Las dudas sobre el Fiscal de Morelos, herencia de Graco, llevan años. Y sigue de pie

El Fiscal Uriel Carmona tiene todo un historial de irregularidades desde que asumió el cargo en 2018. Se le ha acusado de haber llegado a la Fiscalía sin haber pasado los exámenes de confianza requeridos por Ley, se le ha intentado remover, ha enfrentado acusaciones que lo vinculan al crimen organizado y de igual manera las investigaciones que ha emprendido la dependencia que encabeza han estado marcadas por distintas inconsistencias. Él ha negado todo.

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Al Fiscal de MorelosUriel Carmona Gándara, lo han perseguido los señalamientos desde su nombramiento en febrero de 2018, en el último tramo de la administración del exgobernador perredista Graco Ramírez Garrido Abreu, a quien acusaron de imponerlo en la Fiscalía General de Justicia del Estado para cubrirle la espalda luego de una gestión que ha estado en la mira de las autoridades por distintas irregularidades.

Desde entonces, Carmona Gándara también ha protagonizado sus propias polémicas. Ha enfrentado un proceso de desafuero, acusaciones del Gobernador Cuauhtémoc Blanco que lo vinculan con el crimen organizado, ligas que también fueron exhibidos en un reporte de inteligencia naval enviado al Ejército Mexicano y filtrado por el grupo de hackers “Guacamaya”, así como denuncias de simulación frente a casos como el asesinato del activista Samir Flores.

Ahora el Fiscal Carmona enfrenta más señalamientos por el manejo que dio al feminicidio de Ariadna Fernanda López, la joven reportada como desaparecida en la Ciudad de México la semana pasada y cuyo cuerpo apareció horas después en Tepoztlán.

Contra toda evidencia, la Fiscalía de Morelos determinó que la causa de la muerte de la joven había sido una broncoaspiración por consumo de alcohol, una versión que fue desmentida por una necropsia realizada por el instituto de Ciencias Forenses y peritos de la Fiscalía de la Ciudad de México, la cual determinó que el motivo del fallecimiento fue un trauma múltiple.

En este caso el Fiscal ha sido acusado de proteger a uno de los presuntos responsables del feminicidio, el empresario Rautel Astudillo —captado en un video cargando el cuerpo sin vida de Ariadna— quien fue detenido el lunes en Nuevo León. De acuerdo con fuentes de la Fiscalía de Morelos y de la Ciudad de México, Rautel tiene vínculos en el estado a través de la empresa Grupo Jason, de la cual es socio, en la cual también están vinculados su padre y hermano.

Precisamente el manejo que ha dado la Fiscalía de Morelos al feminicidio de Ariadna ha llevado a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, a pedir que la Fiscalía General de la República (FGR) investigue a Uriel Carmona Gándara. No sería la primera vez que esté en la mira de la FGR: a finales de 2020 esta instancia lo acusó de “ejercicio indebido de la función pública” al no presentar exámenes de control y confianza antes de que asumiera el cargo, un caso que llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que en marzo de este año ratificó su fuero.

Este martes, Sheinbaum insistió en el tema y culpó a la Fiscalía de Morelos de realizar una investigación “desaseada, encubridora” en el caso del feminicidio de Ariadna, y acusó a la institución de demorar la entrega de la carpeta de investigación sobre el caso. “Estoy convencida de que, si no hubiera intervenido la Fiscalía de la Ciudad de México, el feminicidio de Ariadna hubiera quedado impune”, expresó en conferencia de prensa.

“Ningún Fiscal en nuestro país debe volver a culpar a una mujer de su propia muerte”, añadió. También cuestionó a la FGE de Morelos de retrasar la investigación, así como de irregularidades, como la llegada de personal al edificio donde se vio por última vez viva a Ariadna en CdMx. “Sin oficio de colaboración piden de forma intimidatoria los videos de seguridad cuando la Fiscalía de la CdMx ya había hecho ese trabajo en dos días […] ¿No les parece irregular? Hoy avisan que hasta el 13 de noviembre entregarán la carpeta, ¿por qué no ahora? ¿por qué no ayer?”, insistió la Jefa de Gobierno. También indicó que el Fiscal Carmona Gándara envió un mensaje de WhatsApp con un enlace a un sitio pornográfico a la Fiscal Ernestina Godoy, para después disculparse con que su cuenta había sido “hackeada”.

