La violencia política en México ha mostrado una tendencia al alza en los últimos años. Expertos, académicos y especialistas advierten que, dado el comportamiento del crimen en los más recientes casos que se han cobrado la vida de 59 de personas, el panorama puede complicarse aún más.
En los últimos días, al menos cinco personas han sido asesinadas en distintos estados: cuatro políticos –dos en Zacatecas, uno en Veracruz y uno en Colima– y otro el padre de una candidata de Morena en Guerrero.
Otros casos son: el homicidio del exalcalde panista de San Juan Evangelista, Veracruz, Andrés Valencia Ríos, quien fue asesinado el lunes por personas que viajaban a bordo de una motocicleta, en el tramo carretero Sayula- San Juan Evangelista.
Además del crimen contra Andrés Valencia Ríos, quien formaba parte del equipo que apoyaba a Urbano Bautista a la Diputación local por el Distrito 27. En tanto que José Alfredo Chávez González, Secretario del Ayuntamiento de Villa Álvarez, en Colima, fue privado de la vida cuando se encontraba caminando por el parque-jardín de la colonia Real de Caná de ese municipio.
“Se prevé que conforme avance el proceso electoral, porque además estamos en este periodo de intercampañas, conforme avancen los días y se acerque más el periodo de elecciones va a incrementarse la violencia”, indicó en entrevista con SinEmbargo la Doctora Andrea Samaniego, académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
Itxaro Arteta, vocera de la organización Data Cívica, que ha documentado los ataques y la violencia política, coincidió en que hay un temor, basado en la tendencia, de que la violencia política se agudice en este proceso electoral, pues explicó que normalmente los años de elecciones federales se han dado picos pronunciados de violencia.
“Si dejamos fuera los ataques a funcionarios de seguridad, el 2023 es el año con más asesinatos a otro tipo de funcionarios, militantes de partidos y personas vinculadas a la política. ¿Qué vamos a ver en los próximos meses? Porque tenemos que la violencia ya no bajó desde 2021, o sea 2023 fue el año más violento de los que hemos registrado y enero empezó con seis asesinatos a aspirantes a cargos. Ese es el temor (que haya más violencia en 2024)”, indicó.
La semana anterior, tan sólo en un día, el 8 de febrero, al menos cinco crímenes fueron perpetrados presuntamente por el crimen organizado. En estos sucesos, las víctimas fueron funcionarios, candidatos, aspirantes a cargos políticos o miembros y familiares de candidatos y funcionarios, siendo blanco de ataques, plagios, amenazas y asesinatos.
En Zacatecas, Juan Pérez Guardado, director de Desarrollo Social en el Ayuntamiento de Fresnillo, cuñado del Senador Ricardo Monreal y del Gobernador de Zacatecas, David Monreal, fue víctima de un ataque que, según confirmó el mandatario estatal en una entrevista con medios, fue “frontal y directo”.
En esa misma jornada, Cecilio Murillo Murillo, político panista y empresario, fue asesinado. Era hermano del Alcalde con licencia del municipio Sombrerete, Zacatecas, Manuel Alan Murillo, actual candidato priista a Diputado Federal por esa demarcación.
Murillo Murillo compitió dos veces por la Presidencia municipal de Sombrerete, siendo el abanderado del PRI en 2013, donde perdió por menos de un punto porcentual contra Juan Ángel Castañeda Lizardo. En las elecciones del 2021, compitió nuevamente contra su hermano, Alan Murillo, el actual Alcalde, con quien tuvo disputas públicas.
Según información proveniente de diversos medios zacatecanos, el político, también empresario en el sector gasolinero, denunció desde finales de 2023 el recrudecimiento de los delitos de extorsión.
En Guerrero, Julián López Galeana, coordinador estatal de Movimiento Ciudadano y Deyanira Uribe Cuevas, coordinadora de mujeres del partido, fueron privados de libertad mientras circulaban hacia Acapulco por la Autopista del Sol. Después, los golpearon y abandonaron vivos en un lote baldío.
En la cabecera municipal de Huamuxtitlán, Abraham Ramírez, fundador del partido Morena en la región y padre de Rosalba Ramírez García, aspirante a la candidatura a la Presidencia Municipal por Morena, fue asesinado a balazos.
En un desglose de los datos de base del proyecto Votar entre Balas de la organización Data Cívica se obtiene que se han registrado documentado al menos 185 eventos de violencia desde el 7 de septiembre de 2023, fecha en que el INE en sesión extraordinaria dio inicio formal al Proceso Electoral Federal 2023-2024, hasta el 3 de febrero del presente año.
Estos incidentes abarcan desde amenazas, ataques armados, secuestros y asesinatos dirigidos a diversos actores, como políticos en activo, excandidatos, funcionarios de los tres niveles de gobierno e incluso elementos policiacos de seguridad.
La documentación de la organización también ha incluido en sus registros asesinatos y ataques contra familiares de candidatos o aspirantes a un cargo público. Sumando los siete eventos registrados en estas dos semanas (no incluídos en dicha base de datos), se contabilizan al menos 191 incidentes de violencia durante el actual proceso electoral.
Sin embargo, si se analizan únicamente los asesinatos políticos registrados contra funcionarios, políticos, aspirantes a cargos públicos, candidatos y candidatas, excandidatos e incluso familiares de funcionarios o candidatos, sin contar funcionarios de seguridad, se contabilizan al menos 59 asesinatos en lo que va del proceso electoral del 2024, es decir, desde el 7 de septiembre de 2023 hasta el 9 de febrero de 2024, con base a cifras de Data Cívica más los hechos de esta semana.
De esos, son al menos 14 asesinatos que han sido destacados por la prensa nacional:
–Andrés Valencia Ríos, expresidente municipal de San Juan Evangelista, asesinado por hombres armados abordo de una motocicleta en el tramo carretero Sayula- San Juan Evangelista, este lunes 12 de febrero.
-José Alfredo Chávez González, Secretario del Ayuntamiento de Villa Álvarez, en Colima, quien fue privado de la vida a balazos este 9 de febrero.
-Juan Pérez Guardado, hermano del Senador Ricardo Monreal, y el excandidato a presidente municipal Cecilio Murillo Murillo, hermano del actual alcalde con licencia de El Sombrerete, el 7 de febrero en Zacatecas.
-Jaime Vera Alanís, precandidato del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) a la alcaldía de Mascota, Jalisco, asesinado el 1 de febrero.
-José Naredo García, dirigente del PRD en Cuitláhuac, Veracruz, asesinado tras un intento de secuestro el 27 de enero.
-Marcelino Ruiz Esteban, excalde de Atlixtac, Guerrero, y su esposa, la consejera estatal del PRD, Guadalupe Guzmán Cano, el 24 de enero.
-Samantha Gómez Fonseca, activista trans y precandidata al Senado por Morena, asesinada en Ciudad de México el 14 de enero.
-Miriam Ríos Ríos, también activista de la comunidad LGBT+ y aspirante de Movimiento Ciudadano a regidora en Jacona, Michoacán, asesinada el 11 de enero.
-Sergio Hueso, aspirante de MC a la Presidencia Municipal de Armería en Colima, victimado el 6 de enero.
-David Rey González Moreno, aspirante de la Coalición Fuerza y Corazón por México (PRI, PAN, PRD) a la Presidencia Municipal de Suchiate, Chiapas, asesinado el 5 de enero.
Alfredo Giovanni Lezama Barrera, regidor panista del municipio Cuautla, Morelos, asesinado cuando estaba en un gimnasio el 4 de enero.
Ricardo Taja, aspirante a la Presidencia Municipal de Acapulco, Guerrero, asesinado el 21 de diciembre.
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Itxaro Arteta de Data Cívica explicó que el proyecto comenzó hace aproximadamente 3 años, centrándose inicialmente en la elección pasada; sin embargo, el monitoreo se extendió a eventos de violencia desde 2018.
La periodista y ahora activista detalló que la iniciativa no solo se limita a periodos electorales, sino que también abarca los tiempos entre elecciones.
Además, entre las víctimas no solo se encuentran políticos, sino también funcionarios de seguridad, documentando un total de 1,649 ataques, asesinatos, atentados y amenazas contra personas que se desempeñan en el ámbito político, gubernamental, funcionarios de seguridad fuera de combate o contra instalaciones de gobierno o partidos, desde 2018 hasta principios de febrero de 2024.
Del total de los eventos documentados, el 78 por ciento de las personas víctimas en este periodo eran hombres y el 9.1 por ciento tenían una candidatura al momento del ataque. Mientras que el 48 por ciento eran funcionarias públicas y el 7.8 por ciento eran familiares de personas funcionarias o involucradas en el ámbito político.
En el desglose anual, no por periodo electoral, sino por año, el que registra más ataques es el 2023 con 574 eventos violentos, seguido de 2022 con 486; le sigue 2021 con 178; 2020 con 78; 2019 con 121 y 2018 con 171.
Si se analizan los ataques solo a funcionarios y políticos, sin contar a elementos de seguridad fuera de combate, en el 2023 se registraron 275 ataques, 248 en 2022; 167 en 2021; 71 en 2020; 98 en 2019 y 167 en 2018.
En cuanto a los asesinatos, si se filtra aún más la información, Arteta destacó que si se consideran solo los homicidios a candidatos o aspirantes a un cargo público, desde 2018 hasta diciembre de 2023, han contabilizado 105 víctimas.
