Esta semana, la periodista Regina Diez Gutiérrez de Aristegui Noticias reveló uno de los escándalos más grandes de este sexenio y que, a la postre, podría y debería tener consecuencias legales en caso de confirmarse. El desvío de fondos de GACM del difunto aeropuerto de Texcoco al Tren Maya no sólo es un desfalco, sino que también ayuda a entender el estado catastrófico bajo el que se encuentra últimamente el Aeropuerto Benito Juárez (AICM). Dada la complejidad del tema, vale la pena revisar la historia de estos fondos para entender sus implicaciones.
GACM, una empresa estatal, es dueña del AICM y tenía la concesión del Aeropuerto de Texcoco (NAIM). Para financiar el NAIM, obtuvo capital a través de un préstamo de Banobras, fondos de la Fibra E y notas preferentes. En el 2016 y 2017, a través del fideicomiso MEXCAT, el GACM emitió bonos por 6,000 millones de dólares respaldados por la TUA —la tarifa que se cobra en cada boleto—, inicialmente del AICM y posteriormente del NAIM.
Al cancelarse el aeropuerto de Texcoco, el fideicomiso recompró 1,800 millones de dólares en bonos con el dinero que tenía en caja y se liquidaron las otras fuentes de financiamiento y los contratos cancelados, dejando la deuda de estos bonos en 4,200 millones de dólares que se esperaba se siguiera pagando con la TUA del AICM; básicamente el dinero generado por el aeropuerto viejo pagaría por un aeropuerto que no se construyó.
Pero, de acuerdo con el reportaje de esta semana, eso no fue todo. A finales del 2019, quedaban 1,200 millones de dólares en fideicomiso. Estos, en vez de ser usados para reducir la deuda de los 4,200 y así aliviar la presión financiera sobre la TUA del AICM, fueron transferidos a la Tesorería de la Federación. Y, de acuerdo con quien fuera Secretario de Comunicaciones y Transportes en ese momento, Javier Jiménez Espriú, “Hacienda toma 1,200 millones de dólares de ese fideicomiso y los entrega para el Tren Maya”.
Más allá de las implicaciones legales de que GACM haya transferido ese dinero, lo cual no podía, esto tiene repercusiones más profundas y se pueden atar directamente al calvario que vivimos los usuarios del AICM cada vez que lo utilizamos.
Recapitulando, se canceló un aeropuerto para el que se había emitido deuda. Como parte de ese dinero ya se había gastado en obras que se terminaron abandonando, era imposible regresarlo todo. Se usó parte, 1,800 millones, para recomprar bonos, lo que es igual a recomprar deuda, por lo que se quedaron a deber más o menos 4,200. Quedaban 1,200 “en caja” los cuales legalmente se debieron usar para reducir esa deuda a 3,000 pero, este gobierno decidió utilizarlos para el Tren Maya. Más allá del desdén que muestran estas acciones a los contratos y Estado de Derecho, hay algo aún más grave.
Esos 4,200, que pudieron ser 3,000 o cero si Hacienda hubiera asumido esa deuda, todavía hay que pagarlos, y contractualmente se deben pagar de la TUA del AICM. GACM, que aún opera este aeropuerto, utiliza los recursos que le genera la TUA para pagar esta deuda, por lo que se queda prácticamente sin recursos para dar mantenimiento y operar el AICM.
Dejamos sin recursos a un aeropuerto que el año pasado trasladó a 48.4 millones de pasajeros para financiar un tren que, cuando esté listo, si eso pasa algún día, podrá trasladar 3 millones de pasajeros al año, si llega a ser muy exitoso. Esta es la forma de evaluar proyectos de este gobierno, de acuerdo con caprichos y sin ninguna consideración por los marcos legales o el beneficio de los mexicanos.
Fuente: eleconomista
