La guerra soterrada de López Obrador por el poder judicial

Para acometer la limpia de corrupción del sistema judicial, el entorno del presidente mexicano ha iniciado desde hace un año un proceso lleno de intromisiones que bordean los límites legales y de ajustes de cuentas personales y políticas

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Entre todas las cruzadas que se ha propuesto en este primer año de gobierno Andrés Manuel López Obrador, hay una que se ha librado soterradamente. Al menos hasta hace dos meses. El sistema judicial, como tantos otros estamentos en México, está permeado por la corrupción. Bajo esa premisa, en el marco de la autodenominada Cuarta Transformación, el entorno más próximo a López Obrador ha decidido acometer una limpieza que le permita, con el paso del tiempo, contar con un poder judicial más favorable, uno que eventualmente no pueda poner freno a sus reformas. Un proceso lleno de intromisiones que bordean los límites legales y de ajustes de cuentas personales y políticas.

El problema, de acuerdo a la mayoría de las fuentes consultadas –casi una decena entre miembros del poder judicial, la Suprema Corte, senadores y personas cercanas al propio presidente, que han accedido a hablar bajo condición de anonimato– no es el fondo, en cuyo diagnóstico coinciden todos, sino en las formas. Entre los nombres implicados en el proceso de cambio, de una u otra manera, hay cuatro que sobresalen y se repiten en todas las conversaciones mantenidas: el actual presidente de la Corte, Arturo Zaldívar; el jefe de la bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, el consejero jurídico del presidente, Julio Scherer, y el exministro de la Corte Eduardo Medina Mora, cuya dimisión forzada hizo saltar por los aires cualquier atisbo de sutileza en los movimientos.

El impulso para cambiar la judicatura comenzó a prepararse incluso antes de que López Obrador asumiera el poder. El líder del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) arrasó en las elecciones de 2018 sin haber prometido reforma alguna al sistema judicial, repleto de carencias. No obstante, apenas llegados al poder, en las altas esferas de Morena se instaló el temor, casi la obsesión, por lo que sucedió en Brasil con la presidenta Dilma Rousseff, lo que consideran “un golpe de Estado judicial” que la apartó de su cargo. De ahí el intento por controlar la justicia.

Algunos de los barones más destacados del partido se lo han fijado como objetivo prioritario. En octubre, Monreal, presentó una iniciativa para reubicar a los jueces cada tres años para evitar el nepotismo en la judicatura, uno de los muchos vicios que corroe la impartición de justicia en México. “Es hora de darle una sacudida al Poder Judicial”, dijo entonces Monreal. No fue la única ocasión que Monreal ha repetido la frase. El legislador la utilizó en agosto y, más recientemente, en medio de la tormenta que desató la renuncia de Medina Mora. El senador está ultimando una reforma integral al Poder Judicial que revelará en las próximas semanas y que él considera “de gran calado”.

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La urgencia de Monreal, uno de los alfiles de la Cuarta Transformación en el Legislativo, prendió las alarmas en la cúpula del poder judicial. Pero también en parte del entorno de López Obrador, que prefiere que el poder judicial se reforme desde dentro, sin una aparente intromisión del poder político. En la Suprema Corte de Justicia entendieron rápidamente que era mejor cambiar por ellos mismos antes que ser reformados por diputados y senadores que desconocen la judicatura. En este contexto se dio la elección de un nuevo presidente de la Corte, en enero de 2019. Arturo Zaldívar, un ministro progresista, se convirtió en el primero en el cargo que no pertenece a la carrera judicial.

Zaldívar fue respaldado por seis de sus compañeros –incluido Medina Mora– con un programa de trabajo que prometía limpiar de corrupción el mundo judicial y romper las redes de encubrimiento y tráfico de influencias. En un año en el cargo, ha promovido concursos solo para juezas, promovido las readscripciones de juzgadores para reducir el nepotismo y puesto en marcha la investigación de seis jueces y otros seis magistrados de Jalisco por supuestos vínculos con el Cártel Nueva Generación de ese Estado. El 22 de noviembre, Isidro Avelar, uno de estos togados, fue detenido por la Fiscalía por “irregularidades patrimoniales e ingresos adicionales”.

