Chiapas, una región históricamente marcada por la violencia y la resistencia, enfrenta actualmente una situación preocupante. A las violencias históricas que han afectado al estado, como la colonial, capitalista, industrial y paramilitar, se ha sumado una nueva forma que ha desencadenado numerosos episodios violentos y ha perpetuado el desplazamiento de miles de personas e incluso comunidades enteras: la violencia armada perpetrada por grupos de la delincuencia organizada.
“La violencia colonial, la violencia capitalista, la violencia paramilitar y la violencia militar se han combinado ahora con la violencia del crimen organizado. Es decir, como si no hubiera suficientes problemas, ahora llega la violencia del crimen organizado”, señaló en una entrevista con SinEmbargo el sociólogo Raúl Romero, académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Chiapas es uno de los nueve estados que tendrán elecciones el próximo año. El 2 de junio de 2024 se elegirán, además del cargo de Gobernador, 40 diputados estatales, de los cuales 24 serán elegidos por mayoría relativa y 16 mediante representación proporcional, así como la renovación de 124 ayuntamientos, es decir, presidentes municipales, síndicos y sus respectivos regidores.
Sin embargo, esta entidad llegará al proceso electoral sumida en una violencia constante que día a día se intensifica, pero que, según expertos y analistas, se invisibiliza.
Las cifras de incidencia delictiva que se envían y recopila el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de homicidios dolosos, secuestros y extorsiones no reflejan la realidad violenta de la región. Esta se muestra a través de los desplazamientos masivos de habitantes y el aumento del número de desapariciones que, tan solo en el año 2022, crecieron al menos un 36 por ciento, así como los ataques a poblaciones desplazadas.
“La disputa del crimen organizado por distintos tipos de mercados ha llegado ya hasta San Cristóbal, Tapachula y prácticamente todo Chiapas está en esa disputa entre varios cárteles, pero dos de ellos ya están disputando directamente el control del territorio: el Cártel de Sinaloa y el Cártel de Jalisco Nueva Generación”, detalló Romero.
El académico explicó que la creciente violencia por parte del crimen organizado se suma a la combinación de violencias históricas que ha experimentado Chiapas a lo largo de los años.
En primer lugar, la violencia colonial, que ha persistido durante más de 500 años, desde la Conquista y Colonización hasta fecha, y que se manifiesta en la disputa por los territorios, donde proyectos cafetaleros y finqueros, herederos de las estructuras coloniales, han despojado a los pueblos mayas de sus tierras.
La región también se ha visto afectada por la violencia “industrial y capitalista”, derivada de los megaproyectos.
El académico reprochó que en lugar de abordar las demandas de los zapatistas y los pueblos originarios para resolver los problemas estructurales, el Estado optó por militarizar la zona y respaldar a grupos paramilitares, lo que ha generado otro tipo de violencia: la paramilitar y militar.
Estos grupos, entrenados, financiados y protegidos por el Estado mexicano, cometieron y continúan cometiendo graves crímenes. Un ejemplo trágico de esta violencia ocurrió en diciembre de 1997, cuando grupos paramilitares asesinaron a 45 personas indígenas en Acteal mientras rezaban por la paz.
El especialista resaltó que todas estas formas de violencia convergen en la actualidad en Chiapas, generando un profundo malestar entre las comunidades que han sufrido atrocidades como desapariciones forzadas, feminicidios, desplazamientos forzados, secuestros y ejecuciones en masacres.
“Sabemos que ahora no sólo se trata del trasiego de drogas o del cultivo, sino que también está relacionado con el tráfico de personas, el tráfico de mujeres, la extorsión y otros negocios de diversos tipos. Estos negocios están relacionados incluso con el control de tortillerías, el control de pollerías y prácticamente con todos los aspectos de la vida cotidiana”, añadió.
Esta situación ha encendido las alertas y la preocupación de organizaciones de derechos humanos, activistas y expertos, pues existe un temor creciente de que esta situación pueda desencadenar una guerra civil y comunitaria en Chiapas, según ha alertado el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el EZLN.
De acuerdo con el académico Raúl Romero, las poblaciones civiles, incluyendo aquellas relacionadas con el movimiento zapatista y otras con una tradición de resistencia, podrían decidir responder y defenderse ante la violencia.
“Todas esas violencias se combinan hoy en Chiapas y hacen que las poblaciones, hartas de todas estas atrocidades que viven, como desapariciones forzadas, feminicidios, desplazamientos forzados, secuestros y ejecuciones en masacres, se vean tentadas o sientan la necesidad de organizarse y responder de alguna forma. Y eso también es lo que estamos presenciando: el surgimiento de grupos de autodefensa, que se suman a todos estos grupos armados (militares, Guardia Nacional, paramilitares, narcoparamilitares; también hay que mencionar la combinación entre paramilitarismo y crimen organizado que se está dando) y que hoy ponen a Chiapas al borde de una guerra civil”, sentenció.