El propio Presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció el día de ayer en el mismo sentido: “Se tiene que hacer la investigación de lo que sucedió en este caso para que se aclare por qué si hubo una autopsia se estaba señalando que la causa de la muerte era otra, y que no había golpes, todo eso”.

En tanto, la Fiscal de la Ciudad de México Ernestina Godoy cuestionó el lunes el proceder de su homólogo morelense: “Lo que es indignante es que traten de culparnos a las mujeres de nuestras propias muertes. Esto me parece que ningún servidor público tiene derecho en el permiso de hacer una cosa como ésta, estoy totalmente indignada”, dijo Godoy Ramos en entrevista con Álvaro Delgado y Alejandro Páez en el programa Los Periodistas que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire.

No obstante, Uriel Carmona Gándara ha negado haber cometido alguna negligencia. “Las conclusiones de la Fiscalía de la Ciudad de México son apriorísticas; ellos hasta este momento no conocen la necropsia del equipo de médicos legistas de Morelos y sin embargo se han aventurado a descalificar ese trabajo y eso solamente se va a resolver ante jueces y tribunales”, afirmó ayer.

¿SIN PRUEBAS DE CONFIANZA?

En diciembre de 2020, la Subprocuraduría Especializada de Investigación en Delincuencia Organizada (SEIDO), de la FGR, solicitó a la Cámara de Diputados que se iniciara un Juicio de Procedencia en contra del Fiscal Uriel Carmona —es decir que se le quitara el fuero— para poder ser procesado por un supuesto ejercicio indebido del servicio público, por la falta de exámenes de control y confianza, antes de asumir el cargo a principios de 2018. 

“Quiero dejar claro que sí cuento con los exámenes de control de confianza que presenté y aprobé oportunamente”, respondió Carmona Gándara 23 días después de que se presentó la denuncia en el Congreso, instancia que en septiembre de 2021 desechó la solicitud de desafuero al señalar que el Fiscal no tenía la inmunidad procesal penal federal. 

Lo cierto es que ya desde finales de 2018 el Congreso de Morelos había buscado removerlo, algo que no había logrado debido a que el Fiscal se amparó. Posteriormente vinieron las acusaciones de la FGR y la desestimación de su desafuero en el Congreso federal, lo cual dio pauta a que el caso llegara a la Suprema Corte luego, que admitió a trámite una controversia constitucional promovida por el Poder Legislativo de Morelos para se definiera si Uriel Carmona contaba o no con fuero.

La decisión del Máximo Tribunal del país se dio en marzo del año en curso, cuando la Segunda Sala de la Corte determinó suspender la ejecución de la resolución emitida por la Sección Instructora de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, así como su notificación a la Fiscalía General de la República, para que esta autoridad se abstuviera de proceder penalmente contra el Fiscal General de Morelos, hasta en tanto se resuelva el fondo de la controversia constitucional.

Al analizar el caso, la Sala concedió la suspensión solicitada al establecer que el Fiscal “cuenta con la inmunidad procesal penal federal a que se refiere el aludido artículo constitucional”.

LO VINCULAN CON EL CRIMEN ORGANIZADO

Carmona ha enfrentado un proceso de desafuero y acusaciones del Gobernador que lo vinculan con el crimen organizado. Foto: Margarito Pérez Retana, Cuartoscuro

En medio de una disputa que ha mantenido con Cuauhtémoc Blanco Bravo —más reconocido por su carrera futbolística que por su paso por la política—, el Fiscal ha sido denunciado por el Gobernador de Morelos de mantener supuestos vínculos con el crimen organizado, una acusación que derivó en una denuncia ante la Fiscalía General de la República en enero de este año.

El 17 de enero, ​​Blanco denunció ante la SEIDO a su antecesor Graco Ramírez Garrido Abreu, a Uriel Carmona y al Fiscal Anticorrupción Juan Salazar Núñez. La maniobra legal se dio días después de que el Fiscal de Morelos dijera que investigaba al Gobernador luego de que a inicios de este año se difundiera una fotografía en la que aparece el exfutbolista junto a tres presuntos líderes locales del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), de Guerreros Unidos y Comando Tlahuica.

“No pactamos con el narcotráfico y no pactamos con gente que le ha hecho daño al estado, sin embargo, estos personajes siempre han sido protegidos de exgobernadores y estos sí habían pactado con el poder en turno. Las mantas y narcomantas seguirán apareciendo porque hay muchos narcopolíticos y políticos que les estorba este futbolista, como me dicen”, declaró en ese entonces al presentar su denuncia.