Zaldívar, que competía contra otros dos ministros para presidir el Supremo, contó con el apoyo de Julio Scherer, el consejero jurídico de López Obrador, a través de quien se acercó al mandatario cuando este aún era candidato, un mes antes de las elecciones de julio de 2018. El consejero del presidente, al que los movimientos de Monreal nunca le han gustado, se ha convertido en uno de los principales interlocutores con el presidente de la Corte y uno de sus aliados dentro de Palacio Nacional. Varias de las fuentes consultadas –dos de la Corte y una del ámbito político– aseguran que el papel de Scherer trasciende lo que se presupone de un consejero jurídico y que sus observaciones pueden interpretarse como intromisiones. Preguntado por su postura ante estas afirmaciones por este periódico, Scherer optó por no responder. En el entorno del presidente se afanan en insistir en que Zaldívar tiene “absoluta independencia”.

Los movimientos en el poder judicial, no obstante, llegaron a su clímax a principios de octubre con la renuncia del ministro Medina Mora, otrora director de los servicios de inteligencia y procurador general de la República [el equivalente al fiscal de entonces] durante el gobierno de Felipe Calderón (PAN) y propuesto para ministro por el anterior presidente, Enrique Peña Nieto, del PRI. Medina Mora presentó su dimisión con una escueta carta, de dos párrafos, en la que no explicaba las razones de su renuncia. López Obrador la aceptó de inmediato. Lo que se escondía detrás, a lo que Medina Mora no hizo mención, era una profunda investigación en contra del entonces ministro, que soprendió a propios y extraños por la minuciosidad con la que se había elaborado.

“De ladito no se hace nada”, es como describe uno de los consultados el proceso que desembocó en la renuncia de Medina Mora y la implicación del entorno del presidente. Según tres fuentes consultadas, tanto del ámbito político como del jurídico, a Medina Mora le dieron dos opciones: o dejaba el cargo o tendría que encarar las denuncias ante la fiscalía. Una de las fuentes afirma que López Obrador supo, dos días antes de hacerse públicas las acusaciones en contra del Ministro de la Suprema Corte, de la existencia de un abultado expediente en su contra.

Los señalamientos en contra de Medina Mora se habían acumulado durante el arranque del mandato de López Obrador. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, dirigida por Santiago Nieto, halló algunos meses atrás que el juez había comprado acciones de empresas que no fueron transparentadas en sus declaraciones patrimoniales. El 5 de junio, se conoció que el ministro había recibido, entre 2016 y 2018, una treintena de depósitos “sospechosos” en sus cuentas bancarias. Estos sumaban 2,3 millones de libras transferidas desde México al Reino Unido, donde Medina Mora fue embajador entre 2009 y 2013. El documento citado en una columna del periódico El Universal aseguraba también que el Departamento del Tesoro registró movimientos similares por 2,1 millones de dólares en el mismo periodo, cuando Medina Mora ya ocupaba un asiento en el tribunal. La filtración estimaba que el abogado había recibido en total 102 millones de pesos en sus cuentas, 5,1 millones de dólares.

Medina Mora explicó en un comunicado que las cifras no eran correctas, y que alguien, deliberadamente o no, había confundido millones de libras y de dólares con pesos, y que la cifra real era plenamente congruente con sus ingresos. El exministro ha tenido participación en una empresa familiar de tamaño considerable, plenamente operativa desde hace muchos años. Sorprendió también que dada la sofisticación (empresas fantasma en paraísos fiscales, y multiples transferencias cuyo rastro se acaba perdiendo), utilizadas en los últimos años por destacados miembros de la oligarquía mexicana para ocultar dinero, Medina Mora hiciese las transferencias “sospechosas” de cuentas a su nombre en México a otras cuentas, también a su nombre, en Reino Unido y Estados Unidos.

