A un año de la llegada de la nueva integración de la SCJN, su ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz presentó hoy su primer informe de actividades.
A un año de la llegada de la nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), su ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, presentó este lunes su primer informe de actividades.
Transparencia, eficiencia, austeridad, acceso a la justicia e inclusión
Uno de los principales puntos expuestos por Aguilar fue la revisión de los asuntos pendientes que dejó la anterior integración. Explicó que, al asumir funciones, no existía una cifra exacta sobre el número de asuntos bajo responsabilidad de la Corte, por lo que se realizó una revisión para transparentar el estado de la institución.
El análisis permitió identificar 3 mil 177 promociones sin atender, 18 mil 38 razones secretariales firmadas pero pendientes de cerrar los expedientes, 230 piezas postales pendientes y 345 asuntos que no habían sido acordados ni tramitados.
A ello se sumaron cerca de 3 mil expedientes que no habían sido enviados al archivo desde 2024, así como aproximadamente 20 mil asuntos diversos que no habían sido dados de baja.
Aguilar señaló que la regularización de estas cifras continúa, debido a que todavía existen expedientes que no fueron registrados ni reportados por la integración anterior. También explicó que encontraron funciones dispersas y duplicadas, además de tareas asignadas a personas y no a puestos específicos, situación que provocaba que distintos procesos dependieran de quienes los realizaban.
La nueva Corte presume mayor eficiencia
El ministro presidente sostuvo que, pese a la situación encontrada, la SCJN no enfrenta actualmente un problema de rezago ni de ineficiencia. Como muestra de ello, señaló que de los mil 479 asuntos recibidos de la anterior integración, únicamente permanecen pendientes 44, algunos de los cuales ingresaron al máximo tribunal desde 2014 y 2015.
Desde la última semana de julio, el número de asuntos resueltos por la Corte ya supera la cantidad de nuevos ingresos acumulados. Aguilar destacó la modernización de los sistemas internos como una de las apuestas de la nueva etapa del Poder Judicial. De acuerdo con el ministro presidente, estos cambios permitirán generar ahorros, disminuir problemas operativos y fortalecer la institucionalidad.
Uno de los objetivos será que la ciudadanía pueda conocer cuántos asuntos ingresan a la Corte, cuántos son resueltos y cuál es la situación jurídica de cada documento atendido, con lo que se facilitará el seguimiento público de los expedientes.
Justicia más cercana y accesible
Otro de los ejes del informe fue la comunicación con la ciudadanía. Aguilar afirmó que explicar las actividades del nuevo Poder Judicial es fundamental para acercar el conocimiento jurídico a la población.
Durante el último año, dijo, se garantizó la transmisión y cobertura de las sesiones públicas del Pleno y se renovaron los contenidos de Justicia TV para llegar a públicos diversos. Entre las acciones destacó la incorporación de un noticiero completamente en lengua zoque, además de materiales en chinanteco, otomí, tseltal, purépecha, totonaco y náhuatl.
Según Aguilar, estas acciones permitieron convertir a Justicia TV en el canal más incluyente y multilingüe de México.
Defensa pública y atención a comunidades indígenas
En materia de defensoría pública, Aguilar informó que el Órgano de Administración Judicial concentró recursos en las sedes que presentaban mayores carencias, sin importar la región del país. Como parte de esta estrategia, el Instituto Federal de Defensoría Pública abrió 12 nuevas casas de asesoría jurídica intercultural y atendió 57 mil 659 solicitudes de defensa y asesoría, principalmente de personas privadas de la libertad. Esta cifra representó un incremento de 12 mil 258 solicitudes respecto al periodo anterior.
Además, 2 mil 202 personas recuperaron su libertad mediante el programa de preliberaciones.
El ministro presidente también destacó los esfuerzos para garantizar los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, particularmente en materia de libre determinación, autogobierno, administración directa de recursos, acceso a la salud, intérpretes durante procesos judiciales, consulta previa y reconocimiento de autoridades comunitarias y sistemas normativos.
En este sentido, se realizaron diálogos sobre territorio y autonomía en 10 entidades del país, con la participación de 965 autoridades de 664 comunidades pertenecientes a 23 pueblos indígenas, así como 125 personas juzgadoras del Poder Judicial de la Federación y 26 integrantes de poderes judiciales estatales.
Perspectiva de género y protección de derechos
Aguilar destacó resoluciones de la SCJN relacionadas con violencia vicaria, acceso al aborto seguro, servicios de salud para menores con discapacidad, gestación por sustitución, adopción, derecho a heredar y protección de las personas cuidadoras.
Asimismo, señaló que el máximo tribunal analizó normas relacionadas con las llamadas terapias de conversión, mientras que el Tribunal Electoral resolvió asuntos sobre paridad, violencia política contra las mujeres por razón de género, derechos de mujeres indígenas, reparación integral y acciones afirmativas para grupos en situación de vulnerabilidad.
A nivel interno, el Órgano de Administración Judicial incorporó medidas para fortalecer la perspectiva de género, entre ellas una guía sobre violencia digital, un cuadernillo de reparaciones con perspectiva de género y derechos humanos, políticas de igualdad y no discriminación, campañas de sensibilización y decálogos de buenas prácticas.
Austeridad y fin de privilegios
Uno de los mensajes centrales del informe fue el relacionado con la austeridad. Aguilar aseguró que “se terminaron los privilegios” dentro del máximo tribunal y presentó las medidas implementadas para reducir el gasto público.
Explicó que el Órgano de Administración Judicial recibió del extinto Consejo de la Judicatura Federal un déficit de 144 millones 660 mil pesos, situación que logró mitigar al cierre de 2025.
Entre las medidas aplicadas destacó una reducción de 10% en la plantilla de las áreas administrativas, así como un ahorro mínimo de 10% por cada modificación a la estructura orgánica. En conjunto, los ahorros alcanzaron más de 4 mil 700 millones de pesos en el Poder Judicial.
No repetir las prácticas del pasado
Al cerrar su balance, Hugo Aguilar llamó a ministras, ministros y al personal judicial a no repetir prácticas de corrupción y privilegios. El ministro presidente advirtió que la transformación de un instituto como la SCJN no consiste únicamente en modificar reglas, ya que todavía existen formas de impartir justicia vinculadas con el pasado.
Por último, Aguilar declaró que la nueva etapa del Poder Judicial debe desarrollarse con autonomía, rigor y apego a la Constitución.
Fuente: SIPSE
