Los Estados tienen muchas responsabilidades y recaudan poco. La solución que han encontrado es endeudarse, pero con poca asesoría y transparencia efectiva sobre sus decisiones, por lo que dos graves errores han comenzado a permear las finanzas locales.
El primero es que los términos de las deudas son con frecuencia demasiado favorables para la banca y tremendamente adversos para los gobiernos. La banca se ha aprovechado de la necesidad de recursos de los Estados para diseñar mecanismos que le permiten prestar con alto interés y poco riesgo.
Uno de ellos, quizá el más utilizado, es requerir que los gobernadores utilicen como fuente de pago para la deuda las participaciones federales o ingresos locales. Esto reduce enormemente el riesgo de impago porque asegura que las deudas se salden con un dinero que no dejará de fluir a menos de que el Estado mexicano colapse – algo muy improbable.
El mecanismo, en ocasiones, es acompañado con la creación de un fideicomiso que obliga a depositar las participaciones en él, antes de que se canalicen a cualquier otro gasto público. Así, el banco es el primero en cobrarse: el ciudadano número uno entre millones. Además, se piden depósitos promedio del doble del pago para asegurar pagos futuros.
Con estas condiciones el riesgo para la banca es muy bajo y por tanto, las tasas de interés también deberían serlo. No es así. Actualmente hay 553 créditos en 29 entidades y 172 municipios cuya fuente de pago son las participaciones o ingresos locales, y de estos varios tienen intereses altísimos.
Destacan tres casos que levantan cejas:
El primero es una deuda adquirida durante el sexenio de Alfredo del Mazo para rehabilitar la red carretera del sur del Estado de México con una tasa de interés 1215 puntos base por encima de la TIIE. La deuda por 4.800 millones de pesos es muy favorable para la banca (dejándole cientos de millones de ganancias por intereses), pero es tremendamente adversa para la gente. Además, hasta hace unos meses la rehabilitación no había ni comenzado.
Otros dos casos corresponden a municipios. Una deuda adquirida en 2017 por Poza Rica (Veracruz) con N.L. Technologies para colocar luminarias que quedaron inconclusas y otra, contratada por Nogales (Sonora) con Banorte, para un refinanciamiento. La primera se adquirió en total opacidad y a una tasa de interés 595 puntos base por encima de la TIIE; la de Nogales, con una tasa de 338 puntos base por encima, convirtió al municipio en uno de los más endeudados del país.
El segundo error que afecta las finanzas estatales es contratar deudas por montos y plazos tan grandes que resultan de facto impagables. Existen 24 deudas estatales y municipales que tienen al menos siete años de haber sido adquiridas y de las cuales no se ha podido pagar ni el 5%. Al paso actual, el 75% de estas deudas tomarán más de 500 años en saldarse – a pesar de que el contrato estipula que sería más rápido.
Destacan tres casos de deudas de facto impagables:
La de mayor monto fue adquirida en Chiapas durante el sexenio de Manuel Velasco: un préstamo por 7.200 millones de pesos del que todavía se adeuda el 96% del capital luego de ocho años de pagos constantes. La deuda fue contratada para refinanciar la de su antecesor, Juan Sabines, gobernador denunciado por opacidad, malos manejos y corrupción. Hoy cada chiapaneco debe el equivalente a 1.252 pesos a Banobras por este concepto.
Otros dos casos corresponden al financiamiento de la Línea 12 de la Ciudad de México que colapsó asesinando a 26 personas. Las deudas, adquiridas por Marcelo Ebrard, por un total de 12.000 millones de pesos, han sido pagadas sin falta, pero luego de 15 años, todavía se debe el 98% del capital. Hoy cada capitalino le debe el equivalente a 1.312 pesos a HSBC y Banobras por este concepto.
El que estos dos errores estén sucediendo no significa que debamos reducir la deuda estatal. La deuda es buena si se usa bien y se contrata con buenos términos. Lo que se requiere es acompañar mejor a los gobiernos locales para que sepan adquirir deuda e impedir que la adquieran si no es para algo productivo.
Las deudas caras e impagables existen porque tenemos gobernadores y presidentes municipales sin experiencia negociando con un mercado bancario artero, poco competitivo y abusivo. Sin asesoría adecuada, nuestros gobernantes son engatusados por cabilderos privados y banqueros. No hay un contrapeso que les ayude a negociar con fuerza e inteligencia. A nivel federal, ni siquiera se habla de esto porque nuestros funcionarios han normalizado las injusticias del sistema bancario sin retarlo.
Para mejorar el poder de negociación de los gobiernos locales es imperante, no solo tener buen acompañamiento negociador, sino que Banobras haga su trabajo. Al momento se ha dedicado a otorgar créditos a precio de mercado, sin generar una presión en el mercado para crear créditos más accesibles. De hecho, los créditos otorgados por Banobras son en promedio más caros que los otorgados por Santander y HSBC (tasa efectiva). Esto no tiene sentido.
Además, es necesario cambiar la Ley de Disciplina Financiera a fin de que se defina mejor cuáles son los motivos aceptables para contratar deuda. Al momento se acepta que las entidades adquieran deuda para “inversión pública productiva” pero no se define bien qué es eso. Muchas cosas quedan clasificadas como tal, sin serlo.
Hay que promover la recaudación de impuestos locales como el predial a nivel municipal y la tenencia a nivel estatal de forma que las entidades tengan más recursos. La deuda es la puerta fácil, pero no la única puerta y hoy es una puerta muy cara.
Fuente: elpaís
