El debate del domingo y la sustancia de las propuestas

López Obrador lo propuso y Claudia Sheinbaum lo respalda: si Morena y aliados obtienen los votos necesarios en el Congreso, van a remover a los ministros en funciones de la Corte.

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No hubo temas de fondo en el debate del domingo pasado. Por supuesto que hubo preguntas que referían a asuntos de la mayor relevancia, pero el formato no permitió una discusión profunda de los temas ni el público está interesado en los detalles.

Uno de esos temas de fondo, quizá el más importante para el futuro político del país, es la suerte del Poder Judicial y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el llamado plan C de López Obrador. Ese es el tema más importante de la elección.

López Obrador lo propuso y Claudia Sheinbaum lo respalda: si Morena y aliados obtienen los votos necesarios en el Congreso, van a remover a las once personas ministras en funciones en la Corte. Se convocará a una elección en 2025 para elegir a las nuevas por voto popular y se hará lo mismo con los magistrados y jueces. (Por cierto, ya solo serán nueve ministras en lugar de once).

Por supuesto que importa el destino del sistema de salud, la estrategia de seguridad y la eventual reforma fiscal, pero ninguna medida es tan relevante y de impacto tan inmediato como la reforma al Poder Judicial.

Más que la elección de la nueva presidenta de la República, sobre la mesa está la sobrevivencia de un sistema de control judicial que, con todas sus deficiencias y aun corrupción, ha sido una ventanilla de última instancia para controlar el abuso del poder.

Empresas, gobiernos y particulares han recurrido a esa ventanilla. En este y en anteriores gobiernos. Si el plan C prospera, esa ventanilla estará cerrada cuando así lo decida el gobierno.

La propuesta de AMLO —avalada por la candidata presidencial de Morena— contamina la labor judicial, pues en vez de obedecer e interpretar la Constitución, los ministros deberán ganar elecciones y buscar el aplauso de la gente y del gobierno en turno.

La propuesta vulnera la independencia judicial por varios frentes. Primero, reduce de 15 a 12 años el periodo de encargo de los ministros de la Corte. A menor duración, mayor la tentación de quedar bien con el poder político.

De la mano de lo anterior, se elimina la pensión vitalicia para actuales y futuros ministros, quienes se verán en la necesidad de buscar un empleo al terminar su encargo. Una posición terminal cúspide de una carrera judicial se convertirá en un escalafón más (un trampolín).

Asimismo, la propuesta estipula que la remuneración de los integrantes de la Corte debe ajustarse al tope máximo establecido para el presidente de la República.

Pero el mayor peligro es la designación por voto popular de los ministros, magistrados y jueces. En el caso de los primeros habría 30 candidaturas: diez propuestas por el presidente de la República, diez por el Congreso de la Unión (cinco por cada Cámara) mediante mayoría calificada, y otras diez por el Poder Judicial, mediante mayoría de seis votos a través del Pleno de la Corte.

¿Cuántas personas darán seguimiento a las campañas de esos 30 candidatos? ¿Cuántas personas estarán ávidas de conocer sus propuestas si la población apenas se entera de las propuestas de las candidatas a la Presidencia?

Una elección tan aburrida y compleja provocará confusión y desinterés —imagina a treinta candidatos haciendo campaña para un cargo desconocido para la mayoría de la población—. ¿Qué prometerán los candidatos a ministro? ¿Observar la Constitución fielmente? ¿Ser independientes del poder político? ¿O quizá aplicar la ‘pena de muerte a los corruptos’ aunque sea algo que no dependa de ellos?

La propuesta de Morena dice que no habrá financiamiento público ni privado para los candidatos. Solo habrá acceso a tiempos de radio y televisión para transmitir debates y propuestas. Si no tienes dinero y además no puedes fondearte de forma privada, ¿cómo harás campaña?

La respuesta es que harán campaña quienes sean fondeados por partidos o por el gobierno por debajo de la mesa, lo cual les generará una atadura política de inicio. También podrá haber empresas y particulares que paguen campañas para tener influencia en las decisiones del Poder Judicial.

Seguramente votará poca gente —quizá el 15 o 20 por ciento de los electores—. Ganarán aquellos que hayan obtenido el visto bueno de los partidos que movilizarán los votos en su beneficio. Vil y puro clientelismo.

Este es el tema más relevante en la boleta electoral el próximo 2 de junio.

Fuente: elfinanciero

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