El académico explicó que lo que se observa en Chiapas, a diferencia de otros estados afectados por la violencia y que hace temer que en la región pueda desatarse una guerra civil, se debe a la diversidad de actores involucrados, así como a una permisividad por parte de todos los niveles de gobierno.
“Desde 2021, el EZLN hizo este diagnóstico y nos señaló precisamente la combinación de todos estos grupos: paramilitares, narco paramilitares, Ejército, Guardia Nacional y grupos del crimen organizado. Las autodefensas también entran en juego, lo que está llevando a la población a no poder soportar más este clima de violencia. La población civil, es decir, los pueblos y las organizaciones comunitarias, se ven en la necesidad de revivir sus antiguas estructuras de policías y guardias comunitarias. Ante la inoperancia y permisividad del Estado, muchos de estos grupos, acostumbrados a defender sus territorios, podrían decidir responder nuevamente de esta manera, es decir, mediante sus propias policías o guardias y estructuras comunitarias, para protegerse de los ataques del crimen organizado”, dijo.
Otro factor que genera inquietud, abundó, es el clima político pre-electoral que se vive en la región, donde los conflictos pueden ser utilizados para posicionar figuras o candidaturas tanto a nivel local como presidencial.
Además, la región sureste de México, donde se encuentra Chiapas, es considerada estratégica tanto por sus recursos naturales como por los megaproyectos en marcha.
Según el académico, esto la convierte en un punto de interés político y electoral, en el cual diversos actores, incluyendo militares, fuerzas políticas, partidos políticos y grupos de poder, tienen un fuerte interés en establecer provocaciones que podrían desencadenar una explosividad social de alto riesgo.
LA ESCALADA DE VIOLENCIA ARMADA
Apenas el 3 de junio, un grupo de hombres armados atacó un refugio de indígenas tsotsiles desplazados en el municipio de Chenalhó, dejando al menos siete personas muertas y tres heridas.
La Fiscalía General de Justicia de Chiapas confirmó que el ataque ocurrió la tarde-noche del viernes, cuando un grupo de personas armadas se presentó en una bodega ubicada en la comunidad de Polhó, municipio de Chenalhó, donde se encuentran refugiadas personas desplazadas de la comunidad Santa Martha. Allí comenzaron a realizar disparos con armas de fuego.
A estos hechos se suman una intensa jornada violenta que vivió la región los días 24 y 25 de mayo, principalmente en los municipios de Frontera Comalapa, Chicomuselo, La Trinitaria y Amatenango de la Frontera.
En Comalapa, Chiapas, por ejemplo, familias enteras tuvieron que huir de sus casas ante la escalada de violencia que ha sumido a sus pobladores en un constante fuego cruzado, reclutamientos forzados y desapariciones.
En videos difundidos el 26 de mayo se observa el momento en que familias completas huyen del municipio de Frontera Comalapa y medios locales explicaban que en diversas colonias se declaró alerta máxima y se solicitaba ayuda debido a que delincuentes entraban a algunas casas para llevarse a seis jóvenes.
Un día después, por redes sociales circuló un video adjudicado a presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación, quienes amenazan con sacar a sus enemigos del territorio chiapaneco.
La Red TDT, que reúne a colectivos de derechos humanos de todo el país, denunció que en esa jornada comunidades enteras quedaron incomunicadas debido a bloqueos de carreteras y caminos. Además, se suspendieron las clases en las escuelas y se registraron cortes de luz eléctrica, agravando aún más la situación de incomunicación de la población.
Otros incidentes reportados incluyen la quema de vehículos, la aparición de una narcomanta, enfrentamientos armados, amenazas de allanamiento de viviendas para revisar teléfonos celulares, secuestros, reclutamiento forzado de hombres de las comunidades y asesinatos de aquellos que se oponen a estas acciones violentas.
Por su parte, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas también denunció el 26 de mayo que, a través de casos reportados y diálogos con iglesias y organizaciones que trabajan en la zona, la violencia se había incrementado de manera alarmante en el municipio debido a acciones del crimen organizado contra las comunidades. Sin embargo, debido al clima sumamente grave y difícil, se dificultaba documentar dichos hechos.
“El municipio de Frontera Comalapa, Chiapas, vive una profunda crisis derivada de la espiral de violencia que se ha vivido en esta región y que se ha intensificado en los últimos días, vulnerando el derecho a la vida e integridad personal de comunidades y pueblos, debido a la disputa territorial de grupos armados pertenecientes a la delincuencia bajo el auspicio y observancia de los gobiernos municipal, estatal y federal”, detalla un comunicado difundido.
