Yucatán, el estado que tengo el honor de representar y servir en el Senado de la República, ha sido desde dos décadas una positiva excepción nacional.
Mientras gran parte del país sufría del desgobierno crónico al que la ciudadanía decidió poner fin en el 2018, Yucatán era y continúa siendo el estado más seguro del país. La entidad atrae -sobre la base de una gobernabilidad efectiva- cuantiosas inversiones, industrias tecnológicas, agronegocios de punta y un creciente número de familias que llegan en busca de oportunidades y calidad de vida.
Yucatán es excepcional como un estado seguro y en crecimiento, algo que el propio Presidente de la República ha reconocido. Sin embargo, hay algo en lo que el estado no es la positiva excepción: en Yucatán básicamente el 50% de la población se encuentra en estado de pobreza, un porcentaje superior a la media nacional y únicamente 1 de cada 5 yucatecos no es vulnerable a caer en la pobreza.
Un estado que ha sido ejemplo en la creación de prosperidad no ha sido ejemplo en su capacidad para compartirla. Eso es un riesgo social que no puede ignorarse.
El crecimiento del estado ha hecho más agudos y visibles los contrastes sociales. Nunca las diferencias en ingreso habían sido tan obvias. La prosperidad se ha concentrado en unas cuantas manos y eso se nota en fraccionamientos residenciales, parque vehicular de lujo y centros de consumo de altos precios para un grupo reducido y, curiosamente, cada vez más indiscreto en sus despliegues de poder adquisitivo.
La prosperidad no compartida empieza a ser un factor que presiona la gobernabilidad social en Yucatán, es tiempo de reconocerlo y actuar con inteligencia, responsabilidad social y humanismo.
El estado ya tiene algo que se ha denominado el “Proyecto Yucatán”, que es un amplio consenso respecto al rumbo económico, uno que ha sido capaz de sostenerse por cuatro sexenios y aún en la alternancia de partidos en el poder. Ese modelo de desarrollo es valioso, debe sostenerse y, especialmente, mejorarse. La mejora urgente es darle un capítulo de justicia social que blinde a la comunidad, que haga sentir a todos los yucatecos beneficiarios de la prosperidad que se está creando con el esfuerzo de todos y todas.
Si no se comparte la prosperidad en Yucatán, los sentimientos de fraternidad y solidaridad que dan seguridad y paz social se van a erosionar y estará en riesgo todo. La fase económica pura del Proyecto Yucatán ya está encaminada, ahora el reto es tener sensibilidad y humanismo para sumarle la fase social que asegurará que el estado sea una excepcionalidad integral. Si hay un lugar perfecto en México para demostrar que crecimiento y justicia social no son conceptos opuestos, ese lugar es Yucatán. Ahí está la oportunidad.
POR RAÚL PAZ
SENASDOR DE LA REPÚBLICA POR MORENA
