El bloqueo masivo de cuentas altera la presunción de inocencia, ya que exige al usuario probar el origen lícito de su dinero ante la autoridad financiera
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha procedido al congelamiento de 24,622 cuentas bancarias que presentan vínculos con el crimen organizado. Esta medida administrativa, que busca frenar el flujo de capitales presuntamente ilícitos, fue analizada por la especialista en cumplimiento normativo e investigaciones corporativas, Michelle Levien, quien destacó la magnitud de la intervención gubernamental en el sistema financiero nacional.
De acuerdo con la especialista, esta acción no constituye una sanción penal, sino una herramienta de inteligencia para evitar la dispersión de recursos mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes. El objetivo principal es impedir que el dinero sea transferido internacionalmente o desaparezca del sistema bancario antes de que las autoridades puedan determinar su procedencia y destino final.
«La Unidad de Inteligencia Financiera, recordemos que es la máxima autoridad para prevenir el lavado. Ellos tienen este poder súper importante de congelarme mi cuenta de bancos si piensan que yo estoy metido en la cama con los malos.», dijo la especialista en entrevista para El Heraldo Radio.
El impacto en terceros y la presunción de inocencia
«Esto es inmediato, no es un castigo, no es una pena, legalmente no es una pena, aunque sí que duele. Lo que quieren es que el dinero no se mueva para poder investigar el fondo de de dónde sale, hacia dónde va y que no se vaya a mover rápido con una transferencia internacional y al rato ya está desaparecido», dijo.
El bloqueo de cuentas puede afectar no solo a los integrantes de organizaciones criminales, sino también a personas que realizaron transacciones comerciales con individuos bajo sospecha.
Este escenario plantea retos legales significativos, ya que la medida administrativa altera el principio tradicional de presunción de inocencia, trasladando al ciudadano la carga de demostrar la licitud de sus operaciones financieras ante las autoridades judiciales.
Cooperación internacional y alcances de la medida
La información utilizada por la UIF para ejecutar estos bloqueos suele provenir de indicios obtenidos a través de canales de comunicación con agencias de inteligencia de otros países, incluyendo a Estados Unidos.
Aunque las cifras de cuentas inmovilizadas representan una cantidad considerable de recursos, los especialistas señalan que el volumen de dinero que se estima es lavado anualmente en México supera por mucho el impacto actual de estas acciones, lo que sugiere que aún existen desafíos estructurales para desarticular las redes financieras del crimen organizado.
«Se estima que alrededor de 40,000 millones de dólares se están lavando en México. Entonces a nosotros nos dicen 20 y tantas mil cuentas, 8 mil millones de pesos, pues es muchisisísimo dinero, pero todavía no le hace la mella que debería hacerle al crimen organizado.»
Fuente: Heraldo de México
