Congreso de Quintana Roo impugna amparo de Aguakan por concesión de agua potable

El Gobierno de Quintana Roo interpuso una denuncia contra Aguakan ante la Fiscalía General de la República por presunto fraude procesal, pues en el juicio de amparo la empresa habría incurrido en argumentos falsos para abonar a su causa.

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Cancún, QRoo.- Luego de casi un mes de que Aguakan logró anular el decreto que cancela su concesión para operar el servicio de agua potable en cuatro municipios de Quintana Roo, el Congreso del estado interpuso un recurso de revisión contra esta medida.

Se trata del expediente 1323/2023 de amparo indirecto a través del Juzgado Octavo de Distrito, el cual recibió la apelación, la cual turnará a uno de los tres tribunales colegiados federales de Cancún.

Mediante este recurso, el Congreso pretende anular el amparo que le ha permitido a la empresa seguir brindando sus servicios, pese a que en diciembre de 2023, se aprobó el decreto 195, el cual establece que el contrato de agua potable otorgado a Aguakan en 1990 expiró el 31 de diciembre del año pasado, anulando con ello el decreto 250, de 2014, año en el que el entonces gobernador Roberto Borge —hoy preso— concedió una ampliación anticipada de la concesión hasta 2053.

La concesionaria impugnó ese decreto y logró que le fuera concedida una suspensión provisional, la cual fue ratificada como definitiva el lunes 22 de enero pasado.

El Congreso de Quintana Roo ya había anunciado que impugnaría la medida cautelar concedida a Aguakan, pues consideraban que la empresa había incluso hecho uso de información falsa para argumentar a favor de su causa en tribunales.

De hecho, el Gobierno de Quintana Roo interpuso una denuncia contra Aguakan ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presunto fraude procesal, pues en el juicio de amparo la empresa habría incurrido en argumentos falsos para abonar a su causa.

Uno de esos argumentos es que la empresa señala al Congreso de no estar facultado para derogar un contrato que fue autorizado por el gobierno del estado y los municipios, pero la contraparte asegura que eso es falso pues la ley de municipios prevé que cuando una concesión excede el tiempo en funciones de una administración municipal, el poder legislativo debe autorizar un nuevo permiso mediante una licitación, lo cual no sucedió, pues nunca se licitó la ampliación del servicio, aun y cuando la concesión se amplió no sólo temporalmente, sino territorialmente hacia los municipios de Solidaridad y Puerto Morelos.

Otro de los argumentos del gobierno del estado y del propio Congreso estatal contra la concesionaria es la consulta pública realizada el 5 de junio de 2021, en la que más de 35% del padrón electoral de los municipios involucrados votó a favor de rescindir el contrato de concesión a Aguakan.

Dicho ejercicio consultó a la ciudadanía:“¿Está usted de acuerdo que, la empresa Aguakan continúe prestando el servicio concesionado de agua potable, alcantarillado y saneamiento?”.

Independientemente de los argumentos a favor o en contra de Aguakan, la prestación del servicio de agua potable no se verá interrumpida hasta que el asunto no se revuelva de fondo, es decir, hasta que el poder judicial no dicte sentencia definitiva sobre el caso, lo cual podría llevarse por lo menos los próximos dos años.

Fuente: eleconomista

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