Los sindicatos en México y en otros países frecuentemente se han convertido en negocios turbios. Basta ver las fabulosas fortunas que amasaron en tiempos del PRI los líderes gremiales de maestros, petroleros o electricistas. Tampoco es novedad que los sindicatos charros siempre han buscado estar cerca del gobierno y colocar a sus dirigentes en puestos de elección popular.
Los grandes sindicatos de tiempos del PRI han sabido sobrevivir. Con la transición a la democracia aprendieron a acomodarse en cada elección y a vender caro su amor a los candidatos con buenas probabilidades de triunfo. Sin embargo, a pesar de la corrupción y del enriquecimiento descarado, Gordillo, Deschamps y compañía generalmente se limitaron a ejercer presión por los métodos de la lucha sindical –como huelgas, plantones y bloqueos–; o bien mediante intrigas y chantajes propios de la política.
No era frecuente que se reportara que los líderes de estos grandes sindicatos tuvieran vínculos con narcotraficantes o que participaran en actividades criminales, fuera de aquellas indispensables para mantener su control sobre el sindicato y sus dineros. Es comprensible que así fuera. Los grandes líderes sindicales nunca estuvieron sujetos al principio de no reelección, y han sido quienes han buscado con más ahínco establecer dinastías políticas. Su visión era de largo plazo y para ellos no hacía sentido incursionar en los negocios duros del crimen organizado y volverse completamente impresentables.
Sin embargo, en las elecciones más recientes se ha comenzado a configurar una nueva modalidad de relación entre política, sindicatos y crimen organizado. Pienso, sobre todo, en el caso del Sindicato Libertad. Se trata de una organización que, bajo el nombre oficial de Confederación Libertad de Trabajadores de México, agrupa a cientos de miles de trabajadores del transporte y la construcción en 20 entidades federativas. Aunque el Sindicato Libertad tiene registro formal ante la Secretaría del Trabajo, se le conoce sobre todo por las distintas modalidades de extorsión y despojo en las que incurre. Los agremiados al Sindicato Libertad recurren a golpeadores y a incendios provocados, pero también a células armadas, para amedrentar a los competidores y cobrar cuota a distintas empresas de los ramos del transporte y la construcción.
El Sindicato Libertad es fuerte en varios municipios y alcaldías del Valle de México, así como en Valle de Bravo y en la región del istmo en Oaxaca. Su principal líder, Hugo Bello Valenzo, planteó desde 2019 que el Sindicato Libertad debería meterse de lleno a la política, crear comités para “bajar recursos” y fortalecer su presencia en los ayuntamientos de los municipios donde opera.
Hugo Bello fue detenido hace algunos meses y sus cuentas fueron congeladas por la Unidad de Inteligencia Financiera. Sin embargo, esta detención no significó el fin del proyecto político ligado al Sindicato Libertad. Conforme se acerca el 6 de junio salen a la luz los vínculos de dicha organización con distintos candidatos, lo mismo morenistas que abanderados por otros partidos. Al menos media docena de contendientes en la capital, en el Estado de México y en Oaxaca han sido identificados por sus vínculos con el Sindicato Libertad.
La semana pasada vimos un esbozo de las implicaciones que podría tener la participación en política del Sindicato Libertad cuando golpeadores de dicha organización atacaron en Ecatepec a brigadistas de Morena –en dicho municipio, Guillermo Fragoso Báez, dirigente estatal del Sindicato Libertad, es candidato por el PRD a una diputación local–. No sería extraño que en las semanas que vienen, y sobre todo el día de la jornada electoral, los grupos de choque del sindicato siguieran haciendo de las suyas.
Lo más preocupante es que el Sindicato Libertad no sólo es una organización gremial, metida en política, que trabaja con métodos propios de la mafia. Lo más preocupante es que también se ha convertido en un aliado natural de otros grupos criminales de mayor peligrosidad. Hasta donde sabemos, en la CDMX trabaja con Unión Tepito; en Valle de Bravo tiene vínculos con La Familia Michoacana; y se le relaciona también al Cártel de Oaxaca. También es grave que, a pesar del consenso sobre su naturaleza criminal, el Sindicato Libertad todavía conserve el barniz de legalidad que le confiere el registro vigente ante la Secretaría del Trabajo.
El crimen organizado busca por todos los medios hacerse del control político de ayuntamientos. Sabemos bien que recurre a la puerta trasera, es decir, a sobornos, amenazas, intimidaciones y asesinatos de candidatos. Sólo en el curso de la semana pasada hubo 17 incidentes de violencia política, incluyendo varios ataques armados a candidatos.
El caso del Sindicato Libertad demuestra que ahora también hay una puerta lateral. De esta forma los criminales pueden promover candidatos desde organizaciones de carácter mafioso pero que cuentan con una fachada de legalidad, y que tienen un margen más amplio para operar políticamente, incluso en las principales ciudades del país, sin renunciar por ello al uso de la violencia.
Fuente: elfinanciero
