México vive una época de violencia organizada descomunal, poco comparable con cualquier país del mundo, e incluso las bajas civiles superan las tasas que dejan conflictos armados oficialmente reconocidos como la actual guerra en Ucrania. Con sus más de 380 mil homicidios dolosos desde que se declaró la supuesta guerra contra el crimen organizado en diciembre de 2006 por el Presidente panista Felipe Calderón Hinojosa, los más de 110 desaparecidos, más de 52 mil cuerpos sin identificar y sus miles de fosas clandestinas, México atraviesa una crisis humanitaria de proporciones históricas.
Desde el Estado se ha impuesto el discurso de que para enfrentar estos niveles de violencia es necesaria la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública. Ese argumento ha sido defendido por gobiernos de todos los partidos: Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y ahora Morena, a pesar de que en campaña por la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador prometió regresar a los militares a los cuarteles.
En lugar de ello, como sabemos, el actual mandatario ha conferido más tareas a los militares y ha defendido a las fuerzas armadas de las críticas que se le lanzan desde la sociedad civil bajo el argumento de que este gobierno ya no hace lo mismo que anteriores gobiernos, incluso el argumento de que ahora los soldados no asesinan a civiles y no tienen órdenes de “matarlos en caliente”, como en sexenios pasados. Sin embargo, hechos recientes como la ejecución extrajudicial de cinco civiles en Nuevo Laredo, Tamaulipas el pasado 18 de mayo, contradicen el discurso oficial.
A pesar de la defensa gubernamental de la participación militar en tareas de seguridad pública, cada vez hay más evidencia de las arbitrariedades, ilegalidades y ejecuciones extrajudiciales que cometen las fuerzas armadas en el país bajo el amparo de actuar en el marco de la guerra contra el crimen organizado.
Hace dos semanas el Programa de Seguridad Ciudadana que coordina el profesor Enrique López Portillo en la Universidad Iberoamericana presentó al público el mapa interactivo “Los enfrentamientos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)”, que se nutre de una base de datos entregados por esta secretaría bajo la ley de transparencia (el mapa se puede consultar aquí: https://cutt.ly/Cwr8Rn9m).
El mapa “Los enfrentamientos de la Sedena” ofrece la estadística más actualizada y detallada de los efectos de la participación del ejército en las agresiones que los soldados reciben de personas civiles supuestamente pertenecientes a grupos criminales o del crimen organizado. Pero en el Programa de Seguridad Ciudadana de la Ibero decidieron clasificar esas supuestas “agresiones” como enfrentamientos para deslindar los casos en los que los militares no siempre fueron agredidos por civiles, sino que los soldados encubren presuntas arbitrariedades.
La base de datos de este mapa abarca de 2007 hasta 2022, casi el periodo completo de la mal llamada “guerra contra el narcotráfico” decretada por el Estado mexicano. En este lapso han ocurrido 5,491 enfrentamientos en donde habrían fallecido 308 elemento de la Sedena, mientras que mil 846 resultaron heridos. En tanto, en los civiles fallecidos habrían sido cinco mil 387 y 839 resultaron heridos. Con los datos los expertos deducen el índice de letalidad que resulta del total de civiles fallecidos en enfrentamientos dividido por el total de civiles heridos, según explicó Ernesto López Portillo y añade que este índice es un indicador de posibles usos ilegítimos de la fuerza letal.
En los conflictos armados y guerras oficialmente reconocidas, lo habitual es que en los enfrentamientos resulten más heridos que fallecidos. Sin embargo, en México pasa lo contrario. En los enfrentamientos que en los que participan los elementos de la Sedena hay siempre más muertos que heridos.
De acuerdo a los datos del mapa “Los enfrentamientos de la Sedena”, entre 2007-2022 hubo cinco mil 387 civiles fallecidos y 839 heridos. López Portillo explicó que el índice de letalidad en el registro de la Sedena más alto fue en 2012, con un índice de 14.7 en 2012, cayendo drásticamente hasta 2017, para luego repuntar en años recientes. En el actual sexenio el índice en todo el país va a la baja para situarse en 2.1.
Pero no es así en todo el país. De hecho ocurre algo atípico en Tamaulipas donde han ocurrido prácticamente la mitad de todos los enfrentamientos en los que participa la Sedena entre 2007 y 2022. Del total de cinco mil 491 enfrentamientos en todo el país, dos mil 493 han ocurrido en el estado norteño de Tamaulipas, lo que deja un índice de letalidad de 18.9, nueve veces más alto que todo México. Pero el índice de letalidad aumenta hasta 28.8 solamente en el municipio de Nuevo Laredo, es decir, 14 veces más que en toda la nación.
Para tener una perspectiva comparativa, Ernesto López Portillo explicó que el índice de letalidad que deja una guerra como la actual invasión de Rusia a Ucrania es de 0.6. La comparación del tamaño de la violencia que deja la guerra informal en México es más alta que la de Ucrania.
El índice de letalidad en México es 3.5 veces más alto que en Ucrania, y 47 más alto en Nuevo Laredo que en el país invadido por Rusia. Algo muy turbio nos revelan estas cifras y hechos como las ejecuciones de Tlatlaya en Estado de México en 2014 donde la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y organismos civiles como el Centro Prodh confirmaron que los soldados ejecutaron extrajudicialmente a estas víctimas. Como ahora acabamos de constatar con la ejecución de cinco civiles en Nuevo Laredo el pasado 18 de mayo. Todo indica que, contra lo que dice el presidente, los militares siguen “matando en caliente”.
Fuente: sinembargo
