Las órdenes de aprehensión por tráfico de armas en contra del capo Joaquín “El Chapo” Guzmán, del exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, de Luis Cárdenas Palomino, uno de los principales mandos de la extinta Policía Federal, así como en contra de otras cuatro personas por su participación en el operativo “Rápido y Furioso” son para especialistas en temas de seguridad “un show mediático y sensacionalista” por parte de Fiscalía General de la República (FGR), dependencia a cargo de Alejandro Gertz Manero, debido a que la narrativa cambió “y la acusación es muy confusa”.
Guadalupe Correa, profesora asociada en la Universidad de George Mason en Virginia, Estados Unidos, explicó que la narrativa que dio la FGR sobre las órdenes de aprehensión cambia sustancialmente la versión que se tenía sobre el operativo, lo cual, deja muchas dudas sobre el tema y se presta a ser poco creíble.
“En la primera versión de ‘Rápido y Furioso’ se relacionaban directamente a los funcionarios estadounidenses porque no había informado al Gobierno mexicano que habían introducido las armas. Ese fue el escándalo: que EU llevó a México armas que irónicamente terminaron matando (además de miles) a su propia gente, al agente Jaime Zapata. A Jaime Zapata lo mataron los Zetas, entonces, ¿por qué ahora ‘El Chapo’ se vuelve la pieza estelar?, ¿por qué la FGR no nos explica porque ahora tenemos a un nuevo personaje, ¿por que no nos dice cómo llegaron esas armas a los Zetas? Aquí hay información que no tenemos y nos está faltando, y ese es el cambio de narrativa, porque antes eran ‘los gringos y los Zetas’ y ahora son ‘El Chapo’, García Luna, el cartel de Sinaloa y ahora es una cuestión mexicana”, dijo.
“Es más un asunto mediático, es un asunto político y sensacionalista porque realmente no persiguen primero la justicia por el hecho cometido, pero también es que pareciera que está un poco desviado del tema […] Evidentemente la Fiscalía tiene que justificar su trabajo de alguna u otra manera […]”, destacó a su vez el profesor Ramón Celaya, especialista en seguridad y derecho penal.
Ramón Celaya explicó que la petición de captura se presenta en medio de una presión mediática y presión política contra la Fiscalía y su titular, Getz Manero: “son momentos de confrontación política, que en el ámbito político tiene que meterse un tema relevante para justificar o comprobar las acciones en procuración de Justicia […] además, no podemos olvidar que este asunto inició prácticamente a petición del Ejecutivo federal, porque él fue el que presionó, el que públicamente estuvo denunciando, señalando y haciendo presión mediática sobre el operativo ‘Rápido y Furioso’”.
No obstante, para la Profesora Guadalupe Correa, estas órdenes de aprehensión sí cierran el cerco y hacen cada vez menos creíble la versión del expresidente Felipe Calderón Hinojosa en el sentido de que “desconocía” la corrupción y nexos de su mano derecha en seguridad, García Luna, actualmente preso en Estados Unidos acusado de narcotráfico.
“Empieza a ser mucho más difícil la versión de Calderón (de que no sabía de Rápido) porque, si estaban metiendo armas de una operación bajo iniciativa Mérida, yo creo que Felipe Calderón debió de haber sabido. Ya no se puede hacer el loco en una cuestión que están vinculando al Chapo Guzmán y a él, supuestamente directamente por introducir las armas, pero hay muchas dudas en todo esto, es una cosa super grotesca”, señaló la académica.
El conocimiento de Felipe Calderón sobre el flujo de armas ha quedado documentado y expuesto. El pasado 20 de junio, la revista Proceso reveló que documentos clasificados como “sensibles” por parte de autoridades mexicanas y estadounidenses “confirman que el exmandatario “supo del tráfico ilegal de armamento —autorizado y supervisado por Estados Unidos— a México”.
En la documentación citada por el semanario se detalla que el “Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos detallaba el tipo de armas y municiones contrabandearas y quién las había adquirido legalmente allá para revenderlas en el mercado negro”.
“Los expedientes exhiben bitácoras realizadas a partir de enero de 2007 y confirman que el entonces Presidente Felipe Calderón siempre estuvo al tanto del tráfico ilegal de armas a México, autorizado y supervisado por Estados Unidos”, detalló el periodista J. Jesús Esquivel en el texto “Un contrabando muy bien monitoreado”, donde también asegura que los informes mexicanos daban cuenta que se conocían perfectamente las rutas del trasiego.
Pero “Rápido y Furioso” no fue el único proyecto del trasiego vigilado de armas por parte de Estados Unidos, y el Gobierno mexicano en su momento no lo desconocía, según documentos que la periodista Dolia Estévez reveló en mayo del año pasado.
Eduardo Medina Mora, exprocurador en el sexenio de Felipe Calderón y exministro de la Corte hasta el año 2019, fue informado por la ATF “sobre entregas controladas” de armas desde 2007, ya que envió al exfuncionario Carlos Fernando Luque Ordóñez como agregado de la extinta PGR en Phoenix para coordinar el proyecto “Gunrunner”, iniciado en 2006.
El documento “Reunión del Procurador General Mukasey con el Procurador Medina Mora” destaca una cita donde se señala que la oficina de la ATF trabajó en conjunto con México “en el primer intento por tener una entrega vigilada de armas que eran contrabandeadas a México por grandes traficantes de armas”. Además, se revela que mientras los primeros intentos de entregas controladas no tuvieron éxito las investigaciones prosiguieron.
Ramón Celaya destacó que en la investigación SEIDO/UEITA-SON/0000306/2020 el expresidente Felipe Calderón también es señalado por parte de la Fiscalía y consideró que el hilo conductor que podría llevar al exmandatario, al menos en el caso “Rápido y Furioso”, más que tener que ver con Genaro García Luna, sería si lograran imputarle o demostrar que Medina Mora tenía conocimiento de esta operación, que fue la derivación de un primer operativo llamado “Gun-runner”.
“Calderón fue citado a declarar, él fue señalado dentro de esta acusación, pero creo que el punto del hilo de la madeja para saber si estas acusaciones alcanzan al expresidente es saber si Eduardo Medina Mora supo de esta operación, es obvio que el expresidente lo sabía […]. La ruta natural es que una de las órdenes de aprehensión sea de Medina Mora porque era el jefe de quien sí se reunía con estos funcionarios de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés y que fue quien realizó el operativo), pero por haber sido un exprocurador, exministro y todos los cargos que tuvo él veo un poco difícil que una de las órdenes de aprehensión que se libraron sea contra él. El hilo de la madeja sería Medina Mora porque él sería el eslabón natural, pero si Medina Mora no es imputado en esta averiguación y no se le comprueba nada, mucho menos al expresidente”.
Las órdenes de captura contra siete personas, incluidos el capo Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, el exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, Genaro García Luna, y la mano derecha de éste último, Luis Cárdenas Palomino, se dan ocho meses después de que el Gobierno de México solicitara a la Embajada de Estados Unidos en este país, la información relacionada con el operativo, a fin de conocer si las autoridades mexicanas estaban informadas sobre la intromisión de más de 2 mil 500 armas de fuego a territorio nacional, entre los años 2006 al 2011.
Ramón Celaya explicó que esas órdenes de la FGR están desviadas de los actores principales de “Rápido y Furioso” y son incongruentes porque las imputaciones están basadas en un delito de omisión, es decir, que no acusa directamente a los funcionarios mexicanos de tráfico de armas —porque ellos no las contrabandearon— sino que los acusa por no impedir o evitar que las autoridades de Estados Unidos pudieran traficar estas armas.
“Por ejemplo varios integrantes de la extinta Policía Federal nunca fueron informados de esta acción, entonces si fueron informados y no estaban dentro de sus facultades saberlo, pues es un poco incongruente de que la ahora FGR los está imputando, entonces yo no veo realmente un asunto que se persiga de justicia porque esa acusación no tiene ni pies ni cabeza”, apuntó el especialista.
Detalló que, si se buscara en realidad ir por la justicia, las órdenes de aprehensión estarían giradas principalmente contra el exprocurador Eduardo Medina Mora y Carlos Fernando Luque Ordóñez.
“Los que realmente deberían estar señalados son ellos, porque son los que sí aparecen en documentos públicos, todos los demás imputados realmente son acusaciones extrañas porque las acusaciones contra ellos no conectan bien con los puestos que desempeñaban en su momento”, agregó.
Por su parte, la profesora Guadalupe Correa consideró que si la investigación es seria, la FGR también debería investigar e imputar a funcionarios estadounidenses involucrados en el operativo.
“No se puede pensar, no hay manera de que las autoridades estadounidenses no supieran nada porque ellos introdujeron las armas, o sea que, si ‘El Chapo’ y Genaro García Luna introdujeron armas al país, quiere decir que introdujeron las armas de la mano de las autoridades estadounidenses porque fue una operación iniciada por el Gobierno Estados Unidos, no hay manera que quieran generar una narrativa distinta […] si la Fiscalía no menciona esta relación con autoridades de Estados Unidos, si deja ese eslabón suelto estaría haciendo una investigación completamente de espectáculo, una investigación completamente increíble e inverosímil que los dejaría muy mal parados”, detalló.
Fue el 8 de mayo de 2021 cuando el Presidente López Obrador ordenó al Canciller Marcelo Ebrard Casaubon enviar una nota diplomática para pedir informes sobre esta operación, después de que Felipe Calderón Hinojosa aseguró, en un tuit, que nunca estuvo enterado.
El operativo, realizado en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, consistió en sembrar armas en México “para darles seguimiento” y para “descubrir las redes de tráfico”. Nunca arrojó resultados y, en cambio, dejó muertos en ambos países.
El Presidente López Obrador destacó en su momento la importancia de conocer que tanto sabía el Gobierno en su momento, porque, dijo, si Estados Unidos no le consultó a México, entonces se había tratado de una violación a la soberanía. Pero si sí informó al país, dijo, sería una evidencia de que hay exfuncionarios que deben ser castigados.
Dos meses después, el 8 de julio el Embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, le informó a la periodista Dolia Estévez que su país ya había contestado al Gobierno mexicano la nota diplomática en donde solicita información sobre el operativo “Rápido y Furioso”.
Fuente: sinembargo
