Italia concedió el lunes un puerto seguro para el desembarco de los 265 migrantes rescatados por la nave española Open Arms, pero salvo los menores que viajaban no acompañados, el resto de náufragos todavía no ha llegado a tocar tierra firme. Se encuentran en otra embarcación fletada por el Gobierno donde deberán superar un periodo de cuarentena de al menos dos semanas. El traslado de un buque a otro, cerca del puerto siciliano de Porto Empedocle, pero realizada en medio del mar, duró toda la noche y se completó en plena oscuridad. La operación fue larga y peligrosa, a causa del mal tiempo y la escasa visibilidad.
Este controvertido sistema por el que deben pasar las personas que lleguen al país transalpino a través del mar y que el Ejecutivo adoptó el pasado abril como una solución temporal, cada vez está siendo más criticado, sobre todo después de que el año pasado se produjeran varias muertes. Como la de Abdou Dakite, de 15 años, que enfermó a bordo de una nave cuarentena y murió en un hospital de Palermo; o la de Abdallah Said, también menor y enfermo de tuberculosis, que tras una estancia en otro barco cuarentena falleció en un centro médico de Catania; o la del joven tunecino Bilal Ben Masoud, de 22 años, que falleció después de lanzarse por la borda para tratar de alcanzar la costa a nado.
El mes pasado, más de 150 organizaciones humanitarias nacionales e internacionales que cuestionan la legalidad de esta práctica enviaron una carta abierta al Gobierno italiano para reclamar el fin de este sistema improvisado de acogida. La ministra del Interior, Luciana Lamorgese, ha insistido en numerosas ocasiones en que se trata de un “remedio temporal” que entre otras cosas busca también “aumentar la seguridad” en las comunidades locales. “No es la mejor solución, pero no tenemos alternativas”, ha dicho.
Dentro de las naves, los migrantes son asistidos por personal sanitario voluntario de la Cruz Roja, que en ocasiones resulta insuficiente para atender todas las necesidades. Según esta organización, hasta el momento han pasado por los seis barcos que conforman el sistema alrededor de 10.000 personas. Al inicio todos los migrantes que llegaban por mar eran trasladados a estas embarcaciones indistintamente e incluso en dos ocasiones algunos migrantes que ya se encontraban en centros de acogida en Roma y dieron positivo en las pruebas de coronavirus también fueron llevados a los barcos. Ante las protestas reiteradas de varias asociaciones locales esto no se ha repetido y desde la muerte de Abdou Dakite los menores no acompañados son trasladados a un centro de acogida en tierra firme, como dicta la ley.
“Este sistema merma los derechos que tienen por ley todos los migrantes, tanto los que pueden presentar una solicitud de asilo, como a los que les espera una orden de expulsión. Son lugares de detención administrativa y las personas que están a bordo no tienen un estado jurídico bien definido”, explica Fulvio Vassallo Paleologo, abogado y miembro de la Asociación Derechos y Fronteras, una de las organizaciones firmantes de la carta. Y añade: “Además suponen un gasto excesivo”. Calculan que mientras el coste de la asistencia en tierra ronda los 30 euros diarios por migrante, en el mar alcanza los 200 euros.
Desmantelamiento del sistema de acogida
Paleologo también explica que este método es, en parte, una consecuencia del desmantelamiento del sistema de acogida que propiciaron las leyes antinmigración de Matteo Salvini durante su etapa como ministro del Interior entre 2018 y 2019. “En ese momento se cerraron muchos centros de acogida, la situación antes de la pandemia ya era crítica, cuando este año aumentaron las llegadas, aunque mucho menos que en el periodo de 2014 a 2017, el sistema no estaba en absoluto preparado”, apunta el letrado.
Desde la política, el rechazo también es extenso. Erasmo Palazzotto, diputado del partido de izquierda Libres e Iguales, inició un requerimiento parlamentario sobre el uso de los barcos de cuarentena por parte del Gobierno. “Aunque este sistema podía considerarse como una respuesta inicial ante la emergencia sanitaria, ahora se ha convertido en un principio absolutamente insostenible que discrimina a las personas y que genera un racismo institucional”, señala a EL PAÍS Palazzotto. Y agrega: “Estos lugares, como se ha demostrado, no son adecuados para la cuarentena ni para retener a personas que vienen de situaciones dramáticas, después de un viaje extenuante, que a menudo han sufrido abusos y violencias infames y que necesitan recibir asistencia no solo médica, sino también psicológica, adecuada en tierra firme para poner fin a ese periplo que pondría a prueba a cualquiera”.
Desde la otra parte del espectro político también han llegado quejas sobre este procedimiento. La mayoría de formaciones de derecha alega que estos barcos no deberían utilizarse y piden que directamente se cierren los puertos a la inmigración.
Fuente: elpaís