Pese a ello, la presión no cedió. De hecho, López Obrador, horas después de aceptar la renuncia de Medina Mora, en su rueda de prensa matutina, explicó que él entendía que Medina Mora renunciaba para poder hacer frente a “las investigaciones” que parecía tener abiertas. En plural: “No sé si una, dos, cuántas denuncias que se han interpuesto y que están en manos de la Fiscalía General de la República”, dijo el presidente. Según una de las fuentes consultadas, se trata de “una de las carpetas de investigación más abultadas de la historia de la UIF”, lo que alimenta las sospechas de que se buscaba presionar al entonces ministro de la Corte investigando a sus familiares. Santiago Nieto no ocultó sus divergencias con Medina Mora: “Evidentemente no me gusta su jurisprudencia, que cercenó una buena parte de las atribuciones de la UIF, y mucho menos el por qué de esa jurisprudencia, tenía qué ver con proteger a grupos o personas relacionadas con el Gobierno anterior, me parece que esa no es la función de un ministro y no podría decir más», aseguró Nieto tras la dimisión de Medina Mora.

A López Obrador se le propuso que cabía la posibilidad de mirar hacia otro lado y mantener a Medina Mora en el cargo. De esa forma, sostiene una de las fuentes, se evitarían suspicacias y se garantizarían, con la amenaza de una investigación en su contra, un voto a favor de forma permanente. El presidente, sin embargo, contestó aprobando la salida inmediata de Medina Mora de la Corte Suprema. El mismo día que presentó su renuncia, Medina Mora, que había decidido dimitir para no afectar a su entorno, según varias de la fuentes consultadas, recibió llamadas de presión del entorno más próximo de López Obrador. Preguntado por este diario también sobre este asunto, Julio Scherer, el consejero jurídico del presidente, no quiso responder.

La Constitución mexicana establece que los miembros de la Corte Suprema solo pueden renunciar por causa “grave”, prueba de que el constituyente quiso dotar de un blindaje especial a los miembros del alto tribunal frente a hipotéticas presiones del Ejecutivo. Medina Mora no especificó en su carta de renuncia cuáles eran sus razones, pese a lo cual, el presidente la aceptó y a continuación el Senado la ratificó, de nuevo, sin atender al mandato constitucional. Si alguien contaba con que la aceleración del ciclo de noticias y la establecida tradición política y periodística mexicana de discutir un asunto solo mientras aparece otro tema que entierra el anterior, acertó plenamente.

Pendiente del resultado final de las investigaciones, el ‘caso Medina Mora’ está efectivamente hoy enterrado en términos políticos. Pero su dimisión da una nueva oportunidad al Gobierno de incrementar su influencia en el poder judicial. El pasado viernes, el presidente dio a conocer la terna que ha propuesto al Senado para cubrir la vacante de Medina Mora. Una mujer sucederá al exministro. López Obrador plantea una elección entre una académica, Ana Laura Magaloni, y dos funcionarias de su propio Gobierno, Margarita Ríos Farjat (directora del SAT, la agencia tributaria) y Diana Álvarez Maury (subsecretaria de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos).

La de Magaloni ha sido la candidatura más aplaudida por expertos y analistas, pues la consideran la única independiente y con la trayectoria suficiente para dar un impulso de credibilidad a la Corte.

Los senadores deben elegir entre ellas, y conseguir una mayoría calificada para completar el tribunal. Fuentes del Gobierno de México aseguran que, antes de la elección, López Obrador, al menos en privado, expresará su preferencia.

La Corte, con su credibilidad en cuestión, deberá posicionarse en temas fundamentales como el de la Ley Bonilla, como se le conoce a la norma que Jaime Bonilla, gobernador de Baja California, de Morena, instrumentó para ampliar su mandato de dos a cinco años después de unos comicios en los que resultó elegido sólo para esos dos años. En el entorno más próximo al mandatario, y también en el seno de la Corte, varias fuentes aseguran que la decisión será revocada por el máximo organismo judicial.

A la espera de ver si la nueva ministra supone un soplo de aire fresco o resulta un instrumento más de control, la única certeza que parece haber es que se va a seguir purgando el sistema judicial, “una cofradía en la que hasta ahora unos se cubrían con otros”, según la descripción de una de las fuentes. Dos de los consultados aseguran que en las próximas semanas seguirán apareciendo casos de corrupción en la justicia. “No de ministros de la Corte, pero sí de jueces y magistrados”, señala una de las fuentes. En el entorno del presidente, celebran: “Se está moviendo esta chingadera cabrón”.

Fuente: elpaís

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