“Tenemos esta separación de distintos tipos de funcionarios, pero desde que empezamos a monitorear en 2018 hasta la fecha, lo que hemos visto hasta el corte de diciembre, había sido asesinado 105 personas que fueron candidatos, candidatos o excandidatos, es decir, gente que sí estaba directamente contendiendo por un puesto, eso en los últimos 5 años. Lo que nos preocupa también mucho es que empezó enero y simplemente en las primeras semanas tuvimos cinco víctimas de personas que habían dicho que querían contender por un cargo, se sumó el aspirante de Mascota, en Jalisco, después pues se sumó el de el de Mascota la semana pasada también. Entonces esto sí es algo que estamos viendo, que es como un inicio de año, un enero electoral más violento que los anteriores”.
Arteta destacó que uno de los hallazgos más preocupantes es que el 60 por ciento de los eventos monitoreados corresponden a asesinatos, indicando una violencia extrema. Además, se destacó que el 80 por ciento de las agresiones están dirigidas a puestos locales, especialmente a nivel municipal.
ZONAS DE RIESGO
En cuanto a las zonas de mayor riesgo, se ubica el estado de Guerrero que encabeza el número de ataques con el 11.5 por ciento, seguido por Veracruz, Guanajuato y Oaxaca, sumando casi el 40 por ciento de los eventos registrados. A nivel municipal, Tijuana encabeza la lista seguida por Celaya, Taxco y Chilpancingo, según informó.
La catedrática Andrea Samaniego coincidió en que Guerrero es una zona en la que se presentan los focos rojos:
“Por lo que no se observa ahora, y mucho también del contexto que se está viviendo, pero bueno, también es histórico, Guerrero, la zona de Tierra Caliente; la zona de Michoacán, son zonas que históricamente han sido o han tenido problemas y presencia del crimen y ahorita me Guerrero un poco más […] También podríamos pensar en la zona de Zacatecas, que ahora lo vemos con el asesinato del cuñado de Ricardo Monreal; también una parte de Guanajuato también tiene problemas de seguridad, producto de sus carreteras y como hay este trasiego de distintos tipos de sustancias. Esas son como zonas que históricamente tienen estas problemáticas de violencia y se recrudecen en contexto electoral”.
La especialista consideró que en estas zonas “se va a recrudecer la violencia, ahí va a haber conatos de violencia y de ataques hacia candidatos o hacia equipos de campaña”.
Ambas especialistas también coincidieron en que la violencia política se ve principalmente dirigida a niveles locales. Ante ello, Itxaro resaltó la necesidad de enfocarse en fortalecer la seguridad en los municipios y no solo a nivel federal.
Samaniego explicó a su vez que la violencia política encuentra principalmente en áreas donde el crimen organizado tiene una presencia significativa, y esta problemática se agudiza en contextos locales.
Explicó que diversos cárteles pueden tener intereses específicos en respaldar a ciertos políticos, candidatos o candidatas para ocupar cargos públicos. Sin embargo, enfatizó que no todos los ganadores electos están necesariamente vinculados a algún cártel. La violencia, en muchos casos, se atribuye a la disputa por el control de territorios, carreteras y pasos para llevar a cabo actividades ilícitas. Además, la lucha por puestos políticos se presenta como otra dimensión de esta competencia, ya que implica el acceso a recursos y la colocación de personas afines en el gobierno.
“Las razones son muy variadas, se da en zonas donde el crimen organizado tiene amplia presencia, sobre todo se da esto en contextos locales, donde se observa que en el orden municipal o en el orden estatal la violencia es más palpable; se observa de forma más cruda. No ocurre tan así, en cargos o para elecciones del ámbito federal, aunque eso no quiere decir que no puede ocurrir, pero en esas elecciones son las más resguardadas, el aparato del Estado cuida más las elecciones federales que las estatales y no se diga que las municipales”, destacó.
La impunidad, según la académica, se convierte en otro factor determinante. Si bien el control del crimen organizado es un factor relevante en la violencia política, para la especialista es esencial considerar también el estado de la procuración de justicia. Asegura que hay mucho trabajo pendiente en este ámbito y que la impunidad es un componente crucial que debe abordarse para mejorar la seguridad y la integridad del proceso electoral.
“Pueden tener intereses en que haya ciertos políticos, candidatos o candidatas para ocupar un cargo. Con esto no quiero decir que todo aquel que gane una elección esté apoyado por algún cártel, ni mucho menos, pero es atribuible algunos de los focos de la violencia, justo a los intereses de criminales; así como hay una disputa por controlar la plaza, como comúnmente lo comentan, por controlar zonas del territorio, carreteras, pasos para poder llevar a cabo sus actividades, de igual manera hay una disputa por controlar puestos políticos, porque eso implica el uso de recursos o de colocar gente en el gabinete”, indicó la especialista.