De pronto la violencia de género ha acaparado titulares y columnas de periódicos y medios digitales en Chihuahua. ¿Tal vez porque en lo que va del año, una mujer es asesinada cada dos días en el estado? ¿Acaso porque esta entidad sigue ocupando los primeros lugares nacionales en violaciones y en violencia laboral contra las mujeres? ¿O porque aún hay 522 mujeres desaparecidas en el estado?
No, qué va, fue por la denuncia interpuesta por la diputada presidenta del Congreso ante el Tribunal Estatal Electoral contra ocho legisladores de la bancada de Morena, por supuestamente haber ejercido “violencia política de género”, contra ella. Aduce que la violencia la ejercieron sus ex compañeros de bancada por no haber apoyado al Prian cuando la nombró para presidir al Congreso, por retenerle parte de su dieta y por promover un abucheo en su contra en un mitin de apoyo a Claudia Sheinbaum, y otras cosas.
Además de responder jurídicamente a la acusación, la bancada de Morena protestó ante el palacio de gobierno y el Tribunal Estatal Electoral. Esto hizo que los medios pagados por el gobierno del estado e incluso corrientes morenistas se fueran contra los legisladores manifestantes tachándolos de protestar para no ver amenazada la posibilidad de relegirse, de proceder la demanda.
Pero esta manera de ver las cosas no considera el proceso y el contexto en que se da el recurso legal “por violencia política de género”: la fracción morenista en el Congreso de Chihuahua ha sido una verdadera piedra en el zapato para la gobernadora María Eugenia Campos Galván: no sólo ha votado contra las iniciativas más caras a ella, sino que ha promovido acciones de inconstitucionalidad sobre ellas; por ejemplo, ante la reforma judicial de 2022.
Ha cuestionado con solidez el endeudamiento sin fin del gobierno del estado; los regalos millonarios de terrenos a empresas y amigos de la gobernadora; la opacidad y el ocultamiento de la información pública; la resistencia a repartir los libros de texto gratuitos; el dispendio y la inutilidad de la Plataforma Centinela, que no ha servido para reducir la inseguridad; la opacidad en sus viajes fuera del estado; las millonarias compras de vehículos a las agencias de su prometido… Contrasta con esto el apoyo sistemático que la presidenta del Congreso ha brindado a las iniciativas del gobierno estatal.
Al recibir y procesar esa demanda, el Tribunal Estatal Electoral tuerce la ley por instrucción de la gobernadora para perjudicar a los legisladores morenistas, en un afán de desacreditar y silenciar la oposición.
No es posible creer en la súbita conversión del Ejecutivo del estado y de los organismos supuestamente autónomos y medios que controla, al combate de la violencia de género. Más bien van en sentido contrario: el Día Internacional de la Mujer: desde la madrugada, camiones pesados, grúas y montacargas colocaron 608 mamparas de metal sólido alrededor de los palacios de gobierno y municipal de la ciudad de Chihuahua para proteger los edificios históricos de la justa rabia de la manifestación de las mujeres que ese día tuvo una convocatoria histórica.
Además de gastar una millonada en ello, el gobierno del estado desplegó un operativo de vigilancia que criminalizaba a cualquier transeúnte que se aventurara a mirar por las rendijas del muro metálico, y golpeó y gaseó a las manifestantes que intentaron escalar la pesada y costosa barrera.
Las mamparas costaron a los chihuahuenses 39 millones 268 mil 191 pesos y se usaron sólo un día. En contraste, los tres Centros de Justicia para las Mujeres (Cejum) sólo reciben 11 millones 698 mil pesos; la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, 15 millones y el Instituto Chihuahuense de las Mujeres, 56 millones 385 mil. Así, el gobierno de Chihuahua gasta más en protegerse de las mujeres en un día que en proteger diario a las chihuahuenses.
A final de cuentas el TEE decidió sentenciar por violencia política de género sólo al coordinador de la bancada de Morena, el diputado Cuauhtémoc Estrada, quien ha dicho que apelará ante el TEPJF en Guadalajara, Jalisco. Con esta sentencia el tribunal busca no verse tan mal sancionando a ocho legisladores con sustento tan endeble, y a la vez busca anular al que ha sido el dirigente de la oposición al autoritarismo del gobierno del estado en el Congreso.
Aquí hay al menos tres cuestiones a reflexionar: 1) ¿cómo se pueden criticar las posturas políticas públicas de una mujer sin que esto implique la violencia de género? ¿Era, por ejemplo, violencia política de género criticar a Elba Esther Gordillo?; 2) el de que la categoría de violencia política de género sea una conquista de los movimientos de mujeres no excluye la posibilidad de que sea utilizada desde una perspectiva autoritaria para eliminar críticas y disidencias, 3) como dicen muchas feministas: “cuerpo de mujer no garantiza perspectiva de género”.
Desde hace dos años y siete meses, esa ha sido la constatación continua de la ciudadanía de Chihuahua.
Fuente: jornada
