Los datos difundidos el viernes pasado son terribles.
De los empleos perdidos durante los meses de marzo y abril debido a la pandemia de coronavirus y la mala administración de la economía por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, poco más de la mitad –375, 714– eran de personas de entre 15 y 29 años.
Casi 263,000 de estos nuevos desempleados son hombres y casi 113,000 son mujeres.
El 55% de ellos vive en seis estados: Ciudad de México, Quintana Roo, Nuevo León, Jalisco, Estado de México y Querétaro.
Sólo cuatro de cada 10 han trabajado tres o más años en el sector formal de la economía.
El 65% de ellos ganaba de entre uno y dos salarios mínimos o sea de entre 3,696.60 y 7,393.20 pesos. No mucho si tomamos en cuenta que la línea de la pobreza por ingresos urbano es de 3,208.36 pesos.
En el primer cuatrimestre del año, 980,000 menores de 30 años se quedaron sin trabajo. A estos habrá que sumar los que perdieron su empleo en mayo.
Al concluir este mes, más de un millón de jóvenes habrán dejado de percibir un sueldo que les alcanzaba para medio vivir y, si algo les sobraba, apoyar a sus familias.
Para resolverles su problema, la también joven secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, los invitó a incorporarse al programa Jóvenes Construyendo el Futuro, el cual les permitirá ganar 3,748 pesos mensuales durante un año y disfrutar de un seguro médico.
Hasta la fecha, de acuerdo con lo que informó el sábado pasado la Coordinadora Nacional del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro, Dayra Vergara, hay un millón 317,822 beneficiarios del programa; sin embargo, este número es 54.5% menor al que aparece en el sitio jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx, donde se anota que hay 600,134. ¿Cómo se explica esta diferencia, nada menor, de 717,688 personas? ¿Cuál es el número real, el oficial que aparece en el sitio o el que mencionó Vergara?
Y la diferencia es nada menor porque en pesos y centavos significa mucho dinero.
Si la cifra real es la que se ve en el Internet, se le están entregando 2,249 millones 302,232 pesos mensualmente a los jóvenes que están construyendo su futuro; si es la que dijo la funcionaria, ese monto asciende a 4,939 millones 196,856 pesos, una diferencia de 2,689 millones 894,624 pesos al mes o 32,278 millones 735,488 pesos anuales.
Sea lo que sea, el sólo hecho de que haya una diferencia tan grande entre una y otra cifra debe preocupar y alarmarnos porque demuestra que hay desorden en la coordinación que hasta hace un mes estuvo en manos de Horacio Duarte, el nuevo administrador general de Aduanas del SAT (el tercero en lo que va del sexenio de la 4T).
Se dice, se comenta y se rumora que el desorden caracteriza al programa de ayuda a los jóvenes que no estudian ni trabajan: que quién sabe cuántos sólo cobran y no trabajan, que muchísimos son obligados a entregar a sus patrones parte de lo que se les paga, que otros nada hacen porque sus empleadores no tienen la disposición, preparación o los recursos para capacitarlos.
Lo anterior no significa que no haya miles de jóvenes beneficiándose, pero deberían ser todos.
Si Alcalde y Vergara no tienen bajo control el mencionado programa, ¿cómo esperan que funcione adecuadamente si se le incorporan varios cientos de miles de jóvenes más?
Fuente: eleconomista
