Es probable que en próximos días, el Senado de la república apruebe las reformas a las leyes electorales nacionales que fueron avaladas por una mayoría legislativa en la Cámara de Diputados en diciembre de 2022.
El conjunto de cambios conocido como Plan B, modifica decenas de artículos de 5 leyes que rigen el sistema electoral mexicano. No expondré aquí hipótesis ni conjeturas. Lo que tenemos enfrente no es un “riesgo”, sino una consecuencia inevitable: si la reforma electoral es por fin votada en el Senado y eventualmente confirmada por las autoridades jurisdiccionales, México dejará de tener la capacidad para organizar elecciones limpias, posibilitar el voto libre, secreto y, por tanto, no podrá garantizar la autenticidad del sufragio.
El cúmulo de cambios tienen impacto en las distintas autoridades que forman parte del sistema electoral mexicano, pero, al tratarse de un sistema, los cambios trastocan de muchas maneras al conjunto de instituciones administrativas y judiciales, en detrimento de los derechos políticos en nuestro país.
La intervención en las estructuras y facultades de las autoridades electorales administrativas y judiciales -nacionales y locales-, el debilitamiento de sus capacidades técnicas y operativas, su des-profesionalización y des-ciudadanización, la reducción de procedimientos electorales sustantivos (para “abaratarlos”), el desequilibrio en las condiciones de la competencia política, el relajamiento del régimen de sanciones a partidos, la permisividad para el uso parcial de recursos públicos y la propaganda gubernamental, la vulneración a los estándares de seguridad del padrón electoral y al derecho a la identidad, las restricciones y regresiones para garantizar la participación y representación política paritaria y para grupos históricamente excluidos, entre otras afectaciones graves, modifican las condiciones para la realización de elecciones limpias, competidas, libres, genuinas y dificultan el cumplimiento de los principios constitucionales que rigen la función electoral en México: certeza, objetividad, imparcialidad, legalidad y máxima publicidad.
Por la gran cantidad de ostensibles violaciones constitucionales y a los derechos de las personas, es previsible la presentación de cientos o miles de amparos, controversias y juicios de toda índole. Entre tanto, mientras esos recursos son resueltos por las instancias competentes, las autoridades electorales, los partidos políticos y la ciudadanía en general vivirán meses de incertidumbre sobre las condiciones que rigen la vida democrática y política de las y los mexicanos.
En un escenario no visto en décadas, y a meses de arrancar el proceso electoral 2023-24, la instrumentación de esta reforma, o lo que quede de ella, someterá al INE y a los OPLE, con sus capacidades y facultades probablemente disminuidas, a una incertidumbre desmedida en la organización de la elección en donde estarán en juego todos los cargos federales de elección popular (incluida la presidencia de la República), 9 gubernaturas, los congresos de 30 entidades y más de mil 500 municipios en todo el país.
El contenido de esa iniciativa es grave, pero el proceso legislativo del cual emerge, proclamado “de urgente y obvia resolución” también está plagado de vicios pues se presentó sorpresivamente, careció de justificación y motivación, no pasó por comisión alguna e impidió la deliberación que obliga la ley y exige la sociedad mexicana. Solo esa falla debería bastar para declarar la invalidez de las normas aprobadas.
La historia nos ha enseñado que toda iniciativa de reforma que transforme las reglas del juego electoral ha de surgir del consenso, de la ratificación plural del compromiso democrático y del acuerdo. Pero estamos ante el primer escenario de unas reglas electorales para renovar los poderes públicos en el país, que es fruto de la improvisación, de la imposición de una mayoría, sin buscar el mínimo consenso.
Este retroceso político, el desmantelamiento y la destrucción, así como el desorden que se inyecta, afectan no solo a una estructura institucional, un sistema nacional que funciona, instrumentos vitales y condiciones reales de competencia política: en conjunto, esas nuevas circunstancias vulneran la seguridad y la certeza de las elecciones mexicanas, e impiden el derecho al sufragio autentico; la posibilidad de vivir en democracia.
Fuente: eleconomista
