Avanza cierre definitivo de juntas de conciliación, ¿qué pasa con los casos pendientes?

La reforma laboral de 2019 creó un nuevo modelo de justicia para el que se estipuló la desaparición de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, por lo que su cierre será gradual conforme a la resolución de los expedientes rezagados. Hasta el momento la STPS ha cerrado 13 juntas especiales.

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La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) anunció la eliminación de siete Juntas Especiales de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA). La función de todos estos organismos será descontinuada gradualmente como parte del nuevo modelo de justicia de la reforma laboral.

Con el cierre de estos organismos ya son 13 las juntas especiales que han sido clausuradas. En noviembre de 2022, la STPS autorizó la primera supresión de juntas especiales. En ese momento fueron seis, ubicadas en Durango, Chihuahua, Sonora, Campeche, Zacatecas y Colima.

De acuerdo con lo publicado esta semana en el Diario Oficial de la Federación (DOF), siete juntas especiales en la Ciudad de México, Aguascalientes, Baja California, Veracruz, Quintana Roo y Coahuila dejarán de funcionar.

Algunos de los asuntos pendientes por resolver serán transferidos a otras juntas especiales en la misma entidad. Pero en otros casos, éstos se enviarán a oficinas auxiliares que la STPS abrió en otros estados de la República.

Hasta 2019, la JFCA tenía 66 juntas especiales, 20 de ellas en la Ciudad de México y 45 en el resto del país, con un total de 277,435 asuntos rezagados. Entre los casos pendientes hay demandas por pensiones del sector privado y público, así como conflictos del personal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), entre otros.

El acuerdo publicado en el DOF por la Secretaría del Trabajo señala que los “derechos laborales de las y los trabajadores adscritos a las Juntas Especiales que se suprimen serán respetados en términos de las disposiciones aplicables”.

Juicios laborales rezagados

En mayo de 2019, luego de las modificaciones a la Constitución y a la Ley Federal del Trabajo (LFT), comenzó la implementación de la reforma laboral. Una de las partes importantes de este proceso son los mecanismos para propiciar la libertad y democracia sindical.

Pero la otra gran parte tiene que ver con la justicia laboral. Por un siglo, en México operó el sistema de Juntas de Conciliación y Arbitraje, las cuales eran órganos autónomos pero dependientes del Poder Ejecutivo y concentraban la mediación y la sentencia.

Con la reforma, la conciliación se volvió obligatoria para la gran mayoría de los casos —salvo algunas excepciones—, se crearon centros de conciliación dependientes del Ejecutivo federal y estatal, y surgieron nuevos tribunales laborales en manos del Poder Judicial.

El nuevo modelo de justicia laboral se implementó en tres etapas entre 2020 y 2022. Cada una abarcó un grupo de entidades en las que se instalaron los centros de conciliación y los tribunales y, a partir de ese momento, las juntas dejaron de recibir asuntos y han continuado trabajando sólo con los expedientes pendientes que tenían.

Según el plan de la STPS, de julio de 2019 a diciembre de 2020 las juntas tendrían que atender 36,171 casos rezagados anteriores a 2012. Luego, para diciembre de 2021 debieron haber resuelto otros 196,905 expedientes del periodo 2013 -2018.

El resto, casi 75,000 demandas más, debían haber quedado solventados en abril de 2023, de acuerdo con el Diagnóstico preliminar sobre el estado actual de la justicia laboral en México 2019, del Consejo de Coordinación para la Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral.

La eliminación paulatina de las juntas de conciliación está establecida en el artículo Décimo Sexto Transitorio de la reforma laboral de 2019.

¿A dónde llevaron los expedientes?

Luego de analizar “las cargas de trabajo actuales de las Juntas Especiales de la Federal de Conciliación y Arbitraje de todo el país, así como el impacto social y económico de los asuntos que en cada una de ellas se atiende”, la STPS concluyó que éstas son las entidades que desaparecerán:

» Junta Especial 6 en la Ciudad de México. Los asuntos que cubrían son sobre la industria textil en todas sus ramas en empresas administradas en forma directa o descentralizada por el gobierno federal.

Los casos de esta oficina se quedan en la Ciudad de México, pero serán tramitados en la Junta Especial 10, ubicada en Avenida Azcapotzalco – La Villa número 311, Colonia Barrio Santo Tomás, Alcaldía Azcapotzalco.

» Junta Especial 24, Aguascalientes, Aguascalientes. Fue creada en 2012 y estaba dedicada a las actividades de todas las ramas de la industria y empresas de competencia federal en aquella entidad.

Desde ahora y hasta que todas las juntas sean suprimidas, los casos de este organismo se trasladarán a la Junta Especial 50 con residencia en la ciudad de Querétaro. Av. Zaragoza Poniente núm. 313, Col. San Ángel.

» Junta Especial 40, en Ensenada, Baja California. También trataba todos los asuntos de las empresas de competencia federal radicadas en dicho estado.

Su lugar lo tomará la Junta Especial 59 con residencia en la ciudad de Tijuana. Hermenegildo Galeana Núm. 8351, Colonia Centro.

» Junta Especial 56, en Cancún, Quintana Roo. De igual manera se resolvían ahí conflictos de empresas cuyo giro es de competencia federal.

A partir del martes, las demandas que se interpusieron en esa oficina serán analizadas en la Junta Especial 21, en Mérida, Yucatán. Calle 73 núm. 557 «A».

» Juntas Especiales 44, en Poza Rica, y 54, en Orizaba, Veracruz. Quienes no hayan concluido su caso en esas oficinas, ahora tendrán que darle seguimiento en la Junta Especial 22, con residencia en Xalapa. Distribuidor Vial número 1009, Colonia Reserva Territorial.

» Junta Especial 42, Torreón, Coahuila. En este organismo se promovían juicios contra del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Los casos que quedaron pendientes fueron trasladados a la Junta Especial 1 en la Ciudad de México. Avenida Azcapotzalco – La Villa número 311, Colonia Barrio Santo Tomás.

Fuente: eleconomista

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