Por: Matilde Pérez*
Visibilizar los impactos del patriarcado, la misoginia y el machismo sistémico ha sido una lucha de miles de mujeres, en todas sus diversidades. Nuestra lucha, ha tomado diferentes formas y ha acompañado nuestras demandas por la garantía de nuestro derecho a la libertad, a una vida libre de violencia, a la educación, a la salud, a la justicia y a nuestros derechos sexuales y reproductivos.
Y es que los avances normativos e institucionales logrados en materia de salud sexual y reproductiva son, en gran parte, resultado de más de dos décadas de lucha de organizaciones feministas y del movimiento amplio de mujeres. Uno de nuestros logros fue transformar ciertas prácticas de opacidad para dar paso a un sistema institucional más transparente y que rindiera cuentas sobre los recursos destinados a salud sexual y reproductiva que se otorgan a las entidades federativas. No obstante, hoy en día no sabemos exactamente con cuántos recursos presupuestarios cuenta el Estado mexicano para implementar la política pública de salud sexual y reproductiva.
Por un lado, la implementación del Anexo 13 para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación, como herramienta de transparencia, ha permitido dar seguimiento y reducir el margen de discrecionalidad en la asignación y ejercicio de los recursos públicos para lograr implementar los avances normativos e institucionales en la materia. Sin embargo, una limitante es que está desvinculado de la política de igualdad y necesita fortalecerse.
Otra herramienta de transparencia y rendición de cuentas que el movimiento feminista ha logrado, es el mecanismo para la transferencia de recursos financieros e insumos, llamado Acuerdo para el Fortalecimiento de las Acciones de Salud Pública en los Estados (AFASPE), que cada una de las entidades firma con la Secretaría de Salud Federal y que concentra información sobre el monto de recursos públicos que se transfiere a cada entidad federativa para implementar, entre otras, la política de salud sexual y reproductiva de las mujeres sin seguridad social y en mayor situación de vulnerabilidad. Dicho convenio contenía información sobre las acciones que cada entidad comprometía para avanzar sus metas e indicadores, así como los montos de recursos presupuestarios e insumos que cada entidad federativa tendría disponible. Estos convenios se publicaban desde 2012[1] en el portal de la Secretaría de Salud; sin embargo, dejaron de publicarse en 2023 y, recientemente, solo a través del acceso a la información, sabemos que para ese año no se firmaron, sin que a la fecha se señalen las razones de la omisión y/o qué otra herramienta se implementará para el seguimiento de la política de salud sexual y reproductiva. Lo que representa un retroceso importante, porque no contamos con información sobre el monto de recursos para cada componente de los programas que se incluyen en el AFASPE.
En 2010, para que la Secretaría de Salud Federal (SSA) pudiera dar seguimiento a los convenios AFASPE se creó un sistema o base de datos de uso interno[2], que concentraba el registro de información presupuestaria e identificaba el gasto a nivel de programa, estrategia, línea de acción, actividad, acción específica, intervención en salud, fuente de financiamiento, partida presupuestal, bien o servicio, cantidad y precio unitario y el respaldo del ejercicio de los recursos y acciones de prevención y promoción, entre otras, de la Salud Sexual y Reproductiva.
Cada año, a través del ejercicio del derecho la información, las organizaciones de la sociedad civil y periodistas solicitábamos y accedíamos a la información de esta base de datos, lo que nos permitía dar seguimiento a la política de salud sexual y reproductiva y analizar los recursos asignados y ejercidos en cada estado; por ejemplo, pudimos identificar que los recursos ejercidos por los estados para financiar los servicios del componente de aborto seguro en sus sistemas de salud, en 2022, fueron de sólo 56 millones de pesos. Esta cifra es muy baja considerando su despenalización voluntaria en al menos doce entidades. Pero al igual que con los convenios AFASPE, no hemos podido acceder a toda la información de la base de datos desde 2021.
Es preocupante que no podamos acceder a información o a los mecanismos de rendición de cuentas que nos permitían vigilar el avance de nuestros derechos, y esta opacidad se ve agravada por los ataques e iniciativas del Poder Ejecutivo contra las instituciones de transparencia. Por ello, este 8M marchamos también para poder decidir con autonomía sobre nuestros cuerpos y acceder a servicios de salud de calidad, integrales, interculturales, seguros, sin corrupción, ni discriminación y con buen trato. La Secretaría de Salud, el IMSS-Bienestar y las entidades federativas deben reestablecer los mecanismos de transparencia que se han debilitado para que se pueda rendir cuentas sobre el ejercicio de los recursos disponibles para garantizar nuestro derecho a la salud sexual y reproductiva. La opacidad favorece la corrupción y limita el goce y ejercicio de nuestros derechos humanos. Ni un paso atrás.
Fuente: sinembargo
