El temor a la expulsión y otras represalias evita que las personas trabajadoras migrantes denuncien las violaciones o cooperen en la investigación de las autoridades, ha reconocido el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés).
Atendiendo esto, el DHS anunció que las personas migrantes e inmigrantes víctimas de algún tipo de violación, o testigos de ella, podrán permanecer dos años en Estados Unidos con un permiso para laborar si dan aviso a las agencias gubernamentales.
La nueva política fue publicada hace unos días y señala que las trabajadoras y los trabajadores migrantes podrán “acceder a un proceso simplificado y acelerado de solicitud de acción diferida”. Este tipo de medida implica la protección para evitar la deportación. Quienes demuestren “una necesidad económica para el empleo”, obtendrán un permiso para trabajar.
Esto “es una gran victoria”, señala a El Economista Ann Garcia, abogada de la agrupación Proyecto Nacional de Inmigración (NIPNLG, por sus siglas en inglés), con sede en Washington. “Es el resultado de una organización increíble por parte de trabajadores, organizadores laborales y organizaciones de inmigración y derechos civiles”.
“Esta nueva política trabajará para eliminar el miedo que muchos trabajadores inmigrantes tienen cuando consideran denunciar abusos laborales, y eliminará el conflicto contraproducente entre las agencias laborales y de inmigración en los Estados Unidos”, agrega.
Sin embargo, pondera, el gobierno estadounidense tiene que hacer mucho más para cuidar a los trabajadores y trabajadoras inmigrantes. “Esto incluye la aprobación de la Ley Power, que consagraría protecciones laborales críticas para los inmigrantes y contiene una salvaguardia vital contra las represalias de los empleadores”.
Buscar asesoría legal, el primer paso
En 2021, el 17% de la fuerza laboral estadounidense era nacida en el extranjero, de acuerdo con el último reporte anual de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, por sus siglas en inglés).
“Los empleadores sin escrúpulos que se aprovechan de la vulnerabilidad de los trabajadores no ciudadanos dañan a todos los trabajadores y perjudican a las empresas que cumplen con las reglas», señaló el DHS en un boletín. “Responsabilizaremos a estos actores depredadores, alentando a todos los trabajadores a hacer valer sus derechos, denunciar las violaciones que han sufrido u observado y cooperar en las investigaciones de normas laborales”.
Su condición migratoria, ya sea regular o irregular, es utilizada por muchos empleadores para evitar el pago de salarios, ahorrarse gastos al no proveerles condiciones laborales y de vivienda dignas, para que laboren más de lo convenido o realicen actividades en contra de su voluntad, tal como lo ha documentado el Centro de Derechos del Migrante (CDM).
La amenaza más recurrente es la deportación. Incluso si viajan con visa de trabajo temporal, ya que si las personas migrantes son despedidas del centro laboral que les contrató no pueden buscar una vacante en otra empresa ni permanecer en el país.
Esta nueva medida de protección ayudará a “cualquier trabajador inmigrante que se encuentre dentro del alcance de la investigación de la agencia laboral”, comenta Ann Garcia. “No se limita a inmigrantes en un cierto tipo de estatus migratorio o en estatus no legal”.
Sin embargo, “es muy importante que los inmigrantes trabajen con un abogado de inmigración calificado para evaluar el riesgo para ellos personalmente en función de su propio historial de inmigración antes de presentar una solicitud bajo este nuevo proceso”.
Cómo aplicar a este beneficio
Para obtener la acción diferida, las personas interesadas tienen que ingresar a la página del DHS. Ahí se indicará en español y en inglés los requisitos y dónde presentarlos, algunos de ellos son la petición de acción diferida por escrito y firmada, una carta o declaración de interés de una agencia laboral o de empleo que respalde la solicitud, pruebas de que trabajan en ese país.
Las peticiones se recibirán en un área especializada del DHS para agilizar el proceso, “revisar eficientemente estas solicitudes urgentes, proporcionar seguridad adicional a los trabajadores elegibles caso por caso y apoyar de manera más sólida la misión de las agencias laborales”, destacó la autoridad estadounidense.
El DHS proporcionará, además, una nueva guía a las agencias del gobierno estadounidense que se encargan de temas laborales para que puedan buscar la acción diferida para ciertos trabajadores.
Las nuevas medidas “promueven el compromiso de la administración Biden-Harris de empoderar a los trabajadores y mejorar las condiciones del lugar de trabajo al permitir que todos los trabajadores, incluidos los no ciudadanos, hagan valer sus derechos legales”, señaló el DHS.
“A través de estos esfuerzos, y con nuestros socios de agencias laborales, protegeremos efectivamente el mercado laboral estadounidense, las condiciones del lugar de trabajo estadounidense y la dignidad de los trabajadores que impulsan nuestra economía”, señaló el DHS.
