Cerrar los ojos ante el desmantelamiento de las instituciones estatales encargadas de la seguridad nacional en el sentido más amplio del término, no hace desaparecer la realidad que nos estalla en el momento en que fenómenos naturales o grupos criminales se hacen presentes y destruyen la vida de los habitantes afectados por un gobierno negligente e irresponsable.
En Guerrero, entidad con grandes carencias y en donde la presencia del crimen organizado forma parte de la cotidianidad, la entrada de un huracán categoría 5 como Otis termina por demostrar, sin límite, alguno la vulnerabilidad de un territorio sin gobierno ni instituciones capaces de responder a una emergencia.
Cerrar los ojos ante el desmantelamiento de las instituciones estatales encargadas de la seguridad nacional en el sentido más amplio del término, no hace desaparecer la realidad que nos estalla en el momento en que fenómenos naturales o grupos criminales se hacen presentes y destruyen la vida de los habitantes afectados por un gobierno negligente e irresponsable.
En Guerrero, entidad con grandes carencias y en donde la presencia del crimen organizado forma parte de la cotidianidad, la entrada de un huracán categoría 5 como Otis termina por demostrar, sin límite, alguno la vulnerabilidad de un territorio sin gobierno ni instituciones capaces de responder a una emergencia.
El proceso de centralización extrema instrumentado por López Obrador durante casi cinco años demostró su inoperancia en esta tragedia. La desaparición del Fonden como fideicomiso y su transformación en un fondo manejado discrecionalmente por Hacienda, mismo que ya fue disminuido de forma considerable con el traslado de recursos al Tren Maya, deja a los habitantes de Guerrero sin una instancia eficiente y rápida para apoyarlos en este momento.
Sin gobernadora ni presidente, los guerrerenses se encuentran a la deriva. Los apoyos de la sociedad civil, obstaculizados en un inicio por una orden del propio AMLO quien insistía en que únicamente el Ejército y la Marina podían repartir ayuda, fluyen ahora a pesar de la hostilidad manifiesta de un primer mandatario que desprecia toda expresión que no esté sometida a su mando.
Una sociedad polarizada por el poder central no puede responder con un esfuerzo coordinado con un gobierno que la considera ilegítima en su pluralidad, y que a su vez pretende evitar que se difunda la enorme incapacidad profesional de sus cuadros para responder ante una tragedia de esta magnitud. Mientras los llamados “servidores de la nación” intentan disminuir las consecuencias políticas de un desastre como éste a través de un censo poblacional destinado a mantener el control político-electoral de la población afectada, la sociedad civil se vuelca en apoyos que superan con mucho la débil respuesta oficial.
Más allá de la discusión sobre la posibilidad de que las autoridades hubiesen tenido tiempo para avisar a los acapulqueños de la magnitud del huracán, lo cierto es que el haber desmantelado el aparato profesional de protección civil a nivel nacional en aras de una criminal austeridad burocrática, explica en gran medida la pobre e improvisada respuesta del gobierno federal.
Y lo peor, la ausencia de Estado implica además que un crimen organizado con muchas zonas bajo su control tiene la oportunidad de ocupar los vacíos dejados por una inexistente gobernadora.
Fuente: eleconomista
