A escasos dos meses de que se celebre la jornada electoral para la elección de la Presidencia de la República, el Congreso de la Unión y más de veinte mil cargos en las 32 entidades federativas de nuestro país, seguimos presenciando un proceso electoral por demás desordenado. Varios aspectos lo indican.
Primero, existe una persistente actitud de los actores políticos de violar sistemáticamente las normas. Los partidos políticos y las candidaturas invierten tiempo y dinero en encontrar la manera de evitar el cumplimiento de la ley. Basta voltear la vista en las calles hacia bardas y espectaculares, para encontrar una serie de propaganda que excede lo que legalmente se permite.
Por su parte, el presidente no deja de intervenir en el proceso electoral, cuando la Constitución se lo prohíbe. Este fin de semana la Comisión de Quejas del INE nuevamente modifica la transmisión de una mañanera en la que hizo alarde de sus logros de gobierno y, bajo la vertiente de tutela preventiva, le ordena abstenerse de difundir propaganda gubernamental en ese espacio. Lo verdaderamente preocupante es que aun cuando Tribunal Electoral e INE tratan de impedírselo, impunemente continúa en plena campaña electoral, cual si fuere vocero o coordinador de campaña.
Sorprendentes también resultan los intentos de la CNDH de igualmente intervenir en el proceso electoral, siendo que la Constitución se lo prohíbe. Afortunadamente la Sala Superior esta misma semana emitió una resolución en la que revocó el mecanismo de seguimiento de campañas que pretendía establecer, así como su primer informe sobre violencia política en lo que corresponde a la materia electoral, siendo muy clara en establecer que ese órgano constitucional autónomo no puede bajo ningún pretexto intervenir en asuntos electorales.
Además de lo anterior, no conformes con haber adelantado de facto el inicio de la contienda desde mediados del año pasado, es día que los partidos políticos no definen las candidaturas que ya debieran estar en campaña. Todavía esta semana el INE resolvió sobre sustituciones que realizan las coaliciones y los propios partidos políticos, y aun así faltan algunas por definirse.
Es más, a días de que comiencen campañas electorales en la mayoría de las entidades federativas, en algunos casos los partidos políticos siguen sin definir cuál será la forma en que participarán, pues a pesar de que los registros de los convenios de coalición fueron hace un par de meses, continúan presentando a los institutos locales solicitudes de modificaciones e incluso disoluciones. Ello responde a estrategias electorales, pues a estas alturas comienzan a detectar que los acuerdos que en el momento legal oportuno realizaron no les benefician en términos de la competencia. Nuevamente buscando mecanismos para darle la vuelta a la ley.
Pero no todo es desesperanzador. Nuestro sistema electoral es robusto y continúa permitiendo que nuestro voto se cuente y cuente. Sin duda será tarea después de esta elección revisar las reglas que comienzan a ser ineficaces, pero por lo pronto las autoridades electorales no cejan en el empeño meter al carril a los competidores y, finalmente, la gran solución democrática está en la participación ciudadana. Es de suma importancia que esas conductas no provoquen desánimo en el electorado. Por el contrario, la forma de reprobarlas es manifestándonos en las urnas el dos de junio. Más allá del arbitraje electoral, ahí se verá qué opinamos todas y todos los mexicanos.
POR GABRIEL MENDOZA ELVIRA
