Este lunes comenzaron en Argentina las audiencias judiciales en las que se definirá el futuro de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad, en la que fue condenada por corrupción. En esta instancia la Fiscalía ha solicitado que se agrave la pena de la exfuncionaria de Gobierno: pide que se extienda la pena de prisión de 6 a 12 años y exige, además, que sea revocada la absolución de la expresidenta por el delito de asociación ilícita. «Hubo una verdadera asociación criminal», sostuvo.
Las audiencias que se iniciaron esta semana, y se extenderán hasta el mes de abril inclusive, implican la revisión por parte de la Cámara Federal de Casación Penal de las condenas tanto de Cristina Fernández de Kirchner como del resto de los acusados en la causa de corrupción en la obra pública –conocida como causa Vialidad-. Este lunes dicha instancia judicial ha comenzado a las 11 horas locales.
Cabe recordar que en diciembre del año 2022 el Tribunal Oral Federal había condenado a la exmandataria a una pena de 6 seis años de prisión por el delito de administración fraudulenta e inhabilitación para ejercer cargos públicos, a la vez que había descartado la conformación de una asociación ilícita.
Argumentos de la Fiscalía
El encargado de inaugurar las audiencias ha sido el fiscal ante Casación, Mario Villar, quien expresó: «Se reconoce una sentencia trabajada y extensa. Por la dificultad del tema es lógico que pueda tener defectos que impliquen arbitrariedad». Y continuó: «En los años 2003 y 2015 funcionó una asociación ilícita dentro de las estructuras del Estado. Se creó un oferente, una especie de empresario de la construcción, convirtiéndose en quien recibiría el dinero para la obra pública».
Otro de los argumentos expresados por Villar en la audiencia ha sido: «No fue el Estado el que cometió los delitos, fueron personas que ocupaban cargos en el Estado y decidieron desviar los fondos públicos para ellos mismos». A su vez, sostuvo que «la asociación ilícita está consumada desde el primer día que se construyó. Lo que siguió, lo único que hace es agravar el hecho consumado. De 51 hechos, los convierte en uno solo y dice que no está dado el elemento de planes últimos». Con estas palabras se ha referido a las 51 obras públicas que para la provincia argentina de Santa Cruz había recibido el empresario Lázaro Báez.
También el fiscal hizo énfasis en el concepto de asociación ilícita al mencionar que «la conducta de Cristina Kirchner generó que se siga dando el goteo de millones a Lázaro Báez. Querían que el dinero siguiera, pero que no se hiciera evidente. ¿Qué distancia puede haber si la propia presidenta firma el decreto?». Por ese motivo, el fiscal se mostró en desacuerdo con la pena. «La asociación ilícita está comprobada. Más allá de todos los argumentos jurídicos, esta pena no refleja la gravedad del hecho», dijo.
Petición de 12 años de cárcel
Como consecuencia de considerarla la jefa de una asociación ilícita, Villar solicitó que se le aplique una pena que duplique la estipulada por el Tribunal en el año 2022: pidió que la condena sea de 12 años de prisión.
Otro de los argumentos expuestos por el fiscal del caso se vincula con la cantidad de periodos presidenciales en los cuales –según él- se habría cometido el delito de asociación ilícita y se habría ido renovando.
El camino judicial que ha comenzado este lunes tiene aún varias instancias por delante. Las audiencias judiciales continuarán el próximo jueves, una vez que comiencen a exponer las defensas de los distintos acusados del caso. En Tribunal tiene ahora tres posibilidades en sus manos: mantener la pena, agravarla o anularla. El turno de los abogados de la expresidenta Cristina Kirchner será el 7 de marzo.
Fuente: ABC
