La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel Mossa, advirtió que la corrupción limita el ejercicio de derechos humanos, como servicios médicos, opciones educativas, viviendas dignas, alimentación suficiente, la seguridad social y el nivel de vida adecuado.
Las dificultades para acabar con la corrupción en México se han debido, sobre todo, a la simulación y complicidad en la que, por décadas, vivieron muchos políticos y servidores públicos, y a la ineficacia de las estrategias emprendidas en el pasado reciente para erradicarla, manifestó.
La corrupción, señaló la ministra, es el segundo problema que los mexicanos perciben como más importante a nivel nacional, sólo después de la inseguridad y la delincuencia, por encima del desempleo.
Durante su participación en el Congreso Nacional “La justicia administrativa en el nuevo proyecto de país”, en Tijuana, organizado por la Asociación de Magistrados de Tribunales de Justicia Administrativa, Esquivel Mossa lamentó la forma en que la corrupción afecta los derechos humanos en México.
“Afecta a los derechos humanos por distintas razones: porque al solicitar sobornos se condicionan o encarecen servicios públicos; porque se inhibe la inversión que genera empleos e impulsa el crecimiento; porque realizando cobros (y pagos) ilegales se permiten acciones prohibidas”, expuso.
“Y dada la disminución de recursos públicos que tiene lugar cuando se desvían o malversan, en lugar de destinarse a políticas, programas y acciones en beneficio de la sociedad”.
Prácticas deshonestas y fraudulentas, como sobornos, desvío de recursos y tráfico de influencias, mencionó la ministra, condicionan el ejercicio del derecho humano de acceso a la justicia, principalmente, tratándose de personas en situación de pobreza.
“De por sí batallan mucho para comprender y llevar cualquier juicio, ahora imagínense que además tienen que pagar sobornos y enfrentar abusos”.
La ministra de la SCJN llamó a construir una hoja de ruta y a emprender acciones para cumplir con la obligación de propiciar la plena efectividad de los derechos humanos de todas las personas, a partir de disminuir los elevados índices de corrupción.
Fuente: eluniversal
