Un avance relevante en la fiscalización del gasto federalizado se da en el caso de las universidades estatales, que reciben recursos de los gobiernos, federal a través de la Subsecretaría de Educación Superior de la SEP y de parte de los gobiernos estatales, con recursos de origen federal, como es el caso de las participaciones derivadas de la recaudación federal participable. Ambos rubros son fiscalizados por la Auditoría Superior de la Federación, en el caso local porque la aportación estatal es financiada básicamente con recursos de origen federal, que es lo que las reformas de 2015 -ratificadas por los 32 congresos locales- señalan, que es facultad exclusiva su fiscalización por parte de la ASF. Al hacerse su revisión simultánea, tanto de la aportación federal, que siempre llega en tiempo y forma, y la estatal, es un logro que reduce el tiempo de la revisión.
Ahora bien, hay un tema al respecto, ya que los recursos convenidos por los gobiernos locales como Subsidio Ordinario Estatal, no se han pagado en todos los casos, creándose un déficit y adeudo registrado de 2020 a la fecha, esto es, se debe a las entidades de educación superior estatales, cerca de 10 mil millones de pesos.
La aportación federal siempre se ha pagado en tiempo real como las participaciones. Su evolución de 2020 a la fecha: en ese año 17 estados no cumplieron con su compromiso, por un monto global de mil 950 millones de pesos; en 2021, ya son 19 estados los que dejaron de cumplir con 2 mil 209 millones de pesos; para 2022, 13 entidades federativas dejaron de pagar mil 942 millones; y al mes de agosto de este año, 22 gobiernos estatales no han pagado 2 mil 628 millones de pesos.
Se trata de un problema delicado, ya que las deudas acumuladas de esos incumplimientos difícilmente podrán ser cubiertas en el futuro y lo que hay que hacer es encontrar un mecanismo que permita se acorrienten esos pasivos, que involucre los ingresos de origen federal de los estados, particularmente las participaciones que se pagan directamente a los estados y estos a su vez dispersan a los municipios, por lo menos el veinte por ciento de la mayoría de los fondos.
En una época en la UCEF existían convenios entre algunas dependencias federales como el IMSS y el ISSSTE, que permitían que ante el incumplimiento de algunos estados a sus compromisos con terceros, se retuvieran de sus participaciones y se hiciera el pago correspondiente. En Oaxaca se utilizó a fines de los años ochenta, el mismo procedimiento para el pago oportuno a Banobras de los adeudos municipales.
Se requiere, por supuesto, la conformidad de los gobiernos estatales, que autoricen a la UCEF la retención y el pago del subsidio a las universidades, con la calendarización que tendrían que convenir las partes interesadas.
Por supuesto, lo anterior no es pretexto para cometer fraudes o abusos por parte de algunas universidades, como sucedió en el pasado. Hoy hay conflictos en algunos estados, que se tendrán que resolver y en el caso la fiscalización, aclarar…
Un buen dato de las universidades revisadas en la CP 2021, solo se observaron 1,550 millones de pesos, que están en el proceso de aclaración.
Lo anterior es diferente a lo que sucede con la educación básica, ya que cuando se decide la desconcentración de la educación básica en 1,992, el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica, el FAEB, hoy FONE, no implicó un pari passu, esto es una aportación estatal. Eso sí, más de la mitad de los estados cuentan con un sistema de educación básica propio, financiado con sus recursos, claro, la dimensión de cada subsistema es diferente y por lo tanto su costo es desigual, siendo el más grande el del EDOMEX.
Fuente: elfinanciero
