El aforismo «quien hace la ley hace la trampa» toma cuerpo en una de las tretas que ha detectado la Policía Nacional en el inframundo del comercio de personas. Las redes de trata están utilizando la burocracia de las peticiones de asilo (cada vez mayores) para mantener en situación «legal» a las chicas con las que mercadean. De este modo, explican fuentes policiales, hay cientos de prostitutas en Madrid que gozan de esa «impunidad» a la hora de ser detectadas en la calle: tienen la tarjeta roja de solicitud de condición de refugiadas o gozan ya de un permiso, que se alarga meses hasta resolverse favorable o negativamente.
«Cuando las identificamos nos preguntamos por qué son todas solicitantes de asilo.
La mayoría son venezolanas. Abundan las extracomunitarias, también paraguayas y colombianas, además de vietnamitas y nigerianas», explican los expertos a ABC.
La argucia es la siguiente. Solicitan la cita para la primera entrevista y consiguen la tarjeta roja, de peticionaria de asilo en España. Pero el trámite se alarga, una media de diez meses, hasta la resolución. Y, mientras, no se les puede aplicar la Ley de Extranjería ni, por tanto, expulsar de nuestro país. «En la actualidad, se está concediendo la segunda tarjeta, a partir de los seis meses, que es la que, además, permite trabajar. Se la dan directamente, porque se ha pasado el primer plazo de los diez meses» sin que se haya resuelto el expediente, indican. Y hay un efecto llamada.
Pero detrás de todo esto se encuentran las redes expertas en este tipo de esclavitud en pleno siglo XXI. «Las mafias las traen desde la Costa Blanca. Las llevan directamente al registro de la calle de Pradillo, porque prefieren evitar la avenida de los Poblados, que es donde se encuentra la Brigada de Extranjería y Fronteras», explica uno de los policías que investigan estos casos. Luego, inmediatamente, les quitan las tarjetas rojas, para volver a dejarlas a su merced, indocumentadas, y las devuelven a los capos de las mafias que controlan el «negocio» en Alicante o las Islas Baleares.
Uno de los problemas (y de las facilidades para estos traficantes) es que la ley actual de asilo «no exige absolutamente nada» para tramitar la solicitud. «Es la puerta de atrás de la legislación en Extranjería, y así es como tenemos a centenares de chicas en Madrid», añaden.
Pero, ¿por qué acuden a la capital? «Porque en otros puntos de España la cita la están dando para 2022 o 2023, y aquí tardan apenas 15 días en conceder la entrevista», explican a este periódico.
Confinadas y sometidas
Esta realidad se viene produciendo en el último año, año y medio, aunque el «boom» llegó hace unos meses. «Las venezolanas fueron las que abrieron la espita. Hemos llegado a liberar a chicas en la cola de la avenida de los Poblados y hay ONG que las ayudan, porque es muy complicado salir del yugo de estas organizaciones criminales, que en su mayoría son, además, internacionales», detallan los expertos.
Durante este confinamiento, las chicas han desaparecido de las calles. Las que no han sido enviadas a sus países hasta nueva orden permanecen en los pisos, «pero tienen que pagar el 100% del alquiler a las mafias, en vez del 50%, al no poder trabajar». Los agentes siguen en contacto con las comisarías y, por ejemplo, en los macroburdeles de Delicias, tras la última operación policial, pusieron una cadena tipo «pitón» para evitar que se siguiera traficando con sexo allí. Hay algunos pisos que siguen habitados y con las mujeres controladas por cámaras.
Fuente: ABC
