Endurecen reglas de Jóvenes Construyendo el Futuro para evitar abusos

La STPS puso candados para atender varias de las denuncias de mala operación, como solicitar aprendices del programa para reemplazar a trabajadores.

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Luego de varias denuncias de irregularidades en su funcionamiento, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro estrenará reglas de operación prohibiendo que los aprendices realicen actividades, por ejemplo, de seguridad o de tercerización.

Las reglas de operación propuestas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), exigidas por primera vez por la Cámara de Diputados, contemplan actuar jurídicamente en contra de las empresas o personas que incumplan con el ordenamiento.

Jóvenes Construyendo el Futuro es un programa de capacitación laboral. Está dirigido a quienes no estudian y no trabajan y tienen entre 18 y 29 años. La STPS les vincula con una empresa o centro de trabajo para que adquieran experiencia laboral que les ayude a encontrar un trabajo. Cada mes, y durante un año, el gobierno les otorga una beca de 3,600 pesos.

En 2018 el porcentaje de desempleo en México para jóvenes de entre 15 y 24 años fue de 6.9%, según indica la STPS en los considerandos de la nueva normativa.

Si bien ese porcentaje es menor al promedio de los países de la OCDE, que es de 11.1%, muchos de quienes trabajan lo hacen en “condiciones precarias, con alta rotación y bajos ingresos”, expone la dependencia encabezada por Luisa María Alcalde. La tasa jóvenes que trabaja en el mercado informal en el país es de 62.4%, mientras que la de los mayores de 30 años es de 56.8 por ciento.

Al mismo tiempo, más de la mitad de las empresas “afirman tener dificultades para encontrar personal capacitado”. Por ello hay que fomentar la interacción entre los sistemas educativo y productivo, así como el de capacitación laboral, dice la STPS.

Candados del programa

Durante su primer año de operación, el programa insignia de la STPS funcionó con lineamientos y no con reglas de operación. La diferencia entre ambos es que los primeros pueden ser modificados las veces que la secretaría lo considere. Las segundas suponen mayor transparencia en su ejecución.

Desde las organizaciones sociales, e incluso los mismos jóvenes, han exigido mayor rigor en la operación del programa. Algunos becarios denunciaron el cobro de “moches” por parte de las empresas, así como tareas que les asignan que no les aportan habilidades laborales.

Por ello, las nuevas reglas de operación prohíben que los jóvenes hagan trabajo doméstico, ventas multinivel o esquemas piramidales, así como tareas de vigilancia. No pueden ser veladores ni choferes personales.

Tampoco está permitido que los ubiquen como personal de seguridad para resguardo de bienes o personas, o para trasladado de valores. Prohíbe también el proselitismo político-electoral o dentro de un partido político.

Asimismo, están vetadas las actividades de culto religioso. Hace unos días el presidente de la Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas (Confraternice), Arturo Farela, declaró que como parte de la capacitación que le dan a más de 7,000 jóvenes, les hablan de principios morales basados en la Biblia.

Freno a los moches

Los planes de capacitación, señalan las reglas, deben “fomentar la adquisición de conocimientos, competencias, habilidades y experiencia laboral”. Sin embargo, han trascendido casos de jóvenes que reciben instrucción en pequeños establecimientos, como tiendas de abarrotes o fondas.

El incumplimiento no sólo es por parte de particulares, sino de instituciones públicas que también se han adherido al programa. Un caso grave es el del Pedro Lezama Hernández, quien estaba vinculado en el Ayuntamiento de Tuxtepec, Oaxaca, y en un accidente casi pierde la vida.

El 19 de noviembre personal del ayuntamiento le ordenó cargar láminas de metal a una camioneta para trasladarlas a otro punto. El joven de 24 años, egresado de la carrera de Pedagogía, viajaba en la parte de atrás del vehículo. Al pasar un tope las láminas se movieron y lo prensaron.

Otra de las irregularidades es el cobro de “moches” de las empresas. Becarios han reportado que algunas empresas les piden parte de sus becas para permitirles tomar la capacitación laboral en sus instalaciones. Tabasco es uno de las entidades donde se han recibido mayor número denuncias.

En septiembre pasado, la STPS dio de baja a las empresas D&C Jiménez, así como Iwet Concept de México, ubicadas en el estado de Morelos. La dependencia comprobó que ambas pedían una cuota a los aprendices.

Sin embargo, varios de los jóvenes tenían la incertidumbre de si podrían continuar en el programa. Los lineamientos —y ahora las reglas de operación— les permiten cambiarse de centro de trabajo una sola vez.

Las nuevas reglas contemplan estos casos y señalan que si las empresas son sacadas del programa, los jóvenes no estarían utilizando esa única oportunidad de vincularse a otra, lo que les da mayores opciones de movilidad.

Otra manera en la que el programa ha sido mal utilizado es para reemplazar trabajadores por becarios. Algunas empresas han despedido a sus empleados y las tareas que ellos realizaban con un salario y, a veces, con prestaciones, son encomendadas a los aprendices que reciben una beca del gobierno.

En las reglas de operación se establece que es obligación de los centros de trabajo “no reemplazar trabajadores por aprendices ni terminar una relación laboral y comenzar una de aprendiz con la misma persona”. Tampoco pueden ponerlos a realizar “actividades de tercerización”.

Distintivo para empresas

Otra de las novedades que incluye el nuevo reglamento del programa son los co-tutores. Ellos se encargarán de auxiliar al tutor a cargo de una o un aprendiz.

Por primera vez se menciona el Distintivo de Empresa con Compromiso Social. Este documento será expedido por la STPS a los centros de trabajo que participen en el programa por al menos un año, “como reconocimiento a su labor voluntaria”.

Se menciona dos fases de verificación de las empresas: digital y física. Cada una tiene diferentes fases o estatus. Por ejemplo, en la primera puede ser correcta, cuando todos los documentos están en orden. Es incorrecta cuando falte algún requisito. Es incompatible cuando el giro del centro de trabajo está prohibido por las reglas de operación.

La verificación física tendrá la calidad de aprobada cuando los inspectores visiten la empresa y los datos concuerden con lo que informó en la plataforma. Y no aprobada, cuando no cumpla los requisitos.

Este año la STPS logró vincular a un poco más de 1 millón aprendices. El 57% son mujeres y 43%, hombres. Más de 157,000 centros de trabajo han sido verificados. La mayoría de los jóvenes recibe capacitación en el sector privado (73.8%), en segundo lugar lo hacen en una institución pública (23.8%) y muy pocos en una organización social (2.3%).

De acuerdo con Rodrigo Ramírez, director general de Operación e Innovación del programa, la meta de vinculación para 2020 es de 500,000 becarios. También tendrán menos presupuesto que en 2019, una bolsa de poco más de 25,000 millones de pesos, 36% menos que lo autorizado por el Congreso para su primer año de operación.

Fuente: factorcapitalhumano

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