Se aprovechó de la enfermedad de su hija para enriquecerse. El Tribunal Supremo ha confirmado la condena de cinco años de prisión para Fernando Blanco, por estafa agravada, al haberse embolsado 402.000 euros a través de donativos que reclamó bajo el pretexto de sufragar tratamiento médicos de la menor, Nadia. La madre de la niña, Margarita Grau, fue condenada a tres años de cárcel por el mismo delito, pero en su caso, ésta no recurrió ante el Alto tribunal.
En un fallo, fechado el pasado 29 de junio, la Sala de lo Penal rechaza así el recurso que Blanco interpuso contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que confirmó que la pareja urdió un plan, aprovechando la enfermedad rara de su hija, para obtener lucro patrimonial ilícito. Lo hicieron a través de la asociación que fundaron, cuyo objeto social era recaudar fondos para la investigación de la tricotiodistrofia, dolencia rara que provoca alteraciones cutáneas, oftalmológicas y trastorno del desarrollo y del lenguaje, pero sin riesgo vital inminente.
Pero en realidad, reza la resolución, la finalidad de los progenitores «era obtener el enriquecimiento personal». Él figuraba en los estatutos de la entidad como presidente y ella, como tesorera. Entre 2010 y 2016, recuerda ahora el Supremo, ambos se prodigaron por los platós de televisión, acompañados de su hija. Explicaron que necesitaba sufragar «costosos tratamientos e intervenciones quirúrgicas» en Houston (EE.UU.) y facilitaron el número de cuenta de la asociación.
Consideran así los magistrados que, «apelando a la generosidad del público, ante la urgencia de costosas atenciones médicas irreales y anunciando un desenlace de compromiso vital inminente de no recibir tales cuidados, también irreales», Fernando y Margarita consiguieron hacerse con cuantiosos donativos de decenas de personas que «de buena fe y mejor voluntad» creían contribuir a la curación de Nadia.
Así, «la ficción generada por los acusados se basaba en una relación de confianza, derivada de la agobiante situación que presentaban, lo que no daba lugar a una investigación derivada de desconfianza», sostiene la Sala.
A pesar de la sentencia, queda pendiente de resolver otro recurso de casación, relativo a los pronunciamientos civiles, por las indemnizaciones que ordenó la Audiencia de Lérida.
Fuente: ABC
