Chetumal, Quintana Roo.- Con el slogan: «Todos juntos por el BIEN de Quintana Roo», la CMIC, CANACO-SERVyTUR Chetumal, el CCE Empresarial Chetumal; Colegio de Arquitectos de Quintana Roo A.C.; la FUSIOC; CATEM; la Federación Obrera Revolucionaria del Estado de Quintana Roo; Federación de Obreros Unidos de México; Federación Sindical de Obreros y Campesinos del Estado de Quintana Roo; la Confederación Joven de México; el Sindicato Único de Transportistas de Materiales para la Construcción y Similares del Estado de Quintana Roo y su representación en Othón P. Blanco y Zona Centro; el Sindicato de Transporte de Carga en General y Construcción en Quintana Roo «Lázaro Cárdenas; Sindicato de la Unión de Nacional de Transportistas del Cambio (UNTRAC); Sindicato de Volqueteros y Transportistas de Materiales para la Construcción, Carga en General, Aguas Negras y Agua Potable «Serapio Flota Maas»; Sindicato de Camioneros Ayudantes y Similares de Carga y Descarga del Estado de Quintana Roo, y la Coalición de Sindicatos de Transporte de Carga en General en el Estado, en un hecho histórico y sin precedente, establecieron mediante una firma de convenio, una mega alianza cuyo objetivo es enfrentar con firmeza y en un sentido unidad la crisis originada en 2018 y agudizada por la emergencia sanitaria mundial del COVID-19 en México y Quintana Roo, esto con el fin de contribuir a la reactivación económica de Quintana Roo a través del fortalecimiento de mercado interno local.
En un acto celebrado en las instalaciones del edificio sede CMIC en la ciudad de Chetumal, los líderes empresariales y los representantes de distintos sindicatos, federaciones, colegios, confederaciones y coaliciones, expresaron su voluntad de sumar esfuerzos y establecer acciones firmes orientadas a dinamizar la economía del Estado, con el propósito de cerrar filas frente la crisis que hoy por hoy genera desconcierto e incertidumbre a los distintos sectores productivos, con especial énfasis a la industria de la construcción.
Cabe destacar que en el contexto de la crisis económica ocasionada por el COVID-19 en el país, con relación a la pérdida de empleos formales por alrededor de 1 millón 180, 000, según registros del IMSS, así como los números no cuantificados por perjuicios colaterales a las empresas, pequeños comerciantes y a los trabajadores independientes que perdieron sus ingresos, quienes sufrieron afectaciones a sus líneas de crédito y perdieron oportunidades de negocio y sus relaciones comerciales ordinarias, así también a la no implementación de un plan de rescate financiero del Gobierno Federal, sino a la puesta en marcha de inversiones estratégicas mediante la reactivación de las cadenas productivas y la contratación de empresas locales para la ejecución de los proyectos regionales de inversión, los representantes de los diferentes productivos decidieron unir fuerzas para establecer y vigilar los mecanismos que coadyuven al cumplimiento del rescate económico local.
Añadieron que esta situación se agrava puesto que el Gobierno del Estado poco ha hecho para garantizar el fortalecimiento del mercado local, ya que acciones contrarias de sus propias dependencias como por ejemplo: el libre tránsito de vehículos de transportes de carga que circulan sin permiso, las licitaciones públicas durante la pandemia se han desarrollado con parcialidad e inseguridad jurídica al momento de emitir sus fallos desplazando a las empresas locales, así como al nulo reconocimiento a la organización sindical y la no exigencia del uso de mano de obra local del gobierno, y por último la falta de consideración a las empresas residentes en el ejercicio del gasto público, ha demostrado evidentemente el desinterés de ejercer medidas contundentes que se enfoquen a la reactivación del engranaje económico.
En ese tenor, apuntaron que si bien en el Estado el proyecto emblemático del «Tren Maya» señalado como programa prioritario plantea el fomento al empleo y la reactivación de las cadenas productivas integradas por empresas locales, lo cierto es que no se han concretado contrataciones a empresas o trabajadores residentes en la Entidad, sino al contrario, ha generado la inmigración de capital humano foráneo, hecho que entorpece el objetivo planteado.
En ese sentido, el FRENTE COMÚN propone que el ejercicio del gasto público del gobierno estatal se direccione al beneficio de las cadenas productivas integradas por trabajadores, empresas, organizaciones y prestadores de servicios residentes en el Estado de Quintana Roo.
Asimismo, señalaron qie como ejes estratégicos que salvaguarden el estricto cumplimiento de la exigencia los siguientes:
Pugnar que el Gobierno Federal, Estatal y Municipal, establezca un método de verificación que compruebe que toda obra pública, adquisición o prestación de servicios se dirija al estricto beneficio de las cadenas productivas de Quintana Roo.
Solicitar al Gobierno del Estado el impulso de la creación de sociedades cooperativas, facilitando la formalización y la tramitología a través de sus representantes y delegados, toda vez que representa un motor económico indispensable para la generación de fuentes de empleo y la diversificación a distintos servicios y productos.
Solicitar a los tres de gobierno, la creación de una renta básica universal para todos los ciudadanos, misma que garantice un ingreso mínimo vital que permita cubrir sus necesidades básicas y se determine como un instrumento que brinde protección ante riesgo de pobreza y se garantiza mediante una reforma a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.
Denunciar públicamente y por las vías legales los actos y omisiones de servidores públicos que impidan que los trabajadores, empresas y organizaciones del Estado de Quintana Roo, obtengan beneficios derivados de la contratación pública Federal, Estatal o Municipal.
Asesoramiento y vinculación a los trabajadores y empresas del Estado de Quintana Roo para la confirmación de cadenas productivas locales que permitan contribuir a la realización de obras, servicios y en la adquisición de bienes útiles para los proyectos federales, estatales o municipales.
Presentar iniciativas de Ley y Reglamentos ciudadanos ante el Congreso de la Unión, Congreso del Estado y Cabildos, con la finalidad que permita el reforzamiento del marco jurídico que permita distribuir el gasto público generado por la ejecución de obras, servicios o adquisición de bienes en las cadenas productivas de la localidad.
Ejercer todas las acciones legales procesales que las leyes vigentes permiten contra los actos de autoridad que destinen al gasto público en fines que no beneficien a las cadenas productivas locales.
Garantizar el derecho democrático a la protesta y a la libre libertad de expresión, a efecto de que el gobierno Federal, Estatal y Municipal cumplan con las estrategias que se proponen para reactivar la economía mediante un modelo de inclusión que permita el involucramiento obligado de trabajadores, empresas, organizaciones o prestadores de servicios residentes en el Estado de Quintana Roo.
Con estas acciones el FRENTE COMÚN crea sinergias entre sector privado y público, las cuales permitan un verdadero rescate económico que beneficie a todos los sectores a corto y mediano plazo, con propuestas viables y convincentes encaminadas a redireccionar el ejercicio y la práctica de gobierno.
