Las democracias en América Latina y el mundo viven un periodo de inestabilidad y erosión generalizada. Los hechos políticos y electorales de la última década confirman una creciente ola de debilitamiento de los contrapesos institucionales y políticos, radicalización de agendas conservadoras, polarización social y deslegitimación democrática frente a la complejidad y desafíos del actual contexto. México no es la excepción.
Hace un par de semanas, el reconocido estudio de opinión pública Latinobarómetro publicó su más reciente informe en el que recoge la percepción ciudadana de las democracias en América Latina. Es un estudio cuya desagregación por país permite realizar análisis comparativos que posibilitan el cruce de la percepción de legitimidad o aceptación de las democracias con otras variables y coyunturas políticas específicas que afectan a determinados territorios, por lo que merece la pena echar un vistazo a los resultados arrojados respecto de México.
En términos estadísticos, la población en México es de las que menos respaldan la democracia en comparación con el promedio regional. Apenas 45 por ciento de la población encuestada respondió preferir la democracia frente a cualquier otra forma de gobierno, lo que significa una disminución porcentual de 4 puntos frente a los resultados de 2024 y 7 puntos por debajo del promedio en América Latina. Asimismo, 53 por ciento de la población estaría dispuesta a aceptar un gobierno no democrático que resuelva los problemas y 63 por ciento considera aceptable que el gobierno ejerza ciertos niveles de mano dura.
Respecto a la confianza en las instituciones, se confirma que la legitimidad de los contrapesos institucionales en México es especialmente baja, con una confianza inferior a 30 por ciento en instituciones como los gobiernos, el Congreso, el Poder Judicial y los partidos políticos. De igual modo, 77 por ciento no confía en que los impuestos se gasten bien y 42 por ciento considera que la democracia puede funcionar sin oposición.
En suma, con el bajo respaldo a la democracia, baja confianza institucional y alta tolerancia a la posibilidad de un gobierno no democrático pero eficaz, México parece presentar condiciones de alta permisividad a la concentración de poder, como en efecto ha ocurrido en los últimos sexenios.
En sintonía con lo anterior, el Latinobarómetro permite evaluar no sólo la percepción de nuestras democracias como fin en sí mismas, sino como medio para garantizar derechos. En ese sentido, la crisis de derechos humanos que atraviesa nuestro país debe también leerse en clave de debilitamiento democrático, especialmente frente a la erosión de los organismos autónomos, la deslegitimación de la sociedad civil desde el poder, el retroceso en la división de poderes y la militarización de funciones públicas.
En temas de seguridad ciudadana y macrocriminalidad, por ejemplo, México tiene una de las confianzas más bajas hacia su policía, con apenas 26 por ciento, que contrasta con 50 por ciento de confianza que se concede a las fuerzas armadas, 7 puntos por encima del promedio de América Latina. Al mismo tiempo, México presenta una de las tasas de victimización más elevadas y percepción muy alta del poderío del crimen organizado. La correlación de estos factores ofrece un panorama desalentador de respaldo a la militarización de la seguridad, pero también de otras funciones públicas, lo que supone un alto riesgo de retroceso en materia de garantía de derechos humanos, tal como se ha documentado ampliamente por la sociedad civil.
En términos generales, los resultados del Latinobarómetro son un buen reflejo de la salud de las democracias en nuestra región. Más allá de las filiaciones ideológicas de los gobiernos en turno, en general las democracias enfrentan retrocesos preocupantes provocados tanto por el debilitamiento institucional como por la disminución de la estimación de la democracia entre la sociedad.
La preocupación va más allá de la defensa de la democracia formal y procedimental. La apertura del gobierno para la intervención social en la toma de decisiones y la presencia de contrapesos garantes del equilibrio de poderes es condición de posibilidad para el efectivo respeto a los derechos humanos. Frente a un contexto político global cada vez más marcado por expresiones autoritarias, el fortalecimiento de la calidad democrática de nuestros sistemas políticos es imprescindible para una efectiva traducción de las decisiones públicas en la garantía de la dignidad de la vida de nuestros pueblos.
fuente: lajornada