Más de medio año después, resurgirían los señalamientos contra Carmona Gándara. El 6 de octubre el medio Aristegui Noticias publicó un trabajo del reportero Juan Omar Fierro sobre un reporte de inteligencia naval obtenido mediante la filtración masiva de los correos hackeados de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por parte del grupo “Guacamaya”, según el cual el Fiscal tiene nexos con el grupo delictivo “Los Rojos”.

“No puedo negar que exista dentro de esos correos de Sedena una ficha donde se me menciona; sin embargo, no tiene ningún sustento, no existe ninguna prueba”, respondió Uriel Gándara a la periodista Carmen Aristegui.

No son los únicos señalamientos en su contra.

“LA FISCALÍA SIMULA”, ACUSAN

La acusación de Sheinbaum y Godoy de encubrir el feminicidio de Ariadna se suma a otros casos donde la Fiscalía ha sido señalada de no hacer su trabajo. Foto: Margarito Pérez Retana, Cuartoscuro

“(El Fiscal) ya sabe quién es (el asesino de Samir Flores), pero no quiere decirlo por miedo”, acusó el 26 de septiembre de 2020 el Gobernador Cuauhtémoc Blanco con respecto al homicidio de este activista, uno de los principales opositores al denominado Plan Integral Morelos, en el que se contemplaba la construcción de una termoeléctrica en Huexca, un acueducto y un gasoducto,

Samir Flores fue asesinado el 20 de febrero de 2019, cuando hombres armados tocaron a la puerta de su domicilio y le dispararon, en el poblado de Amilcingo, perteneciente al municipio de Temoac. La versión de la Fiscalía de Morelos señaló que alrededor de las 05:30 horas, tras abrir la puerta de su casa, el activista discutió con tres hombres en un callejón cercano y después se escucharon detonaciones de arma de fuego, posteriormente los agresores huyeron en un vehículo.

Al igual que en el caso de Ariadna, la Fiscalía de Uriel Carmona ha sido señalada por la manera en la que ha investigado este crimen. Días después del asesinato trascendió en la prensa que la Fiscalía perdió evidencia relacionada con este homicidio, una cartulina con amenazas que fue encontrada junto al cuerpo del líder opositor, lo que se sumó a las declaraciones del Fiscal, desde el primer momento quiso desvincular el asesinato con el activismo de Flores, atribuyéndole a un ataque de la delincuencia organizada

El 30 de septiembre de 2021, más de dos años después del asesinato de Flores, fue detenido el primer sospechos en el caso, de tres presuntos implicados, tras lo cual el Fiscal Carmona reiteró que el homicidio no estaría relacionado con el activismo de la víctima, además, negó que tuviera un registro de las amenazas que previamente habría recibido Flores.

“Es falso lo que ha afirmado el Fiscal. En la carpeta de investigación se ha logrado probar que a Samir Flores lo asesinaron por su trabajo como activista, principalmente por ser uno de los principales opositores al Proyecto Integral Morelos”, afirmó David Peña, abogado de la familia de Flores, en una entrevista recogida por el diario El País publicada el 1 de octubre de 2021.

Al igual que en este caso, el Fiscal también ha sido acusado de simulación en las investigaciones por las inhumaciones ilegales cometidas por la Procuraduría de Justicia de Morelos, durante el Gobierno de Graco Ramírez, en fosas clandestinas de Tetelcingo.

El sitio A dónde van los desaparecidos informó este lunes que los trabajos de exhumación se reiniciaron en el panteón Pedro Amaro de Jojutla, Morelos, donde se inhumó a un número incierto de personas no identificadas de manera ilegal. Activistas allegados al caso aseguraron que funcionarios que conforman la Fiscalía son los mismos de hace cinco años, cuando se dieron estas irregularidades.

Varios colectivos aseguraron que los funcionarios estatales buscan impedir que se lleve a cabo el trabajo en las fosas de forma transparente y no se pueda corregir las irregularidades e investigar las ilegalidades que encierra este proceso.

Este mismo patrón de omisiones e inconsistencias, se ha repetido en la investigación inicial por el feminicidio de Ariadna. Pese a la presión ejercida por este caso, y las demás acusaciones que pesan en su contra, el Fiscal se ha mantenido en su cargo, el cual culmina en 2027. 

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