Esta semana, la Embajada de EU anunció la suspensión de las inspecciones de aguacates y mangos en Michoacán, frenando las exportaciones en las próximas semanas. Lo relevante no es el impacto económico inmediato —es probable que en algunas semanas todo vuelva a la normalidad— sino que deja de manifiesto, una vez más, el desastre en seguridad en nuestro país y las consecuencias reales que tiene sobre la economía.
La suspensión de las inspecciones de aguacates y mangos en Michoacán por parte del Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal de EU (APHIS) se debió a la agresión y detención de dos de sus empleados. Aunque ya fueron liberados, la suspensión, que de facto para las exportaciones, resulta de la desaparición del Estado en gran parte del territorio nacional.
Hasta hace poco, Michoacán era el único estado autorizado para exportar aguacates a EU. En 2023, las exportaciones de aguacates de Michoacán a ese país fueron de 3,200 millones de dólares. Si bien no es la industria automotriz, es una actividad económica importante que sostiene, junto con las remesas, a Michoacán. ¿Dónde está la fuerza pública para cuidar una actividad tan importante? ¿Dónde estaba la Guardia Nacional, militar o no, para cuidar los caminos en vez de las autodefensas y evitar que estos agentes de EU fueran detenidos? Si actividades económicas como el aguacate han prosperado, es a pesar de la ausencia del Estado.
En un artículo reciente de la revista Nexos, Carlos Matienzo y Roberto Gil describen cómo México enfrenta una grave crisis de soberanía, donde el Estado ha perdido el control territorial ante organizaciones criminales que actúan como “paraestados”. Estas organizaciones desafían la capacidad del Estado de ejercer el monopolio de la violencia legítima y extraer rentas de la sociedad. Ya no solo es el narcotráfico, hoy dominan territorios para hacerse de negocios legales. Para revertir esta situación, los autores dicen que es crucial reorganizar las instituciones de seguridad nacional, dotarlas de capacidades efectivas y diferenciar entre seguridad pública y nacional; recuperar la capacidad de orden territorial. Lo ocurrido en Michoacán no podría dejar más en manifiesto esta necesidad.
Hoy ni la gente ni las actividades económicas son protegidas por la fuerza pública. No se trata solamente de zonas aisladas, sucede con los robos a transportistas en las carreteras y el cobro de derecho de piso generalizado en muchas ciudades. Hablamos de pueblos enteros donde las organizaciones criminales mantienen una guerra por el territorio y los agricultores han optado, en algunos casos, por construir milicias privadas para proteger sus negocios. Es el regreso al pre-Estado.
No podemos hablar de nearshoring y política industrial, si nuestros territorios y carreteras no están bajo control estatal. ¿Cómo ubicar una empresa de microchips y traer personal de otros países a un lugar donde aparecen cuerpos colgados de puentes cada semana? ¿Cómo exportar automóviles con carreteras donde se roba con total impunidad?
La obsesión con la reforma judicial está olvidando la discusión verdaderamente importante: la reforma a nuestro sistema de seguridad, nacional y pública, y a las fiscalías que hoy son el corazón de la impunidad, no la SCJN. El problema está en nuestras policías municipales prácticamente inexistentes, en una Guardia Nacional que no tiene misión clara y en fiscalías que no investigan ni castigan. Necesitamos recuperar al Estado, no debilitarlo aún más.
