Auto incluido en el sistema de medios, el Canal del Congreso transmite su programación en vivo y por Youtube. Justamente del streaming surgieron los clips presentados por el grupo parlamentario del PAN (GPPAN) en el Senado de la República como pruebas del fraude en la elección de Rosario Piedra Ibarra como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Todavía antier —sábado 9—, los panistas difundieron a través de las redes sociales el momento en que la senadora Martha Guerrero, en funciones de escrutadora, contabiliza nueve papeletas, pero sólo “canta” ocho votos a favor de José de Jesús Orozco, uno de los tres candidatos al cargo.
“Es un video truqueado, manipulado”, se quejó la aludida, quien junto con su compañero de bancada Primo Dothé, y la legisladora panista Guadalupe Saldaña estuvieron a cargo de contabilizar las cédulas de votación, el jueves 7. Los tres, secretarios, junto con el priista Jorge Carlos Ramírez Marín y el morenista Salomón Jara, completan la mesa directiva.
“Para que no exista la menor duda, en la Mesa Directiva podemos realizar el recuento de los votos”, propuso ayer Guerrero. Pero la presidenta de la Mesa Directiva, Mónica Fernández Balboa, había cerrado la posibilidad de realizar tal ejercicio, o incluso repetir la votación.
El viernes 8, el GPPAN entregó un oficio para requerir una copia de los videos del circuito cerrado y que tanto las papeletas utilizadas como los sobres repartidos en la tercera votación sean resguardados. Y después de una “exhaustiva revisión” de los videos, cuatro voceros de la bancada insistieron ayer en la hipótesis del fraude y emplazaron a Fernández Balboa a no citar mañana a Piedra Ibarra para rendir protesta.
El recuento ofrecido por la senadora Guerrero es inviable, de acuerdo con la normatividad vigente. Y sólo procedería si hubiera un mandato judicial expreso. Ayer, Xóchitl Gálvez, Josefina Vázquez Mota y Kenia López Rabadán propusieron que el proceso sea repuesto y que la nueva elección sea en una votación con tablero abierto y fedatario público.
¿Robo o error aritmético? Al margen de las cuentas y los cuentos de panistas y morenistas, la votación para elegir al nuevo titular de la CNDH dejó un cúmulo de dudas sobre los procedimientos aplicados. ¿Por qué la presidenta, Mónica Fernández Balboa, no la invitó a rendir protesta, si la activista regiomontana estaba en el recinto legislativo? ¿Y por qué no le habían notificado al presidente de la República para los efectos legales?
La guerra entre los parlamentarios de la mayoría y el bloque opositor dejará daños colaterales. Morena ya anunció que removerán a Kenia López Rabadán, Josefina Vázquez Mota y Gustavo Madero de las presidencias de las comisiones que encabezan (Derechos Humanos, Derechos de la Niñez y Economía, respectivamente), dada su evidente parcialidad.
“No me van a intimidar, seguiré denunciando el fraude”, reviró ayer la senadora capitalina, “soy una mujer de principios. Estoy de lado de lo correcto, de la ley, de lo ético y de lo honorable. Por eso no daré ni un paso atrás”.
Eduardo Fernández, director del Canal del Congreso, también estaría en la mira… por haber proporcionado el material que sustenta la denuncia del PAN por el presunto fraude en la elección de la presidenta de la CNDH.
Una de las victorias más contundentes de Morena, a golpe de videos, ha quedado en duda. El cabildeo de Ricardo Monreal —incluso con gobernadores del PAN— rompió el bloque opositor. Y por eso, las malditas dudas.
EFECTOS SECUNDARIOS
PROMOCIONES. Abogada sinaloense, exmagistrada del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, Mónica Arcelia Güicho se ha dejado ver con frecuencia por el Senado de la República. Y es que con el respaldo del coordinador de la bancada tricolor, Miguel Ángel Osorio Chong, buscaría llegar al Consejo de la Judicatura Federal. El proceso para elegir a los candidatos que deberá proponer la Comisión de Justicia a la Junta de Coordinación Política avanza con lentitud e incertidumbre. Entre las favoritas estaba la exconsejera jurídica del GDF, Leticia Bonifaz, quien prefirió permanecer en la SCJN.
Fuente: eleconomista