Días atrás, los habitantes de la cabecera municipal de Frontera Comalapa intentaron manifestarse en el lugar conocido como “la pluma” para solicitar la intervención de las autoridades del Gobierno federal; sin embargo, fueron obligados a retirarse.
Previamente, es decir, un día antes, pobladores también habían compartido una serie de videos donde reportaban al menos 60 muertes, entre ellas la de un niño que fue víctima del fuego cruzado.
La Red TDT explicó que la pugna entre los grupos de la delincuencia organizada ha traído consecuencias “devastadoras” para los habitantes de Chiapas, quienes son víctimas de múltiples delitos que van desde robos, extorsiones y secuestros hasta levantamiento de puestos de comercio y despojo de otros medios de vida.
“Los conflictos por el control territorial entre diferentes grupos del crimen organizado en la Región Frontera de Chiapas han traído consecuencias devastadoras para sus habitantes como robos, extorsiones, levantamiento de puestos de comercio y despojo de otros medios de vida, secuestros, desapariciones forzadas, reclutamiento forzado, amenazas de muerte, desplazamiento forzado, feminicidios y asesinatos. Estas agresiones se han convertido ahora en parte de su cotidianidad, viviendo el terror como mecanismo de control de la población y de sus territorios por parte de estos grupos delictivos”, alertó la red de colectivos desde el mes pasado.
Por su parte, la Red por los Derechos de las Infancias y Adolescencias en Chiapas (REDIAS) también manifestó su preocupación por la escalada de la violencia armada en la entidad, especialmente por los hechos más recientes en la Frontera Sur y Chenalhó, a finales de mayo e inicios de junio, los cuales han generado graves impactos negativos en niñas, niños y adolescentes.
“En estas situaciones de violencia extrema, niñas, niños y adolescentes están expuestos a perder la vida y sufrir daños irreparables en su salud, integridad, vivienda y patrimonio. El temor y el desplazamiento les impiden regresar a las escuelas, y la falta de actuación de las instituciones para prevenir y atender estas situaciones los coloca en riesgo de ser utilizados por grupos criminales”, pronunció la organización.
Por su parte, el Comité Digna Ochoa informó a principios de junio que, hasta ese momento, al menos 3 mil personas, incluyendo niños, hombres, mujeres y adultos mayores, se han visto obligadas a desplazarse hacia diferentes lugares, como Barrio El Corralito, Absalón Castellanos, Santo Domingo, Ejido Benito Juárez, Ejido Nicolás Bravo, Ejido Costa Rica, Ejido Mazapa y Ejido Candelaria.
DESPLAZAMIENTO Y DESAPARICIÓN
La violencia no se ha reflejado en las cifras oficiales de homicidios dolosos o secuestros, ya que el número de víctimas de homicidio doloso reportados en Chiapas de enero a mayo de 2023 se sitúa en 195 casos, cifra que no varía en absoluto en comparación con el mismo periodo del año anterior, que también acumuló 194 casos.
Por otro lado, en el año 2022, con un total de 428 víctimas, se registró un descenso del 14.74 por ciento en comparación con el año 2021, que registró 502 víctimas.
Sin embargo, otros indicadores muestran las consecuencias de la violencia que enfrenta Chiapas. El informe “Chiapas un desastre, entre la violencia criminal y la complicidad del Estado” del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) reveló que en la región, al menos 16 mil 755 personas fueron desplazadas en Chiapas desde 2010 hasta 2022.
Además, entre 2018 y 2022, aproximadamente 3 mil 499 personas de Aldama y 5 mil 023 de Chalchihuitán se vieron obligadas a desplazarse de forma intermitente y permanente.
“En Chiapas nos encontramos en medio de una diversificación y opacidad de grupos armados que utilizan la violencia para el control social, político, económico y territorial, marcada por la continuidad de una estrategia contrainsurgente; así como una impunidad fomentada por actores estatales que contribuye al despojo, explotación y marginación social. El aumento de esta violencia ha dejado graves violaciones a los derechos humanos, entre las que destacan situaciones de desplazamiento forzado masivo e intermitente, desapariciones, despojo de tierras, asesinatos, tortura, entre otros”, explica el informe del Frayba.
Las desapariciones en la región también son un indicador que muestra la creciente violencia. Al menos 1,214 personas, 766 hombres y 448 mujeres, han sido reportadas como desaparecidas y no localizadas en Chiapas desde que se tiene registro hasta el corte del 15 de junio del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas de la Comisión Nacional de Búsqueda.
Durante el año 2022, el número de personas desaparecidas aumentó en un 36.92 por ciento, con al menos 330 reportes, en comparación con los 241 registrados en 2021.
Del total histórico de personas desaparecidas, el mayor número se concentra en el municipio de Tuxtla Gutiérrez con 210 reportes, seguido de Tapachula con 138, Comitán de Domínguez con 97, San Cristóbal de las Casas con 634 y Frontera Comalapa con 63.
