La reciente ola de violencia electoral en México ha dejado una marca profunda en el proceso democrático del país. En los últimos meses se ha presentado un aumento significativo en agresiones contra aspirantes y personas vinculadas con las elecciones, con un número preocupante de candidatos asesinados. Estos trágicos eventos representan la pérdida de vidas y constituyen un ataque directo a los pilares de la democracia.
En un sistema democrático, la participación política debería ser un derecho protegido y respetado. Sin embargo, la creciente amenaza de violencia contra los candidatos y sus seguidores crea un clima de temor y desconfianza que atenta contra las libertades.
Cuando los ciudadanos temen por su seguridad al participar en el proceso electoral, se compromete la integridad del sistema y se limita la diversidad de voces y opciones en la arena pública.
Estos acontecimientos tienen graves implicaciones para la representatividad y la legitimidad de los resultados electorales. Los ataques dirigidos a candidatos distorsionan el proceso democrático pues desequilibran la competencia y coaccionan a los votantes.
Además, la impunidad que a menudo rodea estos crímenes debilita la confianza en las instituciones y perpetúa un ciclo de violencia y corrupción.
Detrás de esta ola de violencia se encuentran los profundos problemas de seguridad que enfrenta México. Los resultados muestran que la estrategia de «abrazos, no balazos» por parte del actual gobierno, ha sido insuficiente. De acuerdo con el Laboratorio Electoral, durante este proceso se han registrado 158 agresiones contra aspirantes y personas vinculadas con los comicios, con 51 aspirantes, precandidatos o candidatos asesinados.
Es evidente que los atentados y asesinatos representan una amenaza para la estabilidad política de México y plantean serias interrogantes sobre la capacidad del Estado para garantizar la seguridad y el bienestar de sus ciudadanos. Urge una respuesta integral que aborde tanto las causas subyacentes de la violencia como la necesidad de fortalecer las instituciones encargadas de mantener el orden público y proteger los derechos democráticos de todos los mexicanos.
Nos enfrentamos a una batalla por la preservación de la democracia y la dignidad humana. Es urgente que se tomen medidas inmediatas y efectivas para proteger el proceso electoral y garantizar que todos los ciudadanos puedan participar libremente en la vida política de su país, sin miedo y sin temor a represalias.
El fortalecimiento de las instituciones de seguridad, acompañado de una mayor participación ciudadana en la vigilancia del proceso electoral, podría ser clave para restaurar la confianza en nuestro sistema democrático.
No es suficiente con condenar; es imperativo actuar. Es momento de que todas las partes: gobierno, sociedad civil y ciudadanos, nos unamos, solo a través de un compromiso colectivo podremos asegurar una democracia resiliente ante la violencia.
El futuro de México está en juego. ¿Permitiremos que la violencia siga dictando los términos de nuestra democracia, o alzaremos la voz para exigir un cambio real y duradero?
La respuesta define no solo nuestro presente, sino también a la herencia que dejaremos a las generaciones futuras.
¡Aspirar a un cargo de elección popular no es ni debería ser sinónimo de peligro!
POR ITZEL ARELLANO CRUCES
