Rosalía Castro lleva buscando a su hijo 10 años en fosas comunes en Veracruz. Del día que desapareció, el 24 de diciembre de 2011, no sabe nada más que lo que ella ha ido encontrando por su cuenta. Como miles de madres, hijas, esposas o hermanas, ha pateado la sierra, los bosques y los terrenos que incluso ya habían sido removidos por las autoridades, para buscar sin descanso a su familiar. En México hay, según solo las denuncias presentadas, casi 87.000 desaparecidos. Una cifra alarmante para un país que no está en guerra. En casi tres años de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha desaparecido casi una persona cada hora, más de 24.600 personas. Este es el tamaño de una tragedia que ha quebrado a miles de familias. Y que no está presente este jueves mientras se decide en el Congreso una reforma a la ley de la Fiscalía General de la República (FGR) que consolida, según los colectivos de derechos humanos e instancias gubernamentales implicadas, sus peores miedos: vuelven a estar solos.
Las víctimas de desaparecidos no son las únicas afectadas por esta reforma, pero sí las que han denunciado más fuerte que una ley de este tipo les complica todavía más la vida. La nueva norma, también conocida como la ley Gertz —por el nombre del fiscal general, Alejandro Gertz Manero— elimina la posibilidad de que la Fiscalía General, el órgano federal al que recurren miles de familias cuando en sus Estados observan la omisión y la corrupción de las autoridades, investigue de forma coordinada con ellas sus casos y participe en las labores de búsqueda. No estará obligada a hacerlo, amparada en el repetido concepto de la autonomía de la institución, y solo lo hará en los casos que estime oportunos: de gran relevancia social o que constituyan una violación grave a los derechos humanos. Las familias a menudo son las que proporcionan más información a los ministerios públicos, sobrepasados por miles de carpetas a las que no tienen la capacidad de dedicarle el tiempo suficiente.
Con la ley vigente, la que convertía la antigua Procuraduría en Fiscalía, que se aprobó en 2018 y todavía ni siquiera había sido implementada antes de que se anulara definitivamente este jueves, el órgano federal tenía la obligación de informar el estado de los procedimientos penales. Si habían encontrado algo nuevo en la investigación, algún sospechoso, culpable o indicio. La ley garantizaba el derecho a las víctimas de obtener esta información y a menudo ellas iban a pedirlo. Con la reforma, la Fiscalía tiene la obligación de investigar en los casos que considere, pero no de dar acceso a los expedientes ni una copia a la víctima. A la que está en el terreno buscando, jugándose la vida, soportando amenazas de muerte para obtener cualquier prueba que llevarle a las autoridades. El derecho a echar mano de peritos independientes también se acaba con esta nueva ley. En la anterior, el Estado debía garantizarles esta opción y pagar los costos, ahora serán las familias quienes deban hacerse cargo si así lo desean.
La jefa de la Comisión Nacional de Búsqueda, Karla Quintana, una de las dependencias de Gobierno más afectadas con esta nueva medida, denuncia lo aprobado este jueves: “En realidad lo que hace es limitar y negar derechos de las víctimas ya obtenidos de manera muy concreta. Niega la facultad de atracción de los casos e incluso la complica para que no esté obligada a hacerlo. Nos retrocede décadas en lo conseguido en materia de derechos humanos. En general el tema de la autonomía en la ley muestra una completa incomprensión del término, que no creo que sea un error, es completamente intencional. La autonomía de la Fiscalía debe implicar la libertad del agente investigador para investigar, no eludir responsabilidades y pensar que no eres parte de un Estado”, señala Quintana.
Uno de los hombres designados por López Obrador para hacer frente a tragedias como esta, Alejandro Encinas, subprocurador de Derechos Humanos, Población y Migración, también ha criticado duramente la medida y la ha señalado que “tergiversa la autonomía ministerial, regresando a una fiscalía vertical, cerrada a la ciudadanía y a la coordinación interinstitucional”. “La reforma en nada suma a reconocer el derecho de las víctimas, perpetuando la negación del derecho de acceso a la justicia”, añade Encinas en una columna publicada esta semana en el periódico El Universal.
La reforma de la FGR llega en un momento en el que los informes de desempeño la sitúan como una de las peores del mundo. La impunidad sobrepasa el 95%, de los casos que consiguió judicializar. En el caso de los desaparecidos, solo existen 35 sentencias condenatorias. Y según un informe de México Evalúa, con información oficial del Instituto Nacional de Estadística y otras dependencias gubernamentales, señala que la mayoría de los casos que se investigan tiene que ver con el narcotráfico y con la posesión de armas, un 80% de las investigaciones.
