padece ansiedad.
La exdirectora del DAPRE quiso desmontar desde el principio cualquier intento de presentar su diagnóstico como una incapacidad profesional. “Tener depresión no significa estar loco ni mucho menos ser incapaz”, afirmó. La frase funciona como una defensa personal, pero también como el eje jurídico de la denuncia que ahora prepara su abogado: si la salud mental de una funcionaria fue expuesta desde el poder para desacreditarla, el caso deja de ser una pelea política y entra en el terreno de la intimidad, la dignidad y la posible revelación de información reservada.
La Asociación Colombiana de Psiquiatría reaccionó al episodio y recordó que un diagnóstico no puede convertirse en un arma de descalificación pública. Esa reacción es relevante porque separa el ruido político del hecho verificable: Petro difundió una comunicación vinculada a la incapacidad médica de Rodríguez y la utilizó en un mensaje en el que pidió al Ministerio de Hacienda declararla insubsistente “por incompetente”.
El documento médico que puede convertirse en el gran problema penal de Petro
La entrevista de Rodríguez contiene acusaciones muy graves, pero el elemento más sólido del caso es mucho más concreto: la publicación de su incapacidad médica. Según el análisis jurídico que acompaña la denuncia, ese punto podría encajar en la revelación de secreto por servidor público, una conducta prevista en el Código Penal colombiano cuando un funcionario da a conocer información que debía permanecer reservada.
Rodríguez describió así el impacto del mensaje presidencial: “Utilizar un diagnóstico psiquiátrico para calificar públicamente a una persona no solamente me afecta a mí, sino que envía un mensaje de estigmatización a millones de colombianos y a millones de seres humanos en el mundo que viven con ansiedad y depresión”. Esa frase sitúa el caso más allá de su biografía personal: lo convierte en una discusión sobre cómo se usa la salud mental en la lucha política.
Petro respondió con dureza. “He decidido actuar penalmente contra la señora Angie Rodríguez por su manera de defender su puesto a partir de la mentira”, escribió, según recogieron medios colombianos. También calificó sus señalamientos de “calumniosos”. La batalla, por tanto, ya no es solo administrativa: ambos lados anuncian acciones judiciales y el desenlace dependerá de la Comisión de Acusación de la Cámara, el órgano competente para abrir el camino penal contra un presidente.
Wilson Ruiz, el exministro que entra en la batalla contra Petro
La entrada de Wilson Ruiz Orejuela eleva el caso. No se trata de un abogado desconocido ni de un movimiento improvisado. Ruiz fue ministro de Justicia en Colombia, magistrado y presidente de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. Además, acumula experiencia en expedientes contra altos funcionarios y ya había presentado acciones contra Petro en otros frentes.
Su mensaje fue directo: “Angie Rodríguez NO está sola, vamos a acompañarla jurídicamente”. También anunció que presentará denuncia ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes para que se investiguen las presuntas conductas del presidente contra ella. En Colombia, esa comisión es la puerta constitucional para investigar penalmente al jefe del Estado.
Ese detalle es fundamental para el lector español. Petro no queda automáticamente en manos de la Fiscalía cuando deje la Presidencia. Si los hechos denunciados están conectados con el ejercicio de sus funciones, el fuero se mantiene y la ruta sigue siendo Cámara, Senado y eventualmente Corte Suprema. Dicho de otro modo: el caso puede perseguir políticamente a Petro incluso después de abandonar el poder.
Juliana Guerrero, el nombre que atraviesa la ruptura
El relato de Rodríguez apunta a Juliana Guerrero como una figura central en el deterioro de su relación con Petro. Según su versión, el conflicto comenzó cuando se opuso al intento de nombrarla viceministra de Juventudes por no cumplir los requisitos académicos. “Una persona no se va a graduar en menos de 15 días”, dijo Rodríguez al recordar la conversación en la que, según ella, Petro le habría mostrado unos títulos desde su celular.
El caso Guerrero ya venía cargado de polémica en Colombia. Su hoja de vida, sus estudios, su paso por instituciones públicas y su presencia en espacios de poder habían generado investigaciones y controversias. Rodríguez sostiene que advirtió al presidente de las inconsistencias y que esa oposición la convirtió en un obstáculo dentro de la Casa de Nariño.
La exfuncionaria fue más lejos y habló de “una red de mujeres que creían que eran las que mandaban”. También afirmó que Guerrero sabía dónde estaba el poder real en las entidades: “No necesariamente en el jefe de la entidad, el representante legal, sino en los secretarios generales, que normalmente son los ordenadores del gasto”. Es una acusación explosiva, pero debe leerse como lo que es por ahora: una declaración de Rodríguez pendiente de prueba judicial.
La noche del 13 de enero: amenazas, miedo y una renuncia bajo sospecha
Uno de los pasajes más duros de la entrevista fue el relato de la noche del 13 de enero. Rodríguez aseguró que su salida del DAPRE no fue voluntaria, aunque en su momento se comunicó como una renuncia libre. “Mi renuncia no fue voluntaria. Él a mí me presionó”, afirmó ante Blu Radio.
Según su versión, Petro la acusó en esa reunión de vínculos con el paramilitarismo, de contrabando por Buenaventura y de manejar “una red del fentanilo”. Rodríguez lo negó de forma tajante y sostuvo que aquella noche sintió miedo. “Les ruego que no me dejen sola porque yo no sé qué vaya a pasarme”, dijo que pidió a su equipo.
Este bloque es de altísimo impacto, pero también de alto riesgo jurídico. No hay por ahora una resolución judicial que confirme esas amenazas ni el contenido de aquella conversación. La propia Rodríguez admitió la dificultad probatoria al decir que era “la voz de él contra la mía”. Por eso, cualquier publicación responsable debe atribuir esos hechos a su testimonio y recoger la respuesta de Petro, que niega las acusaciones y anuncia una acción penal.
El billón de La Mojana, el otro fondo del escándalo
Detrás de la guerra personal aparece un asunto de dinero público. Rodríguez afirma que recibió presiones para trasladar cerca de un billón de pesos del Fondo de Adaptación, destinados a La Mojana y al cierre de Caregato, hacia la atención de la emergencia por El Niño. Su denuncia es que ese movimiento se quería hacer sin los estudios técnicos suficientes y sin convocar adecuadamente al Fondo a las mesas de decisión.
“Tengo en este momento lista una acción legal y otra de tipo penal por si el señor Pava le da por trasladar los recursos”, advirtió en la entrevista. Y remató con una frase pensada para marcar territorio: “Si usted le da por mover un milímetro de ese billón de pesos que es para La Mojana, lo denuncio”.
El Gobierno ha defendido la necesidad de atender la emergencia climática y Petro ha hablado públicamente de recoger recursos para ese fin. Lo que aún necesita confirmación documental es el acto administrativo concreto que materialice el traslado. Ese matiz importa: una cosa es el anuncio político y otra la ejecución jurídica del movimiento presupuestal.
Fuente: estrelladigital
