CHETUMAL.- Ante la Fepade se entregó información de la entrega de “ayudas sociales” del Congreso del Estado durante la gestión de Eduardo Martínez Arcila como presidente de la Gran Comisión.
El Observatorio Quintana Roo entregó información detallada a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade) sobre las ayudas sociales otorgadas por el Congreso del Estado, durante el primer semestre de 2019, periodo en el que se desarrollaron campañas de los partidos políticos para las elecciones de junio del presente año.
Mediante un comunicado el Observatorio Legislativo detalla que como apoyos se entregaron despensas, artículos deportivos o electrodomésticos, lo que es un claro indicio de que los recursos públicos pudieron utilizarse para fines electorales, sobre todo tomando en cuenta que varios de los diputados de la anterior legislatura buscaron su reelección.
Esta información se pide que sea anexada a la carpeta de investigación NA/CDMX/FEPADE/0000116/2018, que ya obra en la Fiscalía General de la República.
Cabe recordar que el presidente del Observatorio Legislativo de Quintana Roo, Eduardo Galaviz Ibarra, ha mafiestado necesario establecer una regulación estricta en el tema de las ayudas sociales y casas de atención ciudadana del Congreso del Estado, ya que ello transparentaría estos rubros y evitaría el mal uso y dispendio del presupuesto para cumplir intereses personales, políticos y electorales de los diputados de la XVI Legislatura.
La falta de regulación permitió que durante la XV Legislatura predominara el despilfarro y saqueo de los recursos a través de este rubro, ocasionando que alrededor de 200 millones de pesos fueron ejercidos en total opacidad y por ello se interpusieron denuncias penales por el delito de peculado o desvío de recursos.
Por otra parte, cabe mencionar que aunque existe un Comité de Participación Ciudadana (CPC) de Quintana Roo, éste ha sido acusado por asociaciones civiles de solapar el saqueo de los recursos públicos cometido por la pasada XV Legislatura.
La Asociación Somos tus Ojos–Transparencia por Quintana Roo consideró que los cinco integrantes del Comité de Participación Ciudadana (CPC) son la élite más privilegiada del Sistema Estatal Anticorrupción, ya que perciben un sueldo de 95 mil pesos mensuales, igual al de un secretario de estado, pero no tienen ninguna responsabilidad y sólo han servido para aparentar un combate a la corrupción que no existe.
Mientras que durante la anterior legislatura los integrantes del CPC no hicieron ni dijeron nada respecto al tema de las ayudas sociales, permitiendo el manejo indebido e irregular de casi 200 millones de pesos bajo este concepto, ahora que ya se fueron los anteriores diputados y entró la XVI Legislatura emitieron un posicionamiento en el que cuestionan la legalidad y se dicen en contra de este tipo de apoyos.
Tuvieron que pasar tres años para que los cinco integrantes del CPC, que son Miriam Cortés Franco, Raúl Cazares Urban, Cinthya Dehesa, Marcos Gutiérrez y Francisco del Real Medina, se opongan a las ayudas sociales del Congreso de Quintana Roo, aun cuando en la pasada XV Legislatura hicieron caso omiso de las solicitudes de la sociedad civil organizada, que les pedía intervenir ante el cúmulo de irregularidades que apuntaban a un desvío de recursos públicos con este concepto, motivo por el cual se denunció penalmente a los integrantes de la Gran Comisión de la anterior legislatura, encabezados por el presidente Eduardo Martínez Arcila.
Era claro que estos cinco funcionarios no iban a actuar contra sus jefes, que les obsequiaron el cargo en la pasada XV Legislatura, por eso no habían emitido un posicionamiento para pedir que las ayudas sociales del Congreso sean eliminadas, e incluso se mantuvieron cómplices, pese a las denuncias y solicitudes que presentaron las asociaciones civiles, como Somos tus Ojos y El Observatorio Legislativo.
Fuente: POR ESTO!
