No fue hasta tres años después, ya en 2017, cuando la víctima se atrevió a denunciar que uno de los educadores del centro de menores de Teià (Barcelona) donde estaba interno lo había violado. Fue tras una charla que le dio la psicóloga sobre abusos sexuales. A ésta le siguió una conversación y, finalmente, el chico contó a su madre lo que había ocurrido.
Los hechos se remontan a 2014. El pequeño, que entonces tenía 13 años, ingresó en el centro porque su progenitora se encontraba en prisión. Entre abril y noviembre, uno de los trabajadores lo agredió, al menos, en cinco ocasiones. Una de ellas, en abril, cuando lo llevó en coche a ver a su madre a la cárcel. De camino de vuelta, se desvió por una zona boscosa y aislada y allí lo forzó. Acto seguido, lo amenazó: si contaba algo, lo trasladarían a un reformatorio, con menores delincuentes.
Unas semanas después, el educador fue con la víctima y otros menores del centro al cine. Fue allí donde, tras reñirle porque se portaba mal, lo apartó del grupo y aprovechó para abusar de él. Luego repetiría la misma conducta en su despacho. Una de las veces, lo citó pasada la medianoche, «invitándole a ver un documental». Al terminar, lo llevó hasta la zona donde se almacenan los carritos de bebé y allí lo violó. El niño estaba llorando, le dijo que se callara, y al acabar lo dejó en su habitación.
La víctima no ofreció ninguna resistencia, apunta la Fiscalía en su escrito de acusación, por su «disminución psíquica y la superioridad de su agresor»
Lo mismo hizo cuatro semanas después. También durante el turno de noche, lo volvió a llevar a la misma zona, lo abofeteó, lo colocó en el suelo y volvió a agredirlo sexualmente. La víctima no ofreció ninguna resistencia, apunta la Fiscalía en su escrito de acusación, por su «disminución psíquica y la superioridad de su agresor». Y es que tiene diagnosticada una discapacidad del 42 por ciento, que le produce «inmadurez cognitiva», al tener trastorno del espectro autista.
Menor tutelado
La situación se repitió. Los golpes, las amenazas y la violación en el cuarto de los carritos de bebé, con el menor llorando, llegando incluso a vomitar. Ahora la víctima presenta estrés postraumático, con ideaciones suicidas, tristeza, desconfianza y culpabilización. El Ministerio público pide para el acusado 67 años de prisión por cinco delitos de agresión sexual con penetración.
El centro está gestionado por la Fundación Privada Santa Rosalía, que pertenece a la congregación de los Padres Somascos, y es colaborador de la Dirección General de Atención a la Infancia y Adolescencia (DGAIA), que entonces tenía la tutela del menor, motivo por el que la Fiscalía considera a ambas entidades responsables civiles subsidiarias y pide que abonen 80.000 euros como indemnización. El juicio ha comenzado este lunes en la Audiencia de Barcelona.
