El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) avaló sancionar con más de 62 millones de pesos a Morena por los ingresos y gastos no reportados de las llamadas “corcholatas” presidenciales.
Por unanimidad de votos, las y los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmaron la resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) respecto de las irregularidades encontradas en los gastos de los actos, actividades y propaganda realizados por Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López y Ricardo Monreal, durante el proceso interno de Morena para elegir al llamado Coordinador de la Defensa de la Cuarta Transformación.
«Todos pudimos darnos cuenta de la campaña tan extensa que llevó a cabo Morena dentro del proceso electivo para el cargo para la Coordinación de la Defensa de los Comités de la Cuarta Transformación.
«Estuvo ahí a la vista de todas y todos, los pudimos ver en la calle, al viajar en carretera, en transporte público, a lo largo del país. Claramente, todo esto implicó gastos, además de un beneficio al partido político que ameritaron una sanción», señaló el magistrado Felipe de la Mata Pizaña, al presentar el proyecto que determinó que fue correcta la sanción económica.
De acuerdo con el magistrado, las omisiones de gastos provocaron la imposición de las sanciones en las que el INE acreditó que omitió reportar o comprobar un aproximado de 43 millones de pesos que se gastaron en este proceso partidista, por lo que le impuso una multa de poco más de 62 millones de pesos.
Asimismo, destacó que al impugnar la sanción, Morena, argumentó el INE de manera intencional le formuló demasiadas observaciones, las cuales dificultaron su capacidad de respuesta, implementando así prácticas dilatorias; «pero seamos claros, la cantidad de observaciones realizadas por la autoridad depende del nivel de incumplimiento del nivel de errores y omisiones del partido fiscalizado; ello, pues el trabajo de la autoridad electoral fue asegurarse que los partidos operaran en un marco de transparencia y responsabilidad», subrayó.
En tanto, la magistrada Janine Madeline Otálora destacó que aunque fue avalado este proceso extraordinario para elegir a un eventual candidato presidencial, los partidos tienen la obligación de fiscalización y de rendición de cuentas y no se «admite flexibilidad ni en campañas, ni en precampañas, ni en procesos partidistas inéditos».
Por su parte, el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón llamó a no repetir prácticas que no abonen a la transparencia sobre el trabajo del TEPJF, ello en clara referencia al encuentro del magistrado Felipe de la Mata con representantes de Morena con quienes analizó la multa del INE.
«Hay dos prácticas que voy a decir, en lo personal, en mi ponencia no vamos a seguir y lo quiero dejar con mucha transparencia…Uno es retirar de la agenda jurisdiccional proyectos por solicitudes de audiencia que se reciben el mismo día de la sesión pública.
Y por el otro lado, también no me parece una práctica que contribuya a la confianza procesal, a la justicia procedimental dar audiencia a quienes o son partes de un litigio», expresó.
Cabe señalar que la discusión de este proyecto se aplazó por casi dos semanas ante la insistencia de la dirigencia nacional de Morena de analizar la sanción directamente con el magistrado Felipe de la Mata, en un intento de justificar los gastos y así reducir el monto de las multas ya que, a su parecer, dichos gastos no eran materia de fiscalización.
Fuente: eleconomista
