En el gobierno federal parecen estar convencidos de que la actual estrategia de seguridad va por buen camino. La semana pasada, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, refrendó que tiene confianza de que será posible ‘serenar’ al país en el último tramo del sexenio. En su opinión, el trabajo diario en las mesas de coordinación para la construcción de la paz ha sido clave para lograr contener los índices delictivos.
Es cierto que hay algunos indicadores alentadores, que podrían hacernos pensar que, en parte gracias a la estructura de mesas de coordinación, ya se ve la luz al final del túnel. Los homicidios dolosos siguen en niveles críticos, pero en los últimos meses –por primera vez desde 2014– han mostrado una tendencia de disminución. Otro dato alentador es el bajón en el robo de vehículo, que cayó en picada durante la pandemia y que se ha estabilizado en niveles moderados. Probablemente se han registrado también disminuciones significativas de otros delitos.
Aun así, quedan varios pendientes importantes. El más apremiante, junto con la violencia de género, es el cobro de cuota. Se trata de un fenómeno poco visible, que prácticamente nadie denuncia. En las cifras que mes con mes publica el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) se reportan cifras francamente irrisorias; 700 o mil víctimas de extorsión por mes. De acuerdo con la Coparmex, este número corresponde apenas a 1 por ciento de las extorsiones que realmente ocurren. En los primeros cuatro meses de este año Chihuahua sólo tiene registradas tres víctimas de extorsión.
Lo más preocupante es que varios organismos empresariales han denunciado que, en los hechos, el cobro de cuota es un problema crítico, y que ha mostrado una tendencia de alza acelerada durante este sexenio. De acuerdo con la más reciente Encuesta Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE 2020), de 2017 a 2019 la extorsión empresarial aumentó 58 por ciento. Por otro lado, la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) reportó hace algunas semanas que en la Ciudad de México la extorsión al sector empresarial va en aumento y que una de cada 10 empresas del sector comercial ya ha sido víctima (curiosamente, la capital que es una de las entidades federativas donde el homicidio y el robo de vehículo han disminuido más en los últimos años).
En realidad nadie tiene la última palabra en esta guerra de cifras, pues nadie puede medir realmente la magnitud del problema. Sin embargo, hay consistencia entre la tendencia al alza que reporta el sector empresarial y los testimonios que frecuentemente escucho de empresarios de diversas regiones del país. La extorsión presencial, que antes para muchos era un asunto distante, se ha convertido en una realidad cercana. El cobro de cuota ya está firmemente establecido en amplias regiones del ámbito rural, pero también ha avanzando en el medio urbano, no sólo en la Ciudad de México, sino también de forma muy marcada en centros turísticos.
Tal vez no sea casualidad que, mientras la estructura de mesas de coordinación estatales y regionales es eficaz para contener e incluso revertir algunos delitos, resulte un fracaso en materia de cobro de cuota. A fin de cuentas, lo que se busca con las reuniones periódicas de estas mesas es hacer un seguimiento puntual de aquellos indicadores para los cuales hay información. La estructura es eficaz porque permite, desde las mesas estatales, y si hace falta desde Palacio Nacional, identificar espirales delictivas de forma oportuna (por ejemplo, si en un mes se roban muchos vehículos en un municipio), y posteriormente asignar responsabilidades, entre las policías locales y las corporaciones federales con presencia en la zona.
Sin embargo, esta lógica propicia que pasen a segundo plano los fenómenos delictivos que no se reflejan en cifras, y que tradicionalmente se atendían en el ámbito local, a partir de presiones de los afectados al alcalde o a los mandos de la policía local. Me parece que probablemente esto es lo que actualmente pasa con el cobro de cuota: como no aparece en el seguimiento que hacen las mesas de coordinación ni en las cifras del SESNSP, tiende a ser ignorado, aunque en el largo plazo tenga una enorme afectación para la economía y para la paz de las comunidades.
Para hacer frente al cobro de cuota, no hace falta que el gobierno federal abandone las líneas generales de su estrategia de seguridad. Sin embargo, sí tendría que hacer algo adicional a lo que se ha hecho hasta ahora: establecer responsables y acciones específicas para combatir este delito en cada entidad federativa (de forma similar a como se hizo con relativo éxito en el sexenio pasado, con la Coordinación Nacional Antisecuestro y las unidades especializadas de combate al secuestro que operan en cada estado). Desafortunadamente, sospecho que en Palacio Nacional ya no hay interés por promover, de aquí a 2024, ninguna acción de gran calado en materia de seguridad. El cobro de cuota será uno más de los muchos males que le tocará heredar al próximo gobierno.
Fuente: elfinanciero
