Morena ha abierto un nuevo camino dentro de la campaña global que trata de encontrar maneras para fiscalizar a las grandes multinacionales digitales. El grupo parlamentario del partido en el poder, con mayoría en ambas cámaras, presentó esta semana una iniciativa para establecer un nuevo impuesto del 7% sobre las tarifas de los servicios de streaming como Netflix o Apple TV. A falta del recorrido hasta su aprobación final y en vísperas de las elecciones de junio -las sesiones en el congreso cierran a finales de este mes- que podrían cambiar el equilibrio de fuerzas en el parlamento, la iniciativa supone una novedad con respecto a la línea seguida por la mayoría de países, impulsada por la OCDE, que se centra en gravar los ingresos de las plataformas a través de la conocida como tasa Google.
La particularidad mexicana es doble. Además de poner el foco en las ventas de las empresas a través de un nuevo impuesto sobre el consumo, deja fuera a los servicios digitales que tengan una prolongación física, como la distribución o el transporte. Es decir, Amazon o Uber no entrarían en el saco de la nueva ley. No es en todo caso el primer movimiento de México para estrechar el cerco fiscal a las grandes plataformas. En junio del año pasado entró en vigor una nueva normativa que obligaba a las empresas digitales extranjeras al pago del IVA por sus servicios.
“La medida del IVA es razonable porque equiparaba la carga fiscal con las empresas nacionales”, apunta Rodolfo de la Torre, investigador del Centro de Estudios Espinosa Yglesias. Pero considera que este nuevo impuesto puede chocar con los tratados internacionales, en particular con el nuevo tratado de libre comercio (TLCAN), que exige un trato igual para las empresas extranjeros o nacionales. “Existe el riesgo de entender que existe una discriminación por nacionalidad porque incluso si la empresa se estableciera con domicilio fiscal en México, seguiría considerándose extranjera para la iniciativa presentada por Morena si sus inversores no son mexicanos”, añade de la Torre.
El domicilio fiscal es el gran caballo de batalla en la campaña para garantizar una tributación equitativa para las grandes plataformas, que operan en países donde muchas veces no tienen apenas presencia corporativa. La iniciativa mexicana incluso penaliza que las multinacionales no tengan siquiera una oficina. “En caso de que quien provea el servicio no cuente con domicilio o establecimiento permanente en territorio nacional, la tasa del impuesto será del 15%”, reza el proyecto legislativo.
Otra justificación de la iniciativa mexicana es que “se montan en las redes públicas de telecomunicaciones de los operadores de telefonía e internet pero no invierten en su instalación y despliegue”. Para de la Torre, este argumento no es correcto porque “las redes de telecomunicaciones son privadas. Lo que hay de fondo es una necesidad muy fuerte de elevar la recaudación”. México es el país con la recaudación más baja de la OCDE y también menor que la mayoría de países latinoamericanos.
Una reforma fiscal en el horizonte
Las recomendaciones de organismos internacionales han sido una constante en los últimos años. Desde crear un impuesto sobre las herencias hasta aumentar el gravamen a la propiedad inmobiliaria o implantar una tasa verde. Pese a su teórica batalla contra la desigualdad, López Obrador se ha mostrado reacio durante el inicio del sexenio a abrir el melón fiscal. Pero desde Hacienda ya se han dado las primeras señales de que el año que viene se pondrán manos a la obra. Bombear recursos públicos para estrechar el abismo mexicano de la desigualdad y la pobreza pasa necesariamente por apretar el acelerador fiscal.
Otra de las críticas a la iniciativa presentada esta semana por Morena es la duda sobre su equidad, al tratarse de un impuesto sobre el consumo, y que por tanto se repercutirá como una tabla rasa en todos los consumidores sin importar su nivel de renta. “No es un buen mecanismo porque el sistema no es progresivo. En vez de gravar los beneficios, se ha optado por la vía más fácil para no enfrentarse al poder de las plataformas”, apunta Ivan Benumea, coordinador de temas fiscales del instituto Fundar.
En paralelo, continúan las negociaciones en el seno de la OCDE para que vea la luz un gravamen sobre los ingresos, la llamada tasa Google global. El organismo aceptó en 2017 el encargo del G20 de reformar las reglas de fiscalidad internacional ante un mundo en el que los datos se han convertido en la nueva materia prima y en el que las tecnológicas establecen sus sedes principales en países de fiscalidad laxa. La OCDE se fijó el objetivo de tener listo un impuesto digital universal para 2020. Sus previsiones, sin embargo, no se han cumplido. A la complejidad de encontrar un equilibrio que pusiera de acuerdo a más de 130 Estados, se añadieron el año pasado el estallido de la pandemia y la decisión de la Administración estadounidense de Donald Trump de descolgarse de las negociaciones.
Con la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca parece que los nubarrones se van despejando. EE UU es el país donde tienen sede las principales compañías tecnológicas, y un acuerdo que no contara con su presencia no tendría sentido. La nueva Administración demócrata ya se ha mostrado más propensa a que las negociaciones sobre la reforma tributaria internacional avancen, tal y como dejó caer en marzo la nueva secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen, en una reunión del G20.
“La agenda ha estado parada hasta que EE UU ha dado muestras de volver a interesarse”, apunta el analista Carlos Brown. “Es el camino largo pero el más importante para poder combatir la elusión fiscal. La iniciativa de México, de gravar el consumo, es el camino más rápido pero será clave que esta medida sea reforzada con una reforma más ambiciosa”.
Fuente: elpaís
