El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) inició una indagatoria interna por posibles irregularidades o hechos de corrupción en un tribunal federal de Quintana Roo que, en julio pasado, canceló la orden de aprehensión girada contra del empresario Kamel Nacif por el delito de tortura en agravio de la periodista Lydia Cacho.
Dicha orden de captura, como Animal Político detalló en esta nota, fue cancelada luego de un voto dividido de los magistrados de 2 contra 1, y con argumentos como que no existía una instrucción por escrito de torturar a la periodista, o que Nacif no debería ser procesado por no ser funcionario público.
A través de un oficio dirigido al público en general, el Poder Judicial informó que la Visitaduría General del CJF – área responsable de indagar la actuación de los servidores públicos del poder judicial – llevará a cabo una revisión interna del trabajo y resoluciones del Tercer Tribunal Colegiado en el último año.
Como parte de este procedimiento el próximo 28 de septiembre un visitador judicial realizará una inspección al referido tribunal para verificar sus actividades en el periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2020 al 1 de agosto de 2021. De forma simultanea se ha invitado a los ciudadanos a que a través de siete vías distintas presenten ante el visitador responsable de la inspección sus quejas o denuncias relacionadas con el trabajo del Tercer Tribunal Colegiado con sede en Cancún, Quintana Roo.
Aunque el proceso de inspección apenas inició, fuentes judiciales indicaron a este medio que la magistrada presidenta de dicho tribunal, Selina Haidé Avante Juárez, dejó su puesto y fue cambiada a otro órgano judicial en el estado de Veracruz. Ella fue la encargada de elaborar el proyecto que, en los hechos, exoneró de forma definitiva a Kamel Nacif.
Cabe recordar que luego de que se diera a conocer esta resolución, tanto la periodista Lydia Cacho así como la organización defensora de derechos humanos Artículo 19, acusaron que habían existido presiones y corrupción detrás de dicha determinación.
En este comunicado, Artículo 19 sostuvo que contaban con información proveniente de fuentes judiciales en las que se indicaba que desde octubre del año pasado tanto Nacif como el exgobernador de Puebla Mario Marin (también implicado en el caso) habían emprendido una operación de corrupción al interior del Poder Judicial para influir en la determinación de los magistrados. Dicha operación habría incluido posibles pagos de sobornos.
“Exigimos una investigación pronta, imparcial, independiente y eficaz sobre los presuntos actos de corrupción acontecidos en el seno del Poder Judicial de la Federación. Hacemos eco del ministro presidente, Arturo Zaldívar, sobre la necesidad de depurar el aparato judicial federal en el país. Esta es una nueva oportunidad para ello”, indicó la organización al emitir su pronunciamiento.
Jorge Mercado Mejía, el único magistrado del tribunal federal implicado en esta decisión que votó en contra de exonerar a Nacif, argumentó en un posicionamiento por escrito que sí existían elementos iniciales suficientes para que presumir que el empresario instruyó la tortura a la periodista como resultado de la publicación de su libro “Los Demonios del Edén”, y que era incorrecta la decisión de ampararlo para no ser procesado.
Las “razones” de la exoneración
En su resolución adoptada en julio pasado el Tercer Tribunal Colegiado con sede en Quintana Roo resolvió otorgar un amparo definitivo al empresario Kamel Nacif en contra de la orden de aprehensión que se había girado en su contra por el delito de tortura el 3 de diciembre de 2020.
Fuente: animalpolitico