Esta nueva ley, en la práctica, pone todavía más obstáculos a la ya deficiente búsqueda de personas. “Si alguien desaparece ahora, las Comisiones de Búsqueda no pueden solicitar una localización inmediata ni pedir ningún procedimiento. Necesitamos a la Fiscalía para un cateo, una revisión de celular, entrevistas a testigos… ¿Qué puede suceder? Que la Fiscalía no lo considere o decida esperar 72 horas, o que se ampare en su autonomía. Estaremos en el estira y afloje con este punto y ese es el problema. En la práctica debe ser su obligación, pero la autonomía será de nuevo una excusa para no proceder”, añade Quintana.
Muchos colectivos de familias de víctimas también se han pronunciado en contra y denuncian haber quedado fuera. “Para nosotros es un retroceso de lo que habíamos ganado desde hace 15 años. Donde la Fiscalía estaba obligada a atendernos, éramos coadyuvantes, éramos auxiliares del Ministerio Público, no solo porque tenemos información, sino porque tenemos mucho interés en buscarlos. A un Ministerio a lo mejor no le alcanza la vida, pero a mí me interesa encontrar a mi hermano”, señala la representante del colectivo BÚSCAME, Grace Fernández. “Ahora nos mandan de nuevo con los Estados. Pero estamos hablando en muchos casos de desapariciones forzadas, donde las propias autoridades estatales o municipales tuvieron algo que ver. Tendrían que investigarse a ellos mismos y eso no va a suceder. Ahora sí, ¿quién podrá ayudarnos?”, se pregunta indignada. Fernández busca a su hermano desde 2008 y ha probado que las Fuerzas Especiales del Ejército estuvieron implicadas en su secuestro.
La coordinadora del departamento de Justicia de México Evalúa, Mara Gómez, que ha investigado el avance de las fiscalías y el órgano federal en estos años, señala que la ley además propone otros retrocesos que afectan no solo a las víctimas de desaparecidos, sino a toda la población. “Se pierde la independencia técnica de los fiscales y ministerios públicos, pues necesitarán la supervisión de una autoridad para investigar determinados casos; por tanto si hay que investigar a un diputado o a un gobernador, es posible que se frene. También la opción de avanzar en la propuesta de crear un servicio civil de carrera, como se contemplaba en la ley anterior, con un órgano independiente de formación. Parte de lo que se logró con la antigua ley es que la investigación no fuera caso por caso sino fenómenos criminales, pues la mayoría están relacionados”, señala Gómez.
La reforma de la FGR termina con una ley que no había avanzado casi nada en los últimos años. Unas propuestas que no se llegaron a concretar pues tras la toma de posesión de Gertz Manero se comenzó a trabajar en este proyecto que se asemeja más a la norma antigua, de la Procuraduría, que a la que se votó en 2018. Por eso, algunas familias como Rosalía Castro, que cada día salen a buscar a sus desaparecidos, se muestran indiferentes. Las autoridades no les han apoyado nunca, de unos Gobiernos y de otros, denuncia. “En un escritorio no vas a encontrar a ningún desaparecido, tienes que salir. Es muy doloroso y sé que supone un retroceso a nuestros derechos, pero antes nadie nos garantizaba nada en la práctica. A mí me costó muchísimo que me escucharan en la Fiscalía federal por el caso de mi hijo. Y hasta la fecha no tengo ningún avance”, señala Castro.
México vive su etapa más sangrienta de la historia, con casi 100 personas asesinadas cada día. Hay Estados sitiados por el crimen organizado, como el caso de Michoacán, y las autoridades estatales y federales discuten cada día la mejor manera de enfrentarlo. Pero detrás de esta tragedia, se encuentra otra todavía más cruel y macabra, la de decenas de miles de familias buscando a sus muertos bajo tierra. La consecuencia más terrible de la violencia sin control que vive el país sin que exista desde el Gobierno federal una voluntad política de hacerle frente. “Es una estrategia de terror y son terroristas y mafiosos. Aunque lo quieran maquillar con el término de crimen organizado. Lo que mata es la incertidumbre, cuando tienes a tu familiar muerto pierdes el miedo, pero mientras está desaparecido no sabes si está vivo y lo están torturando o lo puedan matar porque lo están buscando”, señala Fernández. Castro añade: “Tienen que estar en nuestros zapatos para entenderlo. Lo tienen que vivir. Hay gente muy insensible”.
Fuente: elpaís
