El embate contra el Inai es sólo una de los ataques más recientes del Ejecutivo contra los derechos ciudadanos y las libertades. Al intento, hasta ahora fallido, de obstaculizar el trabajo del INE, necesario para contar con elecciones confiables, siguió el de limitar las funciones del TEPJF y vaciar de sentido los principios de paridad e inclusión en la pluralidad. Si ya esto muestra un afán de control de órganos que garantizan la representatividad y la democracia, la maniobra presidencial para impedir que el pleno del Inai pueda responder a las demandas de la ciudadanía confirma la animadversión del Ejecutivo a la transparencia y la rendición de cuentas, y su rechazo al ejercicio activo de la ciudadanía. Cuando, por censura o por disfuncionalidad de las instituciones, los derechos no se pueden ejercer plenamente, se debilita la ciudadanía.
El gradual vaciamiento de las instituciones como programa de gobierno se puede atribuir sobre todo a la visión centralista y unipersonal del presidente. Sin embargo, son también responsables quienes en los partidos políticos y las cámaras han privilegiado sus propios intereses, y los funcionarios que han optado por callar o reproducir el discurso y la línea oficiales, más preocupados por sus carreras que por el país. Así, desde el inicio, un organismo autónomo como la CNDH se convirtió en una cáscara vacía, sin mayor resistencia del Congreso o de quienes en el poder ejecutivo tendrían que ver por los derechos humanos.
La presión ciudadana, no el fervor democrático de los partidos (con respetables excepciones), logró la unidad de la “oposición” contra la reforma que mutilaría al INE. La resistencia activa de grupos de mujeres y algunas diputadas y senadoras, conscientes del papel crucial del TEPJF en el avance hacia la paridad (con la sentencia “anti-Juanitas” contra las trampas partidistas, por ejemplo) ha detenido por ahora la reforma que busca también limitar a este organismo. No obstante este logro ciudadano, las posturas en la Cámara de Diputados evidenciaron que el TEPJF sigue siendo incómodo para quienes, como en 2011, desdeñan la participación de las mujeres y para los dirigentes que pretenden perpetuarse, como dueños de un feudo.
Si la animadversión hacia el INE y el TEPJF busca minar nuestro derecho a tener un gobierno libremente elegido y representativo, el embate contra el Inai, por parte del presidente con la sumisión de la mayoría oficial en el Senado, ataca nuestro derecho a saber, a informarnos y a exigir un uso adecuado y transparente de los recursos públicos. Como han argumentado diversos especialistas, el derecho al acceso a la información y a la protección de datos personales es fundamental contra la opacidad y la corrupción. Gracias a éste, el periodismo de investigación ha sacado a la luz escandalosos desvíos como la Estafa Maestra o la corrupción en Segalmex. El ejercicio del derecho a la información también permite acceder a programas sociales o reclamar recursos que no llegan, o hacer investigación académica acerca de los programas de salud sexual y reproductiva o de prevención de la violencia, o los subejercicios o desvíos que afectan el transporte o las obras públicas. Dado que las Cámaras que etiquetan recursos no suelen ocuparse de pedir cuentas, el seguimiento a los presupuestos que se hace desde las ONGs o la academia es fundamental.
Ante un gobierno que “tiene otros datos”, que reserva como asunto de “seguridad nacional” inversiones millonarias en megaproyectos a cargo del ejército, que niega la evidente corrupción en sus propias filas, que busca regimentar la investigación científica, el derecho a la información está ligado a nuestro derecho a saber, a investigar, a cuestionar, a demandar, a ejercer la ciudadanía: a nuestro derecho a elegir a representantes y gobernantes que respondan a las necesidades del país.
La pretensión de inmovilizar al Inai forma parte de la estrategia de cerrar la pinza para dejarnos inermes ante la voracidad del poder